El pasado 12 de marzo de 2024 el Juzgado de Instrucción nº 07 de Madrid admitió a trámite una querella por un presunto delito de calumnia, interpuesta el 2 de febrero de 2024 por la procuradora Silvia de la Fuente Bravo, en representación del empresario venezolano Fernando José Bermúdez Ramos, contra el abogado hispanovenezolano Salvador Pimentel Roja. Según personas familiarizadas con el caso, la querella, que se presentó como una defensa del «honor» mancillado, no parece ser más que un intento desesperado por parte de Bermúdez de silenciar las acusaciones que pesan sobre él por su presunta implicación en graves casos de corrupción en Venezuela.
La acción, interpuesta por Bermúdez con la asistencia del jurista brasileño Nielson Maycon de Souza Vilela, por algunos apodado «El Abogado del Diablo» -dada su constante defensa en España de personas, particularmente extranjeras, acusadas de delitos graves-, se originó a raíz de una publicación realizada por Pimentel Roja en su página web personal, salvadorpimentel.com, el 13 de abril de 2023. En esa publicación, titulada «Denuncia por Corrupción y Legitimación de Capitales a Fernando Bermúdez Ramos», Pimentel expone una serie de indicios que apuntan a la posible participación de Bermúdez en delitos de «Legitimación de Capitales» y otros.
Bermúdez, a través de la procuradora, alegó que Pimentel Roja actuó con supuesto conocimiento de la falsedad de sus afirmaciones o con temerario desprecio hacia la verdad, lo que, según su defensa, constituiría el delito de calumnia tipificado en el artículo 205 del Código Penal español. Sin embargo, es preciso destacar que Bermúdez se encuentra prófugo de la justicia venezolana, tras ser uno de los acusados en el escándalo de corrupción conocido como Pdvsa-Cripto.
Salvador Pimentel
Pimentel Roja, en su publicación, afirma que Bermúdez habría incurrido en delitos de alta entidad en Europa, beneficiándose de múltiples contratos con la Administración Pública, que mostrarían irregularidades y sobreprecios. Según una persona familiarizada con el caso, no sería de extrañar que un empresario acostumbrado a manejarse en los turbios laberintos de la corrupción venezolana, intentara replicar sus prácticas en otros países.
Además, el abogado Pimentel Roja asegura que existen investigaciones internacionales que señalarían a Bermúdez por lavado de dinero, mencionando específicamente un contrato con la empresa MAX POWER ENGINEEERING LIMITED en el que se presume la utilización de testaferros para ocultar a los verdaderos propietarios.
El escándalo de CORPOVEX y la sombra de la corrupción sobre Bermúdez
Uno de los casos más relevantes que Pimentel Roja expuso en su publicación es el del contrato CPVX-CJ-CONT-0098-2017, firmado en julio de 2017 entre la empresa MAX POWER ENGINEEERING LIMITED y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX). Según Pimentel Roja, la empresa MAX POWER, bajo la aparente dirección de testaferros, habría cobrado a CORPOVEX casi 270 millones de euros. No obstante, en el contrato existirían visos de irregularidades y posible desvío de fondos públicos.
Fernando Bermúdez Ramos
Si bien Bermúdez no figura directamente como responsable de MAX POWER, Pimentel Roja deja entrever que el empresario venezolano podría estar detrás de la empresa o, al menos, tener conocimiento de las irregularidades que se habrían cometido en la adjudicación y ejecución del contrato con CORPOVEX.
La mención de CORPOVEX no es casual. Esta corporación, creada por el Gobierno venezolano para promover las exportaciones e importaciones, ha sido señalada en numerosas ocasiones por su falta de transparencia y por ser un foco de corrupción dentro del entramado gubernamental venezolano.
Pimentel Roja, consciente de la gravedad de las acusaciones, afirmó en su publicación haber informado a las autoridades europeas sobre este caso, con el fin de que se investigue si se ha producido un delito de legitimación de capitales y, en caso afirmativo, se apliquen las sanciones correspondientes.
La querella interpuesta por Bermúdez, lejos de aclarar su situación, no hace más que aumentar las sospechas sobre su posible implicación en este y otros casos de corrupción.
