Gilson Mauricio Barroeta Florez, un personaje que se convirtió en sinónimo de misterio y enigma en Venezuela, tejió una compleja red de negocios en Florida desde al menos el año 2012. Sus empresas, dedicadas a la importación de vehículos, maquinaria y bienes muebles, se extendieron como un tentáculo hacia el mercado venezolano, incursionando en el servicio de encomiendas entre sur de la Florida y Barquisimeto.
Su nombre, sin embargo, no solo se asocia a los negocios puerta a puerta. Barroeta Florez ha estado envuelto en controversias y escándalos que han generado un sinfín de especulaciones. En algunos documentos y artículos periodísticos, su apellido ha sido erróneamente escrito como «Flores», con «s», en lugar de «Florez», con «z», como legalmente es su identidad. Se presume que el apellido Florez obedece a un error tipográfico heredado de su madre, por Gilson y por uno de sus hermanos, pues el apellido materno correctamente escrito debería ser Flores.
La confusión se intensifica al relacionar el nombre de Gilson Barroeta Florez con Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, la esposa del mandatario venezolano Nicolás Maduro. A pesar de las especulaciones que han tejido un vínculo entre Barroeta Florez y la «primera combatiente», y de que supuestamente el propio Barroeta Florez se haya presentado en alguna ocasión ante terceras personas como pariente de la diputada, hasta la fecha no se ha confirmado ningún parentesco entre ellos.
El nombre de Gilson Mauricio Barroeta Florez, natural de El Amparo, estado Apure, pero durante años residenciado en la ciudad venezolana de Barquisimeto, irrumpió en el panorama mediático en febrero de 2017, ligado a un caso que sacudió las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo vinculó a la venta de armas de fuego a los primos Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, quienes fueron arrestados en Haití en noviembre de 2015 por la DEA y acusados de un supuesto complot para traficar 800 kilos de cocaína hacia territorio estadounidense.
La acusación contra los primos Flores, que culminó en una condena de 18 años de prisión en 2018, se basó en parte en las conversaciones que Efraín Antonio Campo Flores mantuvo con Gilson Barroeta Florez entre mayo y septiembre de 2015. Según la fiscalía, Barroeta habría suministrado armas a Campo Flores para reforzar su seguridad personal, incluyendo mini Uzis y rifles AR-15.
El vínculo entre Barroeta Florez y los primos Flores se fortaleció con la presentación de fotografías de las armas que estaban negociando, enviadas por Barroeta a los teléfonos de los Flores. La defensa de Efraín Campo Flores lo identificó como un «amigo» de Campo Flores, argumentando que las menciones sobre las armas de fuego se basaban en mensajes de chat que se limitaban a comentarios y bromas sobre las mismas, sin pruebas de que las armas fueran reales o de cómo se usaron o cómo pretendían usarlas.
A pesar de la condena, los primos Flores fueron indultados por el presidente estadounidense Joe Biden el 1 de octubre de 2022, en un intercambio de prisioneros por siete ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. La liberación de los primos Flores, sin embargo, no ha apagado la polémica en torno a la figura de Gilson Barroeta Florez, cuyo nombre sigue resonando en un caso que sacudió las relaciones entre ambos países.
En el marco de las acusaciones presentadas en Nueva York, Barroeta fue señalado por realizar las gestiones necesarias para que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela concediera un permiso. Este permiso permitiría que un avión Dassault Falcon despegara desde Barquisimeto hacia Maiquetía, con el objetivo aparente de transportar las armas.
Por otro lado, en las conversaciones que el gobierno estadounidense presentó al jurado, Campo Flores enfatizaba la importancia del traslado aéreo del armamento desde el estado Lara, ubicado en el centroccidente de Venezuela, hasta Caracas. En un fragmento de la comunicación, Campo Flores sugería a Gilson que, si fuera posible, escondiera las armas en los compartimentos de un avión. Como último recurso, le propuso que las ocultara en un cochecito de bebé.
Múltiples empresas importadoras desde 2012
Gilson Barroeta Florez tejió una red de compañías en Florida entre 2012 y 2015. En este entramado empresarial, no solo se encontraba Barroeta, sino también su esposa, Teogleydis Handreina Camacaro León, y la hermana de esta, Aleuzenev Johanna Camacaro León. Un ejemplo de esta colaboración familiar se observa en la sociedad Barquisimeto Cargo Express CA LLC, fundada el 28 de enero de 2013.
