En medio de una ola de detenciones de exaltos funcionarios de la administración de Nicolás Maduro por presuntos casos de corrupción, el periodista Vladimir Villegas lanzó una aparente primicia informativa a través de su cuenta en la red social X. En un breve, pero contundente mensaje, Villegas aseguró que «habría sido detenido un altísimo funcionario de la Corporación Venezolana de Minería, por presunta corrupción».

Como se sabe, recientemente, exfiguras clave de la administración de Maduro, como el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, su testaferro Samark López Bello, y el exministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, fueron detenidos por su presunta participación en gigantescos casos de malversación de fondos públicos.

 

¿El presidente de la CVM en la mira?

Aunque Villegas no mencionó nombres en su trino, los rumores apuntan a que el presunto alto funcionario detenido podría ser el Mayor General Carlos Osorio, actual presidente de la Corporación Venezolana de Minería (CVM). Osorio, un hombre de confianza de Maduro, ha ocupado diversos cargos de alto nivel en la administración chavista, incluyendo ministro de Transporte, ministro de Alimentación y jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Central.

Carlos Osorio, de 59 años, ha sido una figura controvertida dentro del gobierno venezolano. Además de sus cargos ministeriales, también se desempeñó como coordinador del Estado Mayor contra la Guerra Económica y vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria.

Su nombramiento al frente de la CVM en junio de 2019 no estuvo exento de críticas, ya que la empresa estatal está encargada de la explotación y comercialización de los recursos minerales de Venezuela, un sector clave para la maltrecha economía del país.

La sombra de El Aissami sobre la minería venezolana

Si bien Villegas no ofreció detalles sobre los presuntos cargos que pesan sobre el alto funcionario de la CVM, no sería descabellado pensar que su eventual detención esté relacionada con la desarticulación del entramado de corrupción liderado por Tareck El Aissami, uno de los principales operadores financieros del régimen chavista.

El Aissami, quien ha sido sancionado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y el terrorismo, habría utilizado su poder e influencia para controlar negocios ilícitos relacionados con la explotación minera, especialmente en la región del Arco Minero del Orinoco.


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