Por Pilar Martínez
El 11 de noviembre de 2024, el abogado hispanovenezolano Salvador Jesús Pimentel Roja presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, en el Decanato de los Juzgados de Madrid, señalando la comisión de presuntos delitos económicos. La querella apunta a dos individuos como los supuestos perpetradores del crimen: Joao Mendes Pedro, empresario de nacionalidad portuguesa con cédula de identidad de extranjero en Venezuela, y Henry Alexander Colmenares, empresario de nacionalidad venezolana, quien además es abogado y en 2022 se postuló, sin éxito, a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Ambos son descritos como contratistas del Estado venezolano. El documento también deja la puerta abierta a la posible implicación de otras personas o empresas que puedan ser descubiertas durante el curso de la investigación.
La denuncia del Dr. Pimentel Roja identifica como víctimas de estos supuestos delitos a la República Bolivariana de Venezuela y a sus ciudadanos, incluyendo a los venezolanos residentes en España y a los españoles que viven en Venezuela. Además, se menciona que el sistema bancario, tanto el europeo como el español, también se habrían visto perjudicados por las acciones de los acusados. La denuncia también incluye una categoría abierta de «OTROS», lo que sugiere que podría haber más afectados.
La investigación privada, según consta en la demanda, expone que los individuos señalados habrían incurrido en prácticas comerciales contrarias a la ética empresarial, las cuales podrían tipificarse como delitos de índole económico. Se les acusa de formar parte de una trama para defraudar al Estado venezolano mediante la corrupción. Además, se argumenta que la investigación de estos hechos debe llevarse a cabo en España, dado que este país ha suscrito y ratificado la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, lo que, de alguna manera, es una luz que guía el proceso.
Se presume que los acusados han cometido delitos económicos vinculados con la legitimación de capitales sustraídos de Venezuela, lo que comúnmente se denomina «lavado de dinero» o «blanqueo de capitales». Según la denuncia, los implicados habrían utilizado sus conocimientos en comercio internacional para intentar introducir de manera ilícita el dinero obtenido en el sistema bancario español. Estas acciones violarían las sanciones internacionales impuestas tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos.
Aunque se reconoce que los delitos originales podrían haberse originado en Venezuela, el documento subraya que la intención principal de los acusados siempre fue bancarizar el dinero en España.
Modus operandi y gestión de recuperación de activos
La denuncia presentada por el Dr. Pimentel Roja ante la Fiscalía General del Estado no solo identifica a los presuntos responsables y víctimas, sino que también profundiza en el modus operandi empleado por los sujetos activos. Se describe, a manera de ejemplo, un patrón recurrente de corrupción en casos como PDVSA, PDVSA CRIPTO y CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), donde el Estado venezolano figura como la principal víctima. Se enfatiza la complicidad de ciertas autoridades venezolanas, quienes presuntamente facilitan la falta de controles en la contratación, la ausencia de supervisión en la ejecución de los contratos y la tolerancia de sobreprecios. Estos actos, en conjunto, configuran un esquema de sobornos a funcionarios que permite la desviación de fondos destinados a cubrir las necesidades de la población venezolana, una herida que supura en la economía del país.
Según la querella, una vez que se firmaban los contratos a través de testaferros, el dinero sustraído se transfería a cuentas en Europa. Para ello, los implicados se aprovechaban de la ciudadanía europea de algunos de ellos. Este proceso implica la utilización de complejas herramientas de ingeniería financiera que, en esencia, constituyen un mecanismo de blanqueo de capitales. Las tácticas habituales, de acuerdo con la denuncia, incluyen la presentación de contratos ficticios entre los testaferros, la justificación de ingresos bancarios mediante la venta de inmuebles en otras regiones, y la creación de empresas pantalla para lavar el dinero a través de facturaciones. Se destaca que el origen de estos fondos se encuentra en el Banco Central de Venezuela, lo que implica la evasión de sanciones internacionales al bancarizar el dinero en España.
El documento también aborda la gestión para la recuperación de activos. Se señala que se ha denunciado de manera reiterada la residencia en España de exfuncionarios venezolanos que ostentan un elevado nivel de vida. Este hecho se evidencia en la adquisición de inmuebles de lujo en zonas privilegiadas del país ibérico. Ante esta situación, se plantea la necesidad de congelar la fortuna obtenida de forma ilícita para su posterior repatriación a Venezuela.
Acciones judiciales y hechos denunciados
En el apartado de acciones judiciales de la denuncia, se establece que la Fiscalía tiene la obligación de investigar los hechos presentados. El Dr. Pimentel Roja solicita que se realice un inventario de los bienes que son propiedad de los denunciados, con el objetivo de demostrar la ilicitud de sus fortunas. Se argumenta que estas están vinculadas a contratos que violaron sanciones económicas y que se ejecutaron sobre la base de irregularidades.