Las hermanas Camacaro León, hijas de Rafael Camacaro y Gladys León, una pareja de pastores evangélicos y docentes universitarios de Barquisimeto, líderes de una comunidad religiosa conocida como Ministerio de Apoyo Integral a la Familia, perteneciente a una iglesia cristiana, se unieron a Barroeta en este proyecto empresarial. Tras un noviazgo que se extendió desde el año 2000, la unión entre Barroeta y Teogleydis Camacaro se había sellado con su boda en 2009, en una elegante ceremonia cristiana celebrada en el Hotel Jirahara de Barquisimeto.
Barquisimeto Cargo Express CA LLC se dedicaba al envío de encomiendas por vía marítima y aérea, puerta a puerta, desde un almacén ubicado en Doral, Florida, específicamente en (5900 NW 99th Ave #04, Doral, FL 33178), hasta su almacén y oficinas en las adyacencias de la Urbanización Fundalara en Barquisimeto, urbanización donde la familia Barroeta residía desde hacía años.
Barquisimeto Cargo Express CA LLC, junto a otras empresas constituidas en Miami, como Constructora Ecológica D & M C.A. INC. (marzo, 2012); Agri Import G & a C.A. Inc (abril, 2012); Importadora Lescar C.A. Corp. (mayo, 2012) y Corporación GBF LLC (marzo 2015), esta última con las iniciales de Gilson Barroeta Florez, le permitieron a Barroeta incursionar en la importación a Venezuela de una amplia gama de bienes muebles, desde repuestos hasta automóviles de lujo, maquinaria, equipos y, según la justicia estadounidense, también armas que posteriormente habría ofrecido en venta a los primos Flores.
La extraña salida de Gilson Barroeta Florez de Barquisimeto Cargo Express y su relación con otro acusado federal
En julio de 2015, coincidiendo en época con las negociaciones entre Gilson Barroeta y los primos Flores, reveladas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Barroeta fue removido como director de Barquisimeto Cargo Express CA LLC. La compañía, fundada por Barroeta tres años antes, continuó operando hasta mayo de 2016, pero bajo una nueva dirección.
¿Qué motivó la salida de Barroeta de la empresa? ¿Estaban las autoridades federales al tanto de un posible tráfico ilegal de armas a Venezuela por parte de Barroeta? ¿Se convirtió Barroeta en un actor clave en un plan federal para capturar a los primos Flores? Son preguntas que aún no tienen respuesta definitiva.
Cuatro meses antes de su salida de Barquisimeto Cargo Express, Barroeta había creado la Corporación GBF LLC, en marzo de 2015. Sin embargo, la vida de esta empresa fue efímera, y ya en 2016 se encontraba inactiva. Un dato curioso es que Helwin Adán Sandino Sánchez, quien figuraba como directivo de la Corporación GBF LLC, fue acusado en un caso federal, presentado en Nuevo México, en 2021. La naturaleza de este caso aún es un misterio. Helwin Sandino también había sido socio de Barroeta en Barquisimeto Cargo Express en 2015.
La participación directa de Gilson Barroeta como directivo de compañías en Florida llegó a su fin en 2016, inmediatamente luego del arresto de los primos Flores. La relación entre estos eventos y la salida de Barroeta de Barquisimeto Cargo Express sigue siendo un enigma.
Deuda de condominio en 2016 evidenció cambios en la vida de Barroeta
En julio de 2016, Gilson Barroeta se vio envuelto en un conflicto legal con la Asociación de Condominios de Doral Isles, Inc. La entidad presentó una demanda contra el propietario por el impago de las cuotas de mantenimiento de su propiedad ubicada en el 10957 NW 59 Street, Doral, Florida.
La demanda, interpuesta ante el Tribunal de Circuito del Undécimo Circuito Judicial en Miami-Dade, Florida, acusaba a Barroeta de acumular una deuda de $3.184,23 al 10 de mayo de 2016. La Asociación, amparándose en el Estatuto 718.116 de Florida, registró un gravamen contra la propiedad de Barroeta el mismo día, incluyendo la cantidad adeudada más intereses, costos, cargos por mora y honorarios de abogados.
Previamente a la acción legal, la Asociación había notificado a Barroeta, el 14 de abril de 2016, sobre su intención de ejecutar el gravamen. La notificación, enviada por correo certificado con acuse de recibo, detallaba la deuda y otorgaba un plazo de 45 días para saldarla o impugnar su validez. La misiva también advertía sobre la posibilidad de iniciar una acción legal, incluyendo una ejecución hipotecaria y una demanda por daños y perjuicios, en caso de incumplimiento.