Bermúdez: ¿Víctima o estratega en busca de impunidad?
En la querella, la procuradora aporta una serie de documentos que supuestamente demostrarían la inexistencia de procedimientos penales en contra de Bermúdez, tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellos se encuentra una consulta ante la Oficina de Registro y Reparto Penal de Madrid, un oficio de respuesta al acceso a antecedentes policiales del «Fichero INTPOL-Guardia Civil», un oficio de respuesta al acceso a los antecedentes policiales del «Fichero PERPOL» de la Policía Nacional, y un informe de la Secretaría de la Comisión de Control de los Ficheros de la OIPC-INTERPOL.
Fernando Bermúdez Ramos
Sin embargo, estos documentos no prueban la inocencia de Bermúdez, sino únicamente que, hasta la fecha, no se han iniciado procedimientos penales en su contra en España o en otros países que hayan remitido información a las bases de datos consultadas.
«La ausencia de procedimientos penales no implica necesariamente la inexistencia de delitos. Es posible que las autoridades españolas o de otros países aún no hayan tenido acceso a toda la información o las pruebas necesarias para iniciar una investigación formal contra Bermúdez. La estrategia de Bermúdez ante las acusaciones de Pimentel es clara: presentarse como víctima de una campaña de difamación, ocultando su posible implicación en turbios manejos de la administración pública venezolana», en opinión de un jurista consultado.
Pimentel Roja, en su publicación, recordó que en Venezuela existe una orden de captura contra Bermúdez y que el Fiscal General de la República del país suramericano reconoció en rueda de prensa que Bermúdez se encuentra prófugo en Madrid, tras ser acusado en el caso Pdvsa-Cripto; como corrección a una información previa en la que el Ministerio Público venezolano había indicado que el empresario había sido detenido en Venezuela en marzo de 2023.
Las exigencias de Bermúdez
La querella interpuesta por Fernando Bermúdez Ramos no se limita a solicitar la investigación de un presunto delito de calumnias contra Salvador Pimentel Roja. En su escrito, la procuradora y el abogado de Bermúdez también solicitan una serie de medidas cautelares que buscan, en la práctica, silenciar las acusaciones de corrupción que pesan sobre el empresario venezolano.
Entre las medidas cautelares solicitadas se encuentran la retirada del pasaporte a Pimentel Roja y la imposición de una fianza para asegurar las responsabilidades civiles que pudieran derivar del proceso. Estas medidas, que parecen desproporcionadas en relación con el presunto delito de calumnias que se investiga, podrían interpretarse como un intento de intimidar a Pimentel Roja y disuadirlo de seguir publicando información sobre la presunta implicación de Bermúdez en casos de corrupción.
Es importante destacar que las medidas cautelares solicitadas por Bermúdez no son habituales en los casos de calumnias. Su aplicación en este caso podría sentar un precedente peligroso para la libertad de expresión y el derecho a la información, pues pudiera disuadir a otras personas de denunciar públicamente casos de corrupción por temor a represalias judiciales.
Financiamiento de candidato opositor pese a contratos con la administración de Maduro
Personas con acceso a información privilegiada revelan que Fernando Bermúdez, beneficiario de contratos otorgados por el gobierno de Nicolás Maduro, figuró entre los contribuyentes financieros en las sombras de la reciente campaña presidencial de Edmundo González Urrutia. González Urrutia, opositor a Maduro, es considerado por la oposición como el legítimo presidente electo de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), la máxima autoridad electoral del país, proclamó a Maduro como vencedor.
Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, principal impulsora de su candidatura presidencial.
Una fuente judicial consultada indica que Bermúdez presuntamente es compadre de un connotado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Según esta fuente, Bermúdez habría utilizado su influencia con dicho magistrado para intentar anular los procesos judiciales en su contra relacionados con el caso Pdvsa-Cripto. La misma fuente conjetura que Bermúdez pudo escapar de Venezuela hacia España antes de su posible detención en marzo de 2023 por su presunta participación en la red de corrupción Pdvsa-Cripto, gracias a la intervención de ciertos contactos.