Se informa en el documento que, en Venezuela, el 8 de octubre de 2024, Joao Mendes Pedro fue denunciado ante la Fiscalía del Ministerio Público por enriquecimiento ilícito. La denuncia solicita que se congelen los bienes vinculados a la trama de corrupción y lavado de dinero, considerando esta acción como indispensable para la repatriación de los capitales sustraídos.
En cuanto a los hechos denunciados, se menciona que una investigación privada reveló la presunta vinculación de Joao Mendes Pedro en actos de corrupción que perjudicaron a la República Bolivariana de Venezuela. Se alega que estos actos fueron coordinados junto con un militar venezolano ya fallecido, el Coronel Marino José Lugo Aguilar. Se afirma que la sociedad entre ambos causó perjuicios patrimoniales a Venezuela a través de delitos de corrupción, legitimación de capitales y fraude. Según la denuncia, el dinero obtenido de estas actividades ilícitas fue ingresado en España mediante operaciones de blanqueo de capitales.
Se presume que los dividendos obtenidos por Joao Mendes Pedro a través de la corrupción en el caso PDVSA CRIPTO se han destinado a la creación de empresas, adquisición de propiedades y captación de nuevos socios y testaferros. Algunos de estos testaferros serían exfuncionarios de la industria petrolera. Se especifica que parte de estas adquisiciones se han realizado en España.
Empresas vinculadas a Joao Mendes Pedro: Un entramado revelador
Como parte fundamental de la denuncia, se adjunta una relación detallada de empresas vinculadas a Joao Mendes Pedro, uno de los principales señalados. Esta lista, presentada a modo de tabla, busca poner en evidencia la trama de posibles actividades ilícitas y el destino de los fondos que se presume fueron sustraídos de manera irregular. La tabla proporciona información clave sobre catorce entidades, con datos que incluyen el Registro de Información Fiscal (RIF), nombre de la empresa, actividad, representante legal, tipo de sociedad, fecha de registro y nacionalidad, esta última refiriéndose a la nacionalidad de los dueños o representantes legales de dichas empresas.
Entre las empresas mencionadas, encontramos a PANADERIA Y PASTELERIA CLASS ADELANA SRL, con RIF J000150788, dedicada a la venta al por menor de alimentos, registrada el 4 de diciembre de 1980. Su representante legal es Joao Mendes Pedro, de nacionalidad portuguesa. Otra empresa del mismo rubro es PANADERIA Y PASTELERIA 2007 CA, con RIF J305398496, registrada el 26 de mayo de 1998, cuyos dueños son Joao Mendes Pedro, Antonio Mendes Pedro (ambos portugueses) y Francisco Batista Serrao (venezolano).
LICORCAIZA SRL, con RIF J313635693, es otra de las empresas listadas, registrada el 29 de junio de 2005, aunque su actividad no está registrada formalmente. Su dueño, Joao Mendes Pedro, también de nacionalidad portuguesa. INVERSIONES FERRE OFERTAS 777, C.A, con RIF J401666515, se dedica a la venta al por menor de artículos de ferretería, registrada el 8 de noviembre de 2012. Sus dueños son Joao Mendes Pedro, Antonio Mendes Pedro y Manuel Mendes Pedro, todos de nacionalidad portuguesa.
La lista continúa con DISTRIBUIDORA TULICOR I, C.A, con RIF J402308264, registrada el 17 de abril de 2013, cuya actividad no se especifica, pero que tiene como dueño a Joao Mendes Pedro. También se menciona a INVERSIONES CONTINENTAL 777, C.A, con RIF J412314343, registrada el 26 de diciembre de 2018, dedicada a «otras actividades de servicio», y cuyo dueño es, nuevamente, Joao Mendes Pedro.
PANADERIA Y PASTELERIA BUENAVENTURA, C.A, con RIF J303746942, se dedica a la venta al por menor de alimentos y fue registrada el 13 de junio de 1996, tiene como dueños a Joao y Antonio Mendes Pedro. ARREO RACING SPORT BOOK, C.A, con RIF J405413565, se dedica a las actividades de juegos y apuestas, registrada el 28 de noviembre de 2014, y tiene como dueños a Antonio y Manuel Mendes Pedro. SUC. PAREDES GONZALEZ FRANCISCO ANTONIO, con RIF J310047430, aparece como una persona jurídica venezolana, registrada el 10 de agosto de 1998, pero no se indica quién es su dueño o representante.