La Asociación, cumpliendo con la Ley de Prácticas Justas de Cobro de Deudas, notificó a Barroeta sobre su derecho a impugnar la validez de la deuda o parte de ella dentro de los 45 días posteriores a la recepción de la notificación.
A pesar de la acción legal, la Asociación se mostró abierta a negociar un plan de pago mutuamente aceptable con Barroeta para saldar la deuda.
Gilson Barroeta figuraba como el único propietario de la vivienda en cuestión, aunque en la demanda se mencionaron otros inquilinos no identificados. El caso también puso de manifiesto que la situación de Barroeta en Estados Unidos había estado experimentando cambios.
Febrero de 2017: primera aprehensión en Venezuela
En la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, Gilson Barroeta Florez fue aprehendido bajo cargos de extorsión y posesión ilegal de armas. Este arresto ocurrió el sábado 18 de febrero de 2017, apenas unos días después de que su nombre apareciera en el expediente de los primos Flores en Nueva York. En el momento de su detención, Barroeta Florez estaba acompañado por Eliomar Jesús Aponte Mendoza y Robert David Zapata Aldana, sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana, quien estaba asignado a la Guardia de Honor Presidencial. Los tres hombres fueron inmediatamente encarcelados.
Se acusó a Barroeta y a sus presuntos cómplices de haber exigido una suma de 800.000 bolívares como pago de extorsión para devolver un vehículo de la marca Mazda a un hombre de 54 años. Este último había denunciado la extorsión a las autoridades policiales.
La detención fue llevada a cabo por el comando antiextorsión y secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana, mediante una entrega controlada. Esta operación fue ordenada por un Tribunal de control y se realizó en presencia de una fiscal. Tras la detención, se ordenó un allanamiento en la residencia de Barroeta Florez, situada en la urbanización Monterreal. Durante este allanamiento, se encontraron presuntamente armas de alto calibre y municiones.
Un dato interesante es que un número de teléfono que pertenecía a Barroeta en el año 2017, y que fue revelado por las autoridades del estado Lara, coincidía con el número presentado en Nueva York por las autoridades estadounidenses durante el juicio de los primos Flores, que tuvo lugar en noviembre de 2016.
Corte de apelaciones de Lara y TSJ confirman sobreseimiento a favor de Gilson Barroeta Florez
Los acusados, Gilson Mauricio Barroeta Florez y Robert David Zapata Aldana, fueron denunciados por Ramón Alexander Escobar Luque, quien alegó ser víctima de amenazas e intimidaciones por parte de Barroeta Florez para saldar una deuda. La denuncia fue presentada ante el Grupo Antiextorsión y Secuestro N° 12-Lara el mismo día de la detención, el 18 de febrero de 2017. Los hombres fueron imputados por extorsión, agavillamiento y tráfico ilícito de armas.
Tres días después de la denuncia, el 21 de febrero, se llevó a cabo una audiencia de presentación de imputados. En la misma, el juez Edgardo Sánchez Clara decretó la libertad plena de Barroeta Florez y Zapata Aldana, anulando tanto el acta de investigación penal como la precalificación fiscal. A pesar de que el Ministerio Público apeló esta decisión, la Corte de Apelaciones la confirmó el 2 de marzo de 2017.
El 28 de julio de 2017, la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, liderada por la fiscal Yaritza Marina Berrios Baptista, presentó un acto conclusivo en el que solicitaba el sobreseimiento de la causa. La fiscalía argumentó que, tras las investigaciones, no se encontraron pruebas suficientes para imputar a Barroeta Florez y Zapata Aldana por los delitos denunciados.
Es importante mencionar que Yaritza Berrios Baptista, la misma fiscal que solicitó el sobreseimiento de la causa, fue objeto de una orden de captura el 26 de septiembre de 2017, en un caso aislado. Se le acusó de encubrir una extorsión supuestamente cometida por cuatro funcionarios del Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Lara, en perjuicio de un comerciante de repuestos automotrices de ascendencia siria.
Finalmente, el 1 de noviembre de 2018, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara confirmó la decisión del Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal y Municipal N° 04, que decretó el sobreseimiento de la causa seguida contra Barroeta Florez y Zapata Aldana.