Abogado querellado solicita la participación de la fiscalía de delitos económicos de Madrid
El abogado Salvador Jesús Pimentel Roja, querellado en la causa con número de identificación general (NIG) 28.079.00.1-2024/0041519, presentó el 13 de septiembre de 2014 ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid un escrito con pruebas y alegaciones previas a una audiencia fijada para el pasado 3 de octubre de 2024.
Salvador Pimentel
El caso se refiere a las diligencias previas número 647/2024, que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid. En su escrito, Pimentel Roja solicita la participación activa de la Fiscalía del Ministerio Público en el juicio, argumentando que la información y las pruebas presentadas constituyen evidencia de múltiples delitos cometidos en España.
El abogado se encuentra en la inusual situación de defenderse a sí mismo por haber denunciado a Fernando Bermúdez, quien figura como querellante en la causa 647/2024. Pimentel Roja sostiene que Bermúdez, a quien califica como «uno de los imputados en Venezuela» -en referencia al caso de corrupción Pdvsa-Cripto-, debería estar enfrentando a la justicia en lugar de ser él (Pimentel) quien se encuentra en el banquillo de los acusados.
Según Pimentel Roja, Bermúdez está involucrado en dos juicios en Estados Unidos y aparece mencionado en varios expedientes en otros países. Estas acusaciones se relacionan con una trama de corrupción que, según expertos y de acuerdo con una auditoría del parlamento de Venezuela, habría defraudado al patrimonio público venezolano en más de 1.800 millones de dólares.
Pimentel Roja afirma haber recibido información y pruebas directamente de Conrado Pérez Linares, presidente de la comisión parlamentaria que inició las investigaciones en Venezuela, y de Daniel Jesús Hernández Sarmiento, uno de los abogados que trabajó con Bermúdez, quien cumplió con su deber de informar a las autoridades al detectar posibles irregularidades.
El entramado CLAP y las empresas de Fernando Bermúdez
Pimentel Roja denuncia que Fernando Bermúdez está vinculado a una trama de corrupción que involucra al programa social venezolano conocido como CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). Este programa, creado para garantizar el acceso a alimentos a precios subsidiados, se convirtió en una fuente de enriquecimiento para personas inescrupulosas que vendían productos de mala calidad a precios exorbitantes, e incluso en algunos casos, no entregaban la mercancía a pesar de haber sido pagada.
Fernando Bermúdez Ramos
Entre las empresas señaladas en el caso CLAP, se encuentra FB Foods LLC CA Limited, que según Pimentel Roja es propiedad de Fernando Bermúdez. Además, se sospecha que Bermúdez también controla Max Power Engineering Limited a través de un testaferro. Estas empresas forman parte de una red que habría desviado fondos públicos venezolanos y legitimado capitales en varios países.
En el año 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de su División Criminal en Washington DC, inició una investigación por delitos económicos en relación al caso CLAP. Esta investigación se centró en el Principado de Liechtenstein e involucró a varias empresas, entre ellas FB Foods LLC CA Limited y al propio Fernando Bermúdez.
Como resultado de la investigación, se emitió la sentencia número 13 UR.2019.102 el 6 de noviembre de 2019. En esa sentencia se ordenó el congelamiento de fondos de las empresas y personas involucradas, incluyendo a FB Foods LLC CA Limited y a Fernando Bermúdez Ramos, por incumplimiento de las normas de cumplimiento normativo y por su posible participación en un caso de lavado de dinero.
Bloqueo de cuentas y denuncias internacionales
Tras el congelamiento de la cuenta en Liechtenstein, se inició una serie de bloqueos de cuentas bancarias de personas y empresas vinculadas al caso CLAP en Europa, incluyendo Bulgaria y Portugal, así como en Panamá y Estados Unidos. En el caso de Max Power Engineering Limited, su cuenta en InvestBank de Bulgaria fue congelada por la Fiscalía de Sofía.
Pimentel Roja destaca que Fernando Bermúdez es un nombre recurrente en los procedimientos judiciales relacionados con el caso CLAP en diferentes países, lo que sugiere su participación en una red de corrupción internacional.
El abogado describe el modus operandi de la trama, que involucraba la celebración de contratos millonarios entre la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) y las empresas señaladas en el caso CLAP. Los pagos se depositaban en los mismos bancos, que posteriormente bloquearon los activos y las cuentas de las empresas involucradas.
