Por Pilar Martínez
En 2017, el nombre de tres hermanos copó relevancia en la escena pública venezolana, tras el anuncio, el 19 de septiembre de ese año, de la captura de uno de ellos, según anunció el Ministerio Público de Venezuela. El detenido fue Carlos Esteban Urbano Fermín quien, junto a sus hermanos Carlos Enrique y Carlos Eduardo, era propietario de la empresa Constructora Urbano Fermín C.A. (Cuferca), establecida en 2008 y vinculada a casos de desfalco en empresas mixtas de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), específicamente en la Faja Petrolífera del Orinoco. Este cinturón petrolero alberga las reservas más grandes del mundo de crudo pesado y extrapesado. Allí Pdvsa ha establecido alianzas con compañías extranjeras para la explotación de estos recursos.
La orden de detención de Carlos Esteban Urbano fue emitida por el tribunal de control número 6 del estado Anzoátegui. El Ministerio Público le imputó cargos de asociación para delinquir, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista. Asimismo, se emitieron órdenes de captura contra Carlos Enrique y Carlos Eduardo Urbano Fermín por los mismos delitos, aunque estos últimos siguen prófugos de la justicia venezolana hasta la fecha.
Para ese entonces, los hermanos Urbano Fermín ya habían consolidado una notable influencia en el estado Anzoátegui, donde habían fundado, además de Cuferca, una red de empresas en la que figuraban las iniciales «U.F.» en referencia a sus apellidos. Entre estas compañías sobresalían Servicios y Suministros Especializados U.F. (Syseufsa, S.A.), luego transformada en Transporte U.F. (Transufca, C.A.); Concremix Oriente, C.A.; Premezclados y Agregados Los Llanos, C.A.; Constructora U.F., C.A.; Dimasufca; Agroindustrial La Fundadora; y Servicios y Construcciones Rocca, C.A. Estas empresas abarcaban una variedad de sectores, desde obras civiles, eléctricas y mecánicas, hasta transporte de carga pesada, vialidad, suministro de madera, concreto premezclado y otros materiales de construcción, además de actividades mineras y agropecuarias, cubriendo un amplio espectro industrial.
De esta manera, los hermanos Urbano Fermín lograron posicionarse en el estado Anzoátegui como contratistas de diversas instituciones gubernamentales y empresas vinculadas al sector petrolero.
Uno de los contratos más rentables para los Urbano Fermín, a partir de 2010, consistió en el transporte de coque —un subproducto del petróleo— y su almacenamiento en grandes pilas dentro del Complejo Industrial Petroquímico y Petrolero José Antonio Anzoátegui. Aunque el contrato original estipulaba la duración de esta actividad en un año, con posibilidad de prorrogarlo tres meses adicionales, la labor se extendió durante varios años. La empresa de los Urbano Fermín se benefició particularmente de la avería de las cintas transportadoras que debían ser empleadas para trasladar el coque, situación que aumentó la necesidad de transporte por sus camiones.
Un factor que consolidó la presencia dominante de Cuferca y otras compañías de los Urbano Fermín como contratistas de empresas mixtas en la Faja Petrolífera del Orinoco entre 2010 y 2017 fue la relación cercana que establecieron con Pedro José León Rodríguez. Este último asumió en 2010 la dirección ejecutiva de Producción del Mejorador “G/D José Antonio Anzoátegui” —anteriormente Petrozuata— y más adelante presidió la Corporación Venezolana del Petróleo, entidad encargada de supervisar y gestionar los negocios y asociaciones que Pdvsa mantenía con empresas nacionales y extranjeras. Además, León Rodríguez fue director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco hasta que, tras huir del país, fue detenido en Venezuela el 2 de septiembre de 2017. Su captura se dio luego de regresar tras una orden de arresto emitida el 4 de febrero de ese mismo año, debido a su implicación en graves actos de corrupción relacionados con las empresas mixtas bajo su control.
Un informe del año 2015, elaborado por el «Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República» y firmado por el entonces vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Jorge Arreaza, expuso la asignación continua de órdenes de servicio a la empresa Cuferca por parte de Pdvsa Petrocedeño, S.A. y Pdvsa Petropiar, S.A., dos de las empresas mixtas de Pdvsa en la Faja Petrolífera del Orinoco. Según el documento, estas contrataciones se realizaron al margen de los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas de Venezuela y de la normativa interna de Pdvsa. Además, Cuferca también fue contratista de otras filiales, como Pdvsa Petrodelta, Pdvsa Petromonagas y Petrosinovensa.