En el caso de Barroeta, la fiscalía liderada por Yaritza Berrios Baptista, basó su petición de sobreseimiento en una serie de pruebas. Entre ellas, se incluyeron el acta policial, las experticias de reconocimiento, el análisis de comunicaciones, el dictamen pericial y las entrevistas. Estos elementos evidenciaron la existencia de negociaciones comerciales anteriores entre la supuesta víctima y Barroeta Florez, que culminaron en una deuda que el propio Escobar Luque reconoció en sus denuncias.
El estudio de las conversaciones telefónicas resultó ser un factor determinante en la decisión, ya que no se detectó un lenguaje extorsivo por parte de Barroeta Florez. Además, se verificó que el arma de fuego confiscada a Barroeta Florez en el momento de su arresto, estaba debidamente registrada a su nombre en la Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX).
Tras examinar las pruebas presentadas por la fiscalía, el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal y Municipal n° 04 decidió aceptar la solicitud y decretó el sobreseimiento del caso el 12 de septiembre de 2017.
La defensa de Escobar Luque apeló la decisión, pero después de un largo proceso que sufrió varias demoras, la corte de apelaciones del estado Lara finalmente confirmó el sobreseimiento el 1 de noviembre de 2018.
La corte concluyó que la decisión del tribunal de primera instancia estaba adecuadamente fundamentada y cumplía con los requisitos legales, por lo que no encontró motivos para revocarla.
Así, Gilson Mauricio Barroeta Florez y Robert David Zapata Aldana quedaron libres de los cargos que se les imputaban, después de argumentar que Ramón Alexander Escobar había incurrido supuestamente en la simulación de un hecho punible.
Finalmente, el 7 de agosto de 2019, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en sala de casación penal, declaró “manifiestamente infundado” el recurso de casación presentado ante ese organismo por la defensa de Ramón Alexander Escobar Luque, quien se consideraba víctima de una presunta extorsión por parte de Gilson Mauricio Barroeta Florez.
El origen del conflicto entre Barroeta y Escobar
En el año 2014, durante el mes de octubre, se produjo un encuentro entre Escobar Luque y Barroeta Florez, gracias a la intervención de un amigo que tenían en común. En dicho encuentro, Barroeta Florez propuso a Escobar Luque la adquisición de vehículos de importación. Sin embargo, tras la realización de la transacción, Escobar Luque se encontró inmerso en un conflicto legal por la titularidad de los vehículos, ya que alegaba que Barroeta Florez había cometido falsificación de documentos para acusarlo de apropiación indebida.
Una vez que Escobar Luque pudo demostrar la legalidad de su adquisición, logró recuperar los vehículos. No obstante, desde aquel momento, afirmó haber sido objeto de amenazas por parte de Barroeta Florez, quien, según Escobar, le exigía un pago de 230 millones de bolívares para no atentar contra su vida y la de su familia.
En enero de 2017, Escobar Luque decidió presentar una denuncia ante el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la guardia nacional bolivariana en Barquisimeto, estado Lara. En su denuncia, señaló a Gilson Barroeta Florez como el autor de las amenazas y a Robert David Zapata Aldana como su cómplice.
En julio de 2017, la fiscalía del ministerio público solicitó el sobreseimiento de la causa, argumentando que no se habían encontrado pruebas suficientes para imputar a Barroeta Florez y Zapata Aldana por los delitos de extorsión, agavillamiento y tráfico ilícito de armas.
El juzgado cuarto de primera instancia estadal en funciones de control del circuito judicial penal del estado Lara, así como la corte de apelaciones del mismo circuito judicial, confirmaron el sobreseimiento de la causa en 2017 y 2018, respectivamente.
La defensa de la víctima presentó un recurso de casación en el TSJ, argumentando que las decisiones previas no se ajustaban a derecho y que no se habían considerado todas las pruebas presentadas, incluyendo mensajes y llamadas amenazantes por parte de Barroeta Florez.
No obstante, el TSJ, en ponencia del magistrado Maikel Moreno, desestimó el recurso de casación, considerando que la denuncia no cumplía con los requisitos de fundamentación legal y que no se habían evidenciado vicios de procedimiento en las decisiones previas.
Con esta decisión, el TSJ confirmó el sobreseimiento de la causa contra Gilson Mauricio Barroeta Florez y Robert David Zapata Aldana, dando por finalizado el proceso judicial por extorsión, agavillamiento y tráfico ilícito de armas.
