En una extensa entrevista concedida a la periodista Patricia Poleo en su canal de YouTube «Factores de Poder», el abogado venezolano Carlos Ramírez López desgranó con precisión quirúrgica el complejo caso de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera venezolana PDVSA, que se encuentra al borde del abismo legal y a punto de ser rematada para satisfacer sentencias judiciales en Estados Unidos.
Ramírez López comenzó su exposición con una pregunta fundamental: ¿Por qué el caso de Citgo, una empresa sin vínculos directos con el estado de Delaware, está siendo dirimido en sus tribunales? La respuesta, según el abogado, es simple: Delaware funciona como una especie de «paraíso fiscal», con un sistema judicial que históricamente se ha mostrado complaciente con los intereses de los actores económicos más poderosos.
Expropiaciones y vicios jurídicos
Para entender la trama jurídica que envuelve a Citgo, es necesario remontarse a las expropiaciones ejecutadas durante el gobierno de Hugo Chávez. Estas acciones generaron demandas por daños y perjuicios por parte de empresas afectadas, que recurrieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El CIADI, un tribunal de arbitraje internacional que opera bajo el amparo del Banco Mundial, se convirtió en el escenario de una serie de litigios que, según Ramírez López, estuvieron viciados de nulidad desde su inicio.
«La representación de Venezuela en esos casos fue ilegítima, violando la Constitución nacional», sentenció el abogado. El jurista argumentó que, según la Carta Magna venezolana, solo el Procurador General de la República, designado por el Presidente con autorización de la Asamblea Nacional, está facultado para representar al país en litigios internacionales. Sin embargo, desde la renuncia de Cilia Flores a la Procuraduría en 2013, Venezuela estuvo representada por un «encargado del encargado», sin legitimidad constitucional.
Decisiones controversiales y repercusiones
Uno de los casos más emblemáticos y controvertidos fue el de la minera canadiense Crystallex. «El entonces Procurador interino, José Ignacio Hernández, había trabajado para Crystallex antes de asumir el cargo, presentando un informe como experto en el caso», reveló Ramírez López. Esta situación, calificada por el abogado como un claro caso de prevaricación, fue obviada y Crystallex terminó siendo favorecida con una sentencia de 1.400 millones de dólares.
La trama se complica aún más con la aparición de Tenor Capital, un fondo buitre que compró los derechos del juicio a Crystallex por 78 millones de dólares, para luego obtener una sentencia a su favor por 1.400 millones. «Es evidente que los daños y perjuicios sufridos por Crystallex no podían superar los 78 millones de dólares que aceptaron como compensación al vender sus derechos», enfatizó Ramírez López.
A este caso se suma el de la petrolera ConocoPhillips, también expropiada por Chávez, que demandó al Estado venezolano y obtuvo una sentencia favorable por 8.700 millones de dólares. En un acto inexplicable para Ramírez López, el Procurador del interinato, José Ignacio Hernández, al percatarse de un error de cálculo en la sentencia, solicitó al CIADI que se corrigiera el monto a 8.500 millones de dólares, reconociendo implícitamente la validez de la demanda y allanando el camino para su ejecución.
La encrucijada final para Citgo
Con las sentencias del CIADI en mano, las empresas afectadas acudieron a la Corte del Distrito de Washington para solicitar su ejecución en Estados Unidos. «El doctor José Ignacio Hernández no asistió a las audiencias, alegando posteriormente que era parte de su estrategia legal», explicó Ramírez López, quien considera esta acción como una grave negligencia.
La Corte de Washington, ante la ausencia de la defensa venezolana, autorizó la ejecución de las sentencias y, por solicitud de las empresas, remitió el caso a la Corte de Delaware, donde el juez Leonard Stark, en un acto que Ramírez López tilda de «abuso de poder», decidió extender la responsabilidad de la República Bolivariana de Venezuela a PDVSA y Citgo, bajo la figura del «alter ego».
«El juez Stark se excedió en sus funciones, su único deber era ejecutar la sentencia contra Venezuela, no tenía potestad para extender la responsabilidad a otras entidades», sentenció Ramírez López.
El abogado también cuestionó el silencio cómplice del doctor José Ignacio Hernández y su sucesor, Enrique Sánchez Falcón, ante esta flagrante violación procesal. «¿Por qué no reclamaron? ¿Por qué permitieron que se ejecutara una sentencia contra una entidad que no había formado parte del juicio original?», se preguntó el abogado.
Ramírez López finalizó su intervención con un pronóstico desalentador: «Si el gobierno de Estados Unidos no emite una orden ejecutiva que impida el remate de Citgo, la tragedia jurídica se consumará el próximo 15 de julio».
El abogado considera que la posible pérdida de Citgo es el resultado de una cadena de errores y omisiones inexplicables, que podrían haberse evitado si la defensa de los intereses de Venezuela se hubiera llevado a cabo con la debida diligencia y profesionalismo.