Los Urbano Fermín incluso emprendieron la construcción de un centro comercial denominado La Pascua Mall en Valle de la Pascua, capital del municipio Leonardo Infante en el estado Guárico. Sin embargo, el proyecto quedó limitado a planos y a los comentarios de los habitantes locales, quienes, a finales de 2013, informaban que la construcción había sido detenida por disposiciones municipales.
Las órdenes de captura emitidas contra los Urbano Fermín en septiembre de 2017 también incluyeron el allanamiento de otras empresas que habían incorporado a su conglomerado, en algunos casos comprando firmas previamente establecidas. Entre estas empresas figuraban Consultoría de Ingeniería y Proyectos N.F.; Metroemergencias C.A.; Centro Médico Total Lechería C.A.; Meditotal C.A.; Centro Médico Total C.A.; y el periódico El Norte.
Asimismo, en diversas ocasiones, los hermanos Urbano Fermín y sus empresas fueron objeto de denuncias por violaciones a los derechos laborales de sus empleados, a muchos de quienes despidieron sin otorgarles las liquidaciones correspondientes, según la normativa laboral del país.
Un alcalde entre contratistas
Otra figura destacada en la red de negocios de los hermanos Urbano Fermín fue Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino, quien entre 2008 y 2017 ocupó el cargo de alcalde de Guanta, municipio ubicado en el noreste del estado Anzoátegui. Fuentes cercanas al asunto señalan que Marín y su familia han mantenido durante años una estrecha relación de amistad con los hermanos Urbano Fermín y sus respectivas familias. No obstante, diversos indicios sugieren que esta relación trascendió el ámbito personal, convirtiéndose Marín en un socio no oficial de los Urbano en varias iniciativas comerciales.
El antes mencionado informe del «Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República» también señala que Marín intervenía como mediador en conflictos laborales de Cuferca, la empresa de los Urbano Fermín, especialmente en Petroanzoátegui, otra empresa mixta de la Faja Petrolífera del Orinoco. Según el informe, Marín acudía al área de manejo de sólidos y se posicionaba a favor de los intereses empresariales de Cuferca. Además, durante su mandato como alcalde, Cuferca se convirtió en contratista del municipio Guanta.
El 26 de diciembre de 2016, el entonces diputado opositor Carlos Andrés Michelangeli denunció en Twitter que Jhonnatan Marín y su familia habían abordado un vuelo privado desde la Isla de Margarita con destino a las Bahamas, un destino turístico de lujo. La opinión pública venezolana cuestionó así el elevado costo del viaje en contraste con el sueldo oficial de Marín. Dos días después, el 28 de diciembre, Marín respondió a medios venezolanos afirmando que, en realidad, se encontraba en República Dominicana, en la zona de Bávaro, Punta Cana, en la provincia de La Altagracia.
Marín justificó su presencia en el extranjero, asegurando que estaba en conversaciones con inversionistas para impulsar el desarrollo turístico en Guanta. Sin embargo, lo que Marín no mencionó fue que en esa misma zona dominicana, sus amigos y contratistas, los Urbano Fermín, ya se habían asociado con Luis Ramón Francis Moreno en el proyecto turístico, comercial y residencial Downtown Punta Cana. Esta ambiciosa inversión, valorada en 100 millones de dólares, también cuenta con la participación de los hijos de Francis Moreno, Luis Eduardo y Luis Ramón Francis Villegas.
Meses antes del viaje de Marín a República Dominicana, también en 2016, los hermanos Urbano Fermín establecieron varias firmas de construcción e inmobiliarias en el país caribeño, entre ellas Transportes y Servicios Del Caribe Tsc, Concrete Del Caribe Guf, Agregados y Servicios Del Caribe Asc, y Global Inversiones Gipc. A través de estas empresas, los Urbano Fermín concretaron una sociedad con Luis Francis Moreno, un contratista que había acumulado una gran fortuna en Venezuela a través de su empresa Construcciones y Asfalto San Antonio (Consanto), especialmente en el estado Monagas. Allí, Francis Moreno obtuvo contratos presuntamente irregulares, adjudicados por el entonces gobernador José Gregorio «El Gato» Briceño, quien fue expulsado del chavismo tras su implicación en actos de corrupción.
En 2012, Luis Francis Moreno se unió al empresario dominicano Miguel José Ricart Nadal en el desarrollo de Downtown Punta Cana, un proyecto turístico y comercial de gran envergadura. En diciembre de 2017, el entonces presidente de República Dominicana, Danilo Medina, asistió a la inauguración del centro comercial del proyecto, el Downtown Mall Punta Cana, en el que también participa como socio el empresario venezolano Luis Emilio Velutini.