El conflicto entre Gilson Barroeta y Ramón Alexander Escobar Luque, que llegó a incluir una disputa por una lujosa camioneta Lexus, escaló hasta las redes sociales. Allí, se señaló a Escobar Luque de haber participado supuestamente en actos de corrupción en la represa de Yacambú, en el estado Lara, a través de los cuales Escobar Luque habría acumulado una fortuna de 30 millones de dólares, convirtiéndose en propietario del Living Hotel en el estado Barinas.
De las encomiendas a la minería de criptomonedas: segunda detención en Barquisimeto
El 17 de noviembre de 2017, en la localidad de Colinas de Santa Rosa, Barquisimeto, estado Lara, se produjo otro suceso que sacudió a la comunidad. Gilson Mauricio Barroeta Florez, hasta hacía poco empresario de encomiendas e importaciones, fue detenido por funcionarios de la Dirección General De Contrainteligencia Militar (Dgcim). Este arresto se produjo después de que su negocio se viera forzado a cerrar sus puertas en Estados Unidos, sin dar mayores explicaciones. La detención fue el resultado de investigaciones llevadas a cabo por la Dgcim por presuntos delitos cambiarios y estafas. Este incidente marcó la segunda vez en ese mismo año que Barroeta Florez se encontraba en manos de la justicia.
Las autoridades, tras realizar un allanamiento en una vivienda propiedad de Barroeta, descubrieron en su interior 16 máquinas de minería de criptomonedas, grandes sumas de dinero y varios portes de armas largas emitidos por la dirección de armas y explosivos (DAEX). Los residentes de la urbanización informaron haber visto en varias ocasiones caravanas de vehículos blindados y sujetos con armas largas y escoltas.
Barroeta Florez estaba bajo investigación por su presunta vinculación con estafas a la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) e ilícitos cambiarios. Tras el allanamiento de su residencia, las autoridades localizaron varias direcciones donde Barroeta Florez tenía una red de máquinas de minería de criptomonedas. Se estimaba que poseía más de 200 máquinas en diferentes ubicaciones, minando el mercado virtual. Cada una de estas máquinas de minería de criptomonedas tenía un costo aproximado de 5.000$ y generaba un alto consumo eléctrico, lo cual causó alarma.
En noviembre de 2017, durante la aprehensión de Gilson Barroeta, también fueron detenidos dos de sus familiares: Yurnel Miguel Barroeta Rondón y Alfredo José Barroeta. Los tres fueron acusados de legitimación de capitales.
El caso, una vez más, llegó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela y el 20 de agosto de 2021 la Sala Constitucional del TSJ ordenó al Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Lara que informara con urgencia sobre el estado del caso que involucra a los ciudadanos Gilson Mauricio Barroeta Flores, Yurnel Miguel Barroeta Rondón y Alfredo José Barroeta, por presunta legitimación de capitales.
Gilson Barroeta, Yurnel Barroeta y Alfredo Barroeta habían sido aprehendidos en flagrancia en el estado Lara. El Juzgado Séptimo de Primera Instancia Estadal en Función de Control del Circuito Judicial Penal de la entidad los privó de libertad por 45 días, por la presunta comisión de legitimación de capitales, según lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Tanto la Fiscalía 22° como la Fiscalía Superior del Ministerio Público en Lara solicitaron el archivo de la causa en diciembre de 2017 y enero de 2018, alegando falta de elementos de convicción para presentar una acusación formal. Ante la falta de pronunciamiento sobre la solicitud de archivo, el abogado defensor de los ciudadanos, José Ramón Pineda Rodríguez, interpuso varias acciones de amparo, tanto ante el tribunal de la causa como ante la Corte de Apelaciones. Sin embargo, dichas acciones fueron declaradas inadmisibles o no obtuvieron respuesta oportuna.
En este contexto, la Sala Constitucional del TSJ, bajo la ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Jover, exigió un informe detallado sobre las actuaciones del juzgado y la corte de apelaciones en el caso, que luego se resolvería, permitiendo a Gilson Barroeta emigrar de Venezuela.
Investigado en República Dominicana por préstamo fraudulento del Banco Peravia
En enero de 2016, la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana se encontraba investigando un complejo caso de fraude financiero que involucraba a varios extranjeros y a los directivos del extinto Banco Peravia. La investigación se centró en la concesión de préstamos millonarios de manera fraudulenta, lo que llevó a la detención de varios ejecutivos de la entidad y a la solicitud de extradición de otros.