FLORISTERIA SANDRINA C.A, con RIF J302440513, se dedica a la venta al por menor de productos nuevos y fue registrada el 15 de febrero de 1995, sus dueños son Joao Mendes Pedro, Antonio Mendes Pedro y Agostinho Florenca, todos portugueses.
Más empresas y el petitorio
La relación de empresas que podrían conformar el entramado de negocios de Joao Mendes Pedro continúa con tres entidades que no poseen RIF, al menos indicado en el documento. Estas son: PANADERIA Y PASTELERIA 806, C.A, registrada el 16 de junio de 1997, dedicada a la venta al por menor de alimentos y cuyos dueños son Joao Mendes Pedro y Antonio Mendes Pedro, ambos de nacionalidad portuguesa. La segunda es PANADERIA Y PASTELERIA BUENAVENTURA VISTA PLAY C.A, registrada el 3 de octubre de 2003, dedicada al mismo rubro y con los mismos dueños que la anterior. La tercera es la ESTACION DE SERVICIO EL SOCORRO, C.A, registrada el 7 de octubre de 2005, dedicada al expendio de combustible y lubricantes, y cuyo dueño es Joao Mendes Pedro.
Finalmente, se encuentra MULTIMEDIA GAMING, C.A, sin RIF indicado y con fecha de registro desconocida. Esta empresa se dedica a la venta y comercialización de productos y equipos electrónicos, y su dueño es Josmer José Mejías Pérez, de nacionalidad venezolana.
La inclusión de esta lista de empresas en la denuncia, buscaría fortalecer la acusación de que Joao Mendes Pedro estaría involucrado en una red de negocios que podrían haber sido utilizadas para el blanqueo de capitales o para ocultar ganancias ilícitas provenientes de actos de corrupción en Venezuela.
La repetición del nombre de Joao Mendes Pedro como dueño o representante legal en la mayoría de estas empresas, así como la presencia de sus hermanos Antonio y Manuel, sugiere una posible estructura familiar o empresarial con el fin de gestionar fondos de origen dudoso.
Es así que, el Dr. Pimentel Roja solicita formalmente que se abra una investigación contra Joao Mendes Pedro y que esta se extienda a las personas relacionadas con él. Entre estas personas se incluye a Henry Alexander Colmenares, así como a las empresas y empresarios que puedan resultar vinculados en las averiguaciones. Asimismo, se pide que se congelen los activos de los denunciados para su eventual repatriación a Venezuela.
El denunciante solicita, finalmente, que la Fiscalía aplique la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Se considera el blanqueo de capitales como un delito económico en este caso. La denuncia está fechada en Madrid, a los once días del mes de noviembre de 2024.
Caso contra Joao M. Pedro y… by WW2000
La Fiscalía General del Estado responde y traslada la denuncia a la Fiscalía Provincial de Madrid
El caso por presunto blanqueo de capitales ha dado un paso significativo. La Fiscalía General del Estado ha emitido un acuse de recibo, con fecha del 10 de enero de 2025, dirigido al Dr. Salvador Jesús Pimentel Roja, confirmando así la recepción de la denuncia presentada por este último, la cual tuvo entrada en la Fiscalía el 16 de diciembre de 2024.
El documento de acuse de recibo, con número de referencia N./Ref.: ST 14/2025, proviene de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y lleva la firma de la Fiscal de Sala Jefa de dicha secretaría, Ana Isabel García León. En este, la Fiscalía confirma haber recibido el escrito del Dr. Pimentel Roja, fechado el 11 de noviembre de 2024, en el que se denuncia a dos personas por presunto blanqueo de capitales derivado de conductas cometidas en Venezuela. Si bien el acuse de recibo no reitera los nombres de los denunciados, se entiende que se refiere a Joao Mendes Pedro y Henry Alexander Colmenares, quienes son señalados en la denuncia original.
Un dato de vital importancia que se desprende de este documento oficial es que la Fiscalía General del Estado ha decidido trasladar la denuncia a la Fiscalía Provincial de Madrid. Se indica que este traslado se realiza «a los efectos procedentes», lo que sugiere que será la Fiscalía Provincial de Madrid la encargada de continuar con la investigación y los trámites legales que correspondan.
Este acuse de recibo marca un avance en el proceso, evidenciando que las autoridades fiscales han tomado conocimiento formal de las acusaciones y han dado el primer paso para su tramitación a nivel provincial.
La siguiente etapa en este complejo caso será el análisis de la denuncia por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, quien determinará si procede o no la apertura de diligencias de investigación para esclarecer los hechos denunciados.