Inauguración del Downtown Mall Punta Cana en 2017
Dentro de las instalaciones del Downtown Mall Punta Cana destaca la presencia de una franquicia de Coco Bongo, inaugurada en sociedad con el empresario mexicano Roberto Noble, fundador de esta marca de clubes nocturnos. Coco Bongo, que ha tenido un éxito notable, ha expandido su influencia más allá de México, incluso llegando a establecerse en España.
Confusión entre hermanos
Durante años, la similitud en los nombres de los hermanos Urbano Fermín ha generado confusión en los medios de comunicación, con identidades y fotografías mezcladas en diversas publicaciones. Sin embargo, en este análisis se ofrecen detalles precisos sobre cada uno de ellos.
Carlos Enrique Urbano Fermín
Carlos Enrique Urbano Fermín, el mayor de los tres hermanos, ha asumido un rol protagónico en las operaciones comerciales de la familia. Entre 2012 y 2016, Carlos Enrique fundó, junto a sus hermanos, más de una docena de empresas en diversos países, incluyendo Estados Unidos, Panamá y República Dominicana.
En febrero de 2016, una polémica surgió en Venezuela debido al elevado costo de la presentación del cantante Maluma en las festividades de carnaval en Guanta. En respuesta a las críticas, el alcalde Jhonathan Marín declaró que Carlos Enrique Urbano, junto al también contratista municipal Gian Paolo Ruscino, habrían sido quienes supuestamente donaron los fondos necesarios para contratar al artista. Esta controversia generó rechazo entre la comunidad de Guanta, cuyos habitantes señalaban que el municipio tenía otras necesidades urgentes en infraestructura y servicios básicos que requerían atención prioritaria.
La abogada millonaria y un paraíso fiscal para todos
Rosa Margarita Yslanda, esposa de Carlos Enrique Urbano, es abogada y actuó en numerosas ocasiones como representante legal de las empresas de los hermanos Urbano Fermín. Su papel fue crucial en los tribunales y en la Inspectoría del Trabajo del estado Anzoátegui, donde gestionó estrategias legales para evitar que las compañías de su esposo y sus cuñados enfrentasen pagos significativos por indemnizaciones, derivados de las múltiples demandas laborales y comerciales interpuestas por trabajadores y acreedores.
Actualmente, Yslanda es propietaria de una residencia en Orlando, Florida, adquirida el 16 de octubre de 2015 por un monto superior a 760.000 dólares y que, en la actualidad, tiene un valor de mercado superior al millón de dólares.
Además, según se constata en los Paradise Papers, en diciembre de 2012 Yslanda se asoció con la venezolana Nabetse del Valle Vásquez Gómez para convertirse en directora de Global Suministros, Ltd., una compañía registrada en Barbados, conocido paraíso fiscal.
Global Suministros, Ltd fue constituida en un periodo en que las empresas de los Urbano Fermín manejaban una abundante cartera de contratos en la Faja Petrolífera del Orinoco, entre ellos el de transporte de coque en el Complejo Industrial Petrolero y Petroquímico José Antonio Anzoátegui. Vásquez Gómez, por su parte, es descrita por diversas fuentes como «sobrina», «hermana de crianza» o incluso «testaferro» de Pedro León Rodríguez, exdirector ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco, quien fue uno de los encargados de autorizar los contratos que beneficiaron a las empresas de los Urbano Fermín. Vásquez y Rodríguez, según fuentes consultadas, tenían una relación de larga data en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, de donde ambos son originarios y donde Vásquez administraba una empresa de asesoría tributaria.
La estrecha relación entre Nabetse Vásquez y Pedro León impulsó el ascenso económico de Vásquez, permitiéndole llevar un estilo de vida de lujo, incluyendo la posesión de una mansión en la exclusiva urbanización Las Villas, en Lechería, estado Anzoátegui. Vásquez también se vio involucrada en un escándalo de narcotráfico cuando en junio de 2016 las autoridades de Venezuela encontraron casi dos kilogramos de droga en una embarcación llamada Open Bar, localizada en la Marina Américo Vespucio, en Anzoátegui. Pedro Luis García Ramos, un todavía funcionario de Pdvsa con vínculos empresariales y una anterior presunta relación sentimental con Vásquez, fue arrestado como responsable de la embarcación. Las investigaciones judiciales apuntaron a que Vásquez realizaba los pagos por el atraque de la embarcación desde su cuenta personal.
Tras la orden de captura emitida contra Pedro León en 2017, Vásquez buscó refugio en República Dominicana. Ya en 2015, Nabetse Vásquez había sido vista en Santo Domingo Este junto a Pedro Chalas (hijo), presidente del equipo de baloncesto Soles del Este, y Gustavo Mendiri, quien dirigía el equipo venezolano Marