La quiebra del Banco del Orinoco NV en Curazao, declarada en julio de 2019, ha desatado una compleja batalla legal que mantiene en vilo a miles de ahorradores y ha puesto en el ojo del huracán al banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín. La Corte Conjunta de Justicia del Caribe Neerlandés, bajo la dirección de la magistrada Corrie ter Veer, ha tomado una decisión sin precedentes al negar la solicitud del Banco Central de Curazao y Sint Maarten de establecer garantías para el pago de las costas judiciales.
Esta medida excepcional, que exime tanto a los bancos como a Cartera de Inversiones Venezolanas CA y al Banco Occidental de Descuento -accionistas del BdO- de la obligación de presentar una caución, ha sido justificada por la propia Corte. En palabras de la magistrada Ter Veer: “En este caso, el tribunal se abstendrá de ordenar caución. Los recursos están paralizados desde hace años. El Tribunal considera ahora que esto es indeseable. Hay que poner fin a esto lo antes posible”.
La decisión sienta un precedente inusual al dejar de lado la práctica tradicional de exigir garantías a los demandantes que no residen en las islas, particularmente relevante en este caso donde más de 2.400 cuentahabientes, algunos agrupados y otros de forma individual, reclaman la devolución de sus depósitos. La imposibilidad de ejecutar dicha norma en Venezuela, lugar de residencia de la mayoría de los demandantes, ha sido el principal argumento para justificar esta excepción.
¿Quiebra fraudulenta?
En el centro del vendaval se encuentra Cartera de Inversiones Venezolanas, la firma liderada por Vargas Irausquín, cuya sombra también ha oscurecido a otras entidades del Caribe como el BOI Bank de Antigua y Bancamérica de República Dominicana, entidades parte del grupo de Vargas. Mientras tanto, las deudas del Banco del Orinoco NV continúan en ascenso, superando la friolera de 840 millones de dólares, según registros oficiales.
El abogado Carlos Calderón, representante legal de 74 cuentahabientes, advierte sobre la posibilidad de que la quiebra sea calificada como fraudulenta, lo que trasladaría el caso a la esfera penal. Las alarmas se encienden ante la sombra de un posible desfalco, y la lupa de la justicia se posa sobre el grupo de Vargas Irausquín.
A pesar de las acusaciones, el grupo financiero insiste en su capacidad para honrar sus compromisos, una afirmación que será puesta a prueba en los próximos meses. El juez Pieter de Kort, responsable del caso y quien designara a los curadores independientes Michael Gorsira y Danilo Narváez, concedió un plazo hasta septiembre para presentar una propuesta de pago. Sin embargo, la espada de Damocles pende sobre el imperio de Vargas, a quien le espera un futuro incierto en el que deberá demostrar con creces la transparencia de sus operaciones.
De no lograr satisfacer las demandas de los acreedores, las consecuencias podrían ser mayúsculas, enfrentando no solo la restitución de la astronómica suma sino también la posibilidad de la imposición de cargos criminales.
Más detalles sobre el caso
La solicitud inicial del Banco Central de Curazao y Sint Maarten para asegurar las costas procesales, presentada en junio de 2024, refleja la preocupación de las autoridades por garantizar que los litigantes asumieran las responsabilidades financieras del proceso, independientemente de su resultado. Esta solicitud “incidental” evidencian la complejidad del caso y la envergadura de las cantidades en juego.
El juez especializado en asuntos mercantiles y civiles, Pieter de Kort, ha tenido un rol fundamental en este proceso. Su decisión de nombrar a los curadores independientes Michael Gorsira y Danilo Narváez para supervisar la liquidación del Banco del Orinoco NV, busca garantizar la transparencia y la imparcialidad en el manejo de los activos y las deudas de la entidad financiera.
La declaración de la magistrada Corrie ter Veer, “Hay que poner fin a esto lo antes posible”, que resuena con fuerza en los pasillos de la Corte Conjunta de Justicia del Caribe Neerlandés, pone de manifiesto la urgencia por encontrar una solución justa y definitiva a un caso que ha mantenido en vilo a miles de personas durante años.
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