El caso CLAP se originó con las irregularidades en las contrataciones. Meses después, se iniciaron los bloqueos de las cuentas bancarias, lo que llevó al empresario Carlos Liscano Manrique a instar a la Comisión de Contraloría del parlamento de Venezuela a investigar las denuncias de corrupción.
Se realizó una auditoría y una serie de análisis bioquímicos a los productos, y la comisión parlamentaria recibió documentos que aparentemente avalaban la legalidad de las empresas y el cumplimiento de los contratos. Sin embargo, Pimentel Roja afirma que estos documentos fueron falseados por Carlos Liscano para favorecer a los empresarios involucrados.
Desenmascarando la trama y las denuncias en Venezuela
Pimentel Roja señala que, tras el bloqueo de las cuentas y la difusión de información sobre el caso CLAP por parte de periodistas e investigadores, los propios diputados de la Comisión de Contraloría revisaron su gestión y descubrieron que los documentos que habían recibido de Carlos Liscano eran falsos.
Las pruebas presentadas por Liscano, incluyendo la auditoría y los exámenes bioquímicos, habían sido manipuladas para ocultar las irregularidades en las contrataciones y la mala calidad de los productos.
El abogado Daniel Jesús Hernández Sarmiento, miembro del despacho HE Legal en Caracas, proporcionó a Pimentel Roja pruebas que vinculan a Fernando Bermúdez con FB Foods LLC CA Limited y Max Power Engineering Limited. Estas pruebas incluyen correos electrónicos y un mandato para que Pimentel Roja denuncie los hechos y los bienes de Bermúdez, además del intento de compra de un helicóptero Eurocopter EC 130 B4. Serial #: 7244, Matrícula: YV520T, propiedad de TRANSCOMMANDER C. A. Hernández Sarmiento se negó a gestionar la compra de esta aeronave por razones de cumplimiento normativo y remitió la información a Pimentel Roja para que procediera con las denuncias.
Pimentel Roja, tras revisar y verificar la información recibida, presentó denuncias ante los Juzgados de Madrid contra todas las personas involucradas en el caso CLAP, especialmente contra Fernando Bermúdez, por considerar que existen pruebas suficientes de su participación en el desvío de millones de dólares.
Recibió también una comunicación oficial del diputado Conrado Pérez, quien le proporcionó más pruebas y denunció que los documentos presentados en Europa habían sido falseados por Carlos Liscano para favorecer a los empresarios, incluyendo a Fernando Bermúdez. Pérez también denunció a Bermúdez como propietario de Max Power Engineeering Limited y solicitó a Pimentel Roja que informara a las autoridades competentes.
Daniel Hernández Sarmiento
Abogado clave en denuncias contra Bermúdez
Daniel Jesús Medina Sarmiento, quien otrora fuese fiscal del Ministerio Público venezolano, cambió su nombre al de Daniel Jesús Hernández Sarmiento. Tanto en su ejercicio como fiscal, como en su actual etapa en el campo del derecho privado, en donde es uno de los líderes del despacho de abogados H&E Legal SC, Hernández Sarmiento ha estado a cargo de casos de alto perfil, incluido el proceso legal que condujo a la confiscación del edificio de un afamado diario en Venezuela.
Daniel Hernández Sarmiento ha sido un abogado clave para desentrañar las tramas en las que ha estado incurso el empresario Fernando Bermúdez Ramos. Su despacho jurídico se encuentra ubicado en el piso 3 de la Torre JWM (JW Marriott) en Caracas. En el mismo edificio estaba ubicada la sede de FBR de Alimentos, C.A., una de las compañías utilizadas por Bermúdez para la venta de suministros para el programa estatal de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). En la misma torre operó en el pasado una sala de apuestas perteneciente a Bermúdez. Una versión afirma que la sala supuestamente funcionaba en las mismas instalaciones donde ahora se encuentran las oficinas de H&E Legal SC.
Daniel Medina, ahora llamado Daniel Hernández, formó parte del equipo que imputó en Venezuela a la jueza María Lourdes Afiuni, quien fue acusada de haber dictado supuestamente una orden irregular para la liberación del banquero Eligio Cedeño. Cedeño se encontraba imputado y llevaba detenido bajo prisión preventiva alrededor de tres años. Había sido acusado de ilícitos cambiarios en el denominado caso Microstar.