Según las denuncias presentadas por el abogado César Amadeo Peralta, en representación de varios empresarios afectados por la quiebra del Banco Peravia, los principales directivos, liderados por los venezolanos José Luis Santoro Castellano y Gabriel Arturo Jiménez Aray, habrían utilizado sus posiciones para realizar operaciones fraudulentas en perjuicio de los ahorrantes.
La acusación de la fiscalía dominicana fue contundente: los directivos del banco habrían sustraído los fondos de los ahorrantes, violando las leyes monetarias y financieras de la República Dominicana, además de incurrir en delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, estafa y abuso de confianza.
Uno de los créditos fraudulentos bajo investigación fue el «préstamo #6734» por RD$5,300,000.00 (5 millones 300 pesos dominicanos), otorgado a nombre de Gilson Mau Barroeta Florez, ciudadano venezolano. Sin embargo, según una fuente cercana al caso, Barroeta ha negado haber estado en República Dominicana y haber recibido dicho crédito irregular.
Exjuez señala a Gilson Barroeta de haberlo amenazado: ¿tráfico de armas camuflado bajo una compañía de encomiendas?
En una carta pública que se hizo eco en los medios de comunicación venezolanos en noviembre de 2019, Edgardo Ramón Sánchez Clara, un exfiscal del Ministerio Público y juez penal, reveló su situación de vida. Residiendo en Suecia desde hacía más de un año, Sánchez Clara solicitaba asilo en el país nórdico, alegando que su vida en Venezuela estaba en peligro.
Sánchez Clara había sido el juez que, el 21 de febrero de 2017, decretó el sobreseimiento a favor de Gilson Barroeta Florez, quien había sido detenido por primera vez en Barquisimeto ese mismo año, el 18 de febrero. Sin embargo, después de haber sido destituido de su cargo por negarse a favorecer a Barroeta y a otro individuo identificado como Marcos Flores, Sánchez Clara comenzó a recibir amenazas de muerte. “A las pocas semanas recibí amenazas de muerte mediante mensajes y llamadas hechas y o mandadas a realizar por Gilson Barrueta flores y marcos flores en las cuales me decían que cerrara la boca y no dijera nada de sus actos criminales y de sus expedientes si no quería que me mataran o a alguno de mis hijos», afirmó el exjuez en su carta.
Además, Sánchez Clara aseguró tener conocimiento de que ambos hombres estaban supuestamente vinculados con el «tráfico de drogas y el tráfico de armas y explosivos». La posesión de armas largas, incluidos fusiles AR-15, por parte de Barroeta en Venezuela, sugiere la posibilidad de que este haya utilizado sus compañías de encomiendas para traficar tales armas entre Florida y Barquisimeto. En Venezuela, las armas largas están destinadas a órganos de seguridad y a la fuerza armada, no a civiles, por lo que es irregular que un civil posea tal armamento.
En el año 2006, específicamente en el mes de mayo, el gobierno de Estados Unidos decidió establecer una restricción en la venta de armas a Venezuela. La razón detrás de esta decisión fue la supuesta falta de colaboración del país latinoamericano en los esfuerzos por combatir el terrorismo. Esta medida restrictiva abarcó todas las ventas militares, así como la tecnología y el armamento estadounidense que pudiera ser vendido a Caracas por terceros países.
A pesar de esta prohibición, se han detectado situaciones en las que ciudadanos venezolanos han logrado burlar la restricción, utilizando empresas de envíos para introducir armas y municiones a Venezuela, ocultándolas entre objetos cotidianos.
De acuerdo con una fuente cercana a la situación, los revendedores venezolanos han encontrado la manera de adquirir, a través de intermediarios en Estados Unidos, lotes de fusiles AK-47 y AR-15, los cuales son altamente demandados por las organizaciones criminales en Venezuela. Los AK-47 pueden ser adquiridos por un precio que oscila entre los 200 y 350 dólares por unidad en Estados Unidos, mientras que los AR-15 pueden llegar a costar hasta 500 dólares. Estos últimos son especialmente valorados por los delincuentes debido a que han sido modificados para ser más compactos y fáciles de ocultar, lo que los hace ideales para aquellos que desean portar fusiles de calibre 223 o 556 sin atraer la atención.
Para introducir las armas a Venezuela, los revendedores las esconden en cajas de objetos comunes, como televisores o muebles desmontables, y las envían desde Florida a través de empresas de envíos puerta a puerta. Una vez que las armas llegan a Venezuela, son vendidas por un precio que oscila entre los 6 y 8 mil dólares por cada fusil, lo que representa una ganancia considerable para los revendedores. Por ejemplo, si un revendedor compra 40 fusiles AK-47 a 300 dólares cada uno, y luego los vende a 7 mil dólares, obtendría una ganancia de 268 mil dólares, descontando los gastos de envío, que se estima no superen los 8 mil dólares.
Según una fuente en Florida vinculada a la investigación federal, los principales compradores de estas armas en Venezuela son los pranes, líderes de las organizaciones criminales que controlan el poder y la violencia dentro de las cárceles. Los pranes utilizan estas armas para imponer su autoridad, extorsionar, amenazar y asesinar a otros reclusos, así como para coordinar actividades delictivas fuera de las cárceles, con la complicidad de funcionarios corruptos.
Fin de las sociedades en Estados Unidos desde 2016 y mudanza de Venezuela a Panamá
Desde el año 2016 en adelante, la esposa de Gilson Barroeta y su hermana Aleuzenev, ambas previamente asociadas a la empresa de encomiendas Barquisimeto Cargo Express, han tomado rumbos distintos. Mientras que la esposa de Barroeta decidió abrir Peekaboo, una tienda de ropa infantil en la Ciudad Comercial Las Trinitarias de Barquisimeto, Aleuzenev optó por dedicarse a la venta de seguros en Estados Unidos. A principios de 2021, intentaron reactivar Barquisimeto Cargo Express, pero por razones aún desconocidas, sus planes parecen haberse frustrado.
Por otro lado, los esposos Barroeta Camacaro parecen haber tomado la decisión de emigrar de Venezuela. Sin embargo, en lugar de regresar a Estados Unidos, donde vivieron anteriormente, han optado por un país de clima más tropical. A pesar de esto, Gilson Barroeta parece empeñado en mantener la apariencia de que aún reside en suelo norteamericano, quizás por temor a los numerosos enemigos que ha acumulado en años recientes en otros países, debido a sus oscuros negocios. Pero de ser eso cierto, de continuar residiendo en los Estados Unidos, entonces ello pudiera interpretarse como que Barroeta colaboró de algún modo con las autoridades federales en el caso contra los primos Flores, pues no sería comprensible que un extranjero sospechoso de haber traficado ilegalmente armas, continúe teniendo presencia en suelo norteamericano sin inconveniente alguno.
Gilson Barroeta es conocido por su pasión por los deportes, incluyendo el motocross y el paintball. Según un venezolano que afirma haber coincidido con Barroeta en Panamá, esta pasión ha sido transmitida a su hijo, quien ahora se dedica al pádel y al fútbol en la capital panameña. El testigo afirma haber visto a Barroeta recientemente en una cancha de pádel en el Centro Comercial Costa Sur en la Ciudad de Panamá, donde Barroeta y su familia ahora residen.
En Panamá también se encuentra la matriz de L.T. Luxury Cars, un concesionario de automóviles de lujo con una subsidiaria en Barquisimeto, Venezuela. La empresa está dirigida por el venezolano Leonardo Javier Trujillo Pacheco, un individuo con un pasado oscuro y misterioso vinculado a Rodolfo Raschid Velasco Kassem, quien ha sido señalado como presunto lavador de dinero para el narcotraficante colombiano Daniel «El Loco» Barrera. Trujillo Pacheco estuvo involucrado en un incidente de tránsito en Barquisimeto en 2011, cuando conducía un lujoso Audi y amenazó con una UZI de 9mm a un conductor de transporte público. Después de este incidente, Trujillo se presentó en los tribunales, irónicamente, como un supuesto asistente de pastor evangélico.
Los caminos de Gilson Barroeta y Leonardo Trujillo Pacheco parecen haberse cruzado en algún punto, y no de la mejor manera. Ambos han estado involucrados en la importación y venta de automóviles de lujo, entre otras actividades opacas. Esta podría ser la razón detrás de una confrontación velada entre Barroeta y Trujillo, con trampas y acusaciones mutuas detrás de escena.
Quizás, ahora en Panamá, un país conocido por algunos de sus rivales, Barroeta intente replicar de alguna forma su oscura experiencia pasada con la logística de carga e importaciones de autos y otras «menudencias» a Venezuela.