Uso de testaferro
Pimentel Roja afirma que FB Foods, propiedad de Fernando Bermúdez, utilizó a Miguel Ángel González Biagione como testaferro para evitar ser detectado y poder seguir contratando con la estatal Corpovex. Además, señala que todas las empresas involucradas en el caso CLAP son de origen venezolano, aunque se presentan como extranjeras.
El abogado denuncia que existen indicios de que la mercancía contratada con Corpovex no fue entregada a Venezuela, a pesar de que el país pagó por ella, y que en otros casos se detectaron sobreprecios de más del 2000%.
Pimentel Roja vincula a FB Foods, Fernando Bermúdez y Max Power Engineering Limited con un grupo fraudulento que opera a nivel internacional, el cual ha sido objeto de investigaciones y bloqueos de cuentas en varios países.
El abogado reproduce declaraciones del Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, en una rueda de prensa del 5 de abril de 2023, en la que menciona a Fernando Bermúdez entre un grupo de empresarios detenidos. Posteriormente, en otra rueda de prensa del 9 de abril de 2023, Saab anunció que Bermúdez tiene una orden de aprehensión y se encuentra prófugo en España.
Pimentel Roja solicita a la justicia española que investigue a Fernando Bermúdez y que se congelen sus bienes, tal como se ha hecho en otros países donde ha sido enjuiciado.
El abogado pide al Ministerio Público que cite a declarar a Conrado Pérez Linares y que solicite información a la Fiscalía de Sofía (Bulgaria), a la Corte de Justicia del Principado de Liechtenstein y al Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los casos relacionados con el caso CLAP y las empresas y personas involucradas. También solicita que se fije una fecha para la presentación de testigos y que se certifique la autenticidad de los correos electrónicos y los videos presentados como prueba.
Denuncia por corrupción en el programa CLAP: una trama de sobreprecios y alimentos en mal estado
El 5 de diciembre de 2023 el abogado Marcos Alberto Ascanio Salinas presentó una denuncia ante el Fiscal General venezolano, Tarek William Saab, en la cual acusó a varias empresas y ciudadanos, incluyendo al exdiputado Richard Eloy Arteaga Blakma, por su presunta participación en una trama de corrupción relacionada con el programa social CLAP.
Ascanio Salinas, relata en el documento que durante el año 2018, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, presidida entonces por el diputado Freddy Superlano, recibió una denuncia para investigar la corrupción dentro del programa social CLAP. Se conformó una Subcomisión Especial para llevar a cabo la investigación, la cual estuvo presidida por el propio Arteaga Blakma.
La Subcomisión comenzó su trabajo realizando un análisis de la denuncia y demás documentos del expediente. Se solicitaron diversas diligencias ante instituciones y entes del Estado, y se citó a declarar a Carlos Rolando Lizcano Manrique, quien figuraba como representante legal de la empresa Salva Foods 2015, así como a representantes de otras empresas relacionadas con el programa CLAP. Lizcano Manrique, en su comparecencia, entregó documentación a la Subcomisión que supuestamente demostraba que su empresa y las demás mencionadas cumplían con todos los requisitos legales para ser proveedoras del Estado.
Viajes a Europa y la trama del engaño
Con el objetivo de comprobar la información aportada por Lizcano Manrique y ante las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela, la Subcomisión decidió realizar una serie de visitas a varios países europeos. El objetivo de estos viajes era lograr la liberación de fondos bloqueados en entidades financieras relacionados con el programa CLAP, que según Lizcano Manrique pertenecían a las empresas proveedoras del programa y que estaban siendo retenidos debido a las sanciones.
Diputados Luis Parra, Richard Arteaga y Conrado Pérez en Bulgaria
Para llevar a cabo estas gestiones, la Subcomisión contrató los servicios de tres bufetes de abogados con sede en Madrid, España. Estos bufetes, siguiendo instrucciones de la Subcomisión, realizaron comunicaciones y enviaron cartas a instituciones bancarias y gobiernos de países europeos, librando de responsabilidad a las empresas relacionadas con el programa CLAP y solicitando la liberación de sus fondos.
Sin embargo, la trama comenzó a desmoronarse a principios del 2023, cuando salieron a la luz pública nuevas denuncias de corrupción dentro de PDVSA, que involucraba a la empresa Max Power Engineering Limited y al ciudadano Fernando José Bermúdez Ramos. La aparición de esta nueva información activó una cláusula dentro del contrato firmado con los bufetes de abogados, que permitía rescindir el contrato y reclamar la totalidad de los honorarios adeudados, en caso de que la información proporcionada por los clientes resultara ser falsa.
Acusaciones contra Fernando Bermúdez Ramos y demandas por incumplimiento
La denuncia de Ascanio Salinas revela que, tras la aparición del nombre de Fernando José Bermúdez Ramos en las investigaciones por corrupción en PDVSA, se descubrió que la información proporcionada por Lizcano Manrique a la Subcomisión era falsa. Las empresas involucradas en el programa CLAP no solo tenían sobreprecios en las ofertas que presentaron a la República, sino que además los alimentos que distribuyeron no cumplían con las normas de calidad y algunos de ellos no eran aptos para el consumo humano.
Bermúdez Ramos es acusado de ser socio de la empresa Max Power Engineering Limited, la cual se vio envuelta en el escándalo de corrupción de PDVSA por irregularidades en la venta de alimentos para el programa CLAP.
Debido al incumplimiento en el pago de los honorarios por parte de la Asamblea Nacional, los bufetes de abogados contratados en España demandaron a los exdiputados miembros de la Subcomisión, incluyendo a Richard Eloy Arteaga Blakma, por la deuda contraída. Además, acusaron a varios exdiputados, entre ellos José Brito, Luis Parra y Adolfo Superlano, de falso testimonio y falta de honestidad en sus declaraciones sobre el caso CLAP.
Denuncia de exdiputado confirma trama de corrupción en Venezuela que involucra a empresas sancionadas y testaferros
Una denuncia dirigida por el exdiputado venezolano Conrado Pérez al abogado Salvador Pimentel ofrece detalles de la trama de corrupción que involucra a la empresa Max Power Engineering Limited, objeto de sanciones y juicios en Estados Unidos, y a su representante legal, Miguel Ángel González Biagione. La denuncia, que se basa en información estudiada durante la gestión del denunciante en la Comisión de Contraloría, señala que Max Power Engineering Limited fue contratada por una entidad del Estado venezolano para la venta de alimentos importados destinados a las Cajas CLAP.
Conrado Pérez
El contrato, que estipulaba el suministro de grandes cantidades de alimentos básicos como pasta, arroz, harina de maíz, atún, leche en polvo, aceite vegetal, caraotas, lentejas, azúcar y salsa de tomate, ascendió a la suma de 269 millones de euros. Sin embargo, la denuncia alega que no existe evidencia de que la mercancía haya sido entregada en Venezuela, a pesar de haberse realizado el pago a la cuenta bancaria de Max Power Engineering Limited en el banco búlgaro INVESTBANK AD.
Como consecuencia de las sanciones impuestas a Venezuela y de las regulaciones europeas, la Fiscalía de Sofía (Bulgaria) abrió una investigación y bloqueó la cuenta bancaria mencionada. La investigación ha revelado que la sociedad está vinculada con Fernando Bermúdez, quien presuntamente utilizó a Miguel Ángel González Biagione como testaferro para representar las acciones de la empresa y evadir las sanciones internacionales.
La denuncia también señala la existencia de una conexión entre Max Power Engineering Limited y FB Foods, empresa propiedad de Fernando Bermúdez, a través del uso del mismo banco en Sofía y Liechtenstein, la empresa administradora Swiss Latam y el gestor bancario Zwetam Zanev. Agrega también que Bermúdez, giraba instrucciones sobre Max Power Engineering Limited sin ningún tipo de controles, ejerciendo un rol como propietario de facto de la empresa.
Según la denuncia, FB Foods, propiedad de Bermúdez, ha sido objeto de señalamientos por sobreprecios y daño patrimonial a la República, lo cual fue discutido en la Asamblea Nacional y en la Comisión de Contraloría. Bermúdez habría utilizado a González Biagione y a Max Power Engineering Limited como fachada para continuar operando y obteniendo contratos con empresas estatales venezolanas.
También se revela que ninguna de las empresas involucradas son realmente extranjeras, pues sus propietarios son venezolanos. Fue así que el Estado venezolano contrató la compra de alimentos con empresas de China, Malasia, Singapur, Panamá y Estados Unidos, entre otros, pero siempre se trataba de «empresas de maletín» que se pueden adquirir fácilmente en internet. Los contratistas eran venezolanos que se presentaban como inversionistas con sociedades extranjeras. FB Foods tenía una filial en Hong Kong, mientras que Max Power Engineering Limited también era una sociedad originada en la misma jurisdicción, controlada en 2017 por el venezolano Jose Luis González Socas, cuando González le vendió la mitad de las acciones a Miguel Ángel González Biagione.
Denuncia de corrupción y aclaraciones del exdiputado venezolano Conrado Pérez
El exdiputado venezolano Conrado Pérez, en una carta dirigida en Miami al abogado penal Jay A. White, con fecha no especificada, expone su versión sobre una investigación relacionada con su labor parlamentaria y las denuncias de corrupción que realizó durante su período como diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela (2015-2020).
Conrado Pérez
Pérez, quien representó al estado Trujillo, explica que su rol como diputado de la oposición se caracterizó por denunciar actos de corrupción que afectaban no solo a sus electores sino a todo el país. Estas denuncias se centraron en la legitimación de capitales y la corrupción, lo que lo llevó a iniciar una lucha contra estos flagelos desde su posición en la Asamblea Nacional.
En su carta, Pérez menciona que su compromiso con el pueblo venezolano y con el país es recuperar la democracia y lograr una Venezuela libre. Adicionalmente, señala su interés en rastrear y recuperar el dinero que considera fue robado y apropiado indebidamente por un grupo de criminales, quienes, según afirma, ahora viven como príncipes en Europa y Estados Unidos, mientras Venezuela atraviesa una profunda crisis.
El exdiputado relata que tuvo conocimiento de una investigación en curso sobre hechos que podrían estar relacionados con su actividad parlamentaria. Motivado por este conocimiento, Pérez expresa su interés en colaborar con el abogado White para esclarecer cualquier duda sobre la legalidad y legitimidad de sus acciones como parlamentario, las cuales asegura se llevaron a cabo dentro del marco jurídico constitucional y legal venezolano.
Detalles de la investigación y hallazgos de la comisión
Conrado Pérez detalla en la carta aspectos de la investigación que se realizó en Venezuela en relación a sus denuncias de corrupción. Menciona que, en el marco de dicha investigación, se citaron a las personas involucradas, se revisaron documentos, y se llevaron a cabo visitas in situ para verificar la información presentada.
Uno de los puntos relevantes de la investigación se centró en la empresa Salva Food, ubicada en el estado Vargas. Pérez explica que la comisión encargada de la investigación se trasladó a la sede de la empresa para verificar las condiciones de la misma. Contrario a las denuncias del diputado Ismael León, quien afirmaba que se trataba de una «empresa de maletín», la comisión constató que Salva Food contaba con una nómina de 12.000 trabajadores, que sus productos eran manipulados con estrictos controles y que cumplía con sus obligaciones legales.
Pérez también menciona que, como parte de la investigación, se tomaron muestras aleatorias de alimentos en presencia de trabajadores de Salva Food, la diputada constituyente María Alejandra Díaz, el representante de la empresa, Carlos Lizcano, y su apoderado judicial, Pedro Francisco Aranguren Gualdron. Estas muestras fueron enviadas al laboratorio de la Universidad Central de Venezuela para su análisis físico y químico, con el objetivo de determinar si eran aptas para el consumo humano y cumplían con los estándares mínimos nutricionales.
En el documento se menciona al ciudadano Fernando Bermúdez, indicando que la Comisión de Contraloría no emitió ninguna constancia a su favor ni a favor de otras empresas que estaban siendo investigadas por la comisión, debido a que algunas de ellas eran consideradas empresas de maletín que participaban en esquemas de sobreprecio de productos CLAP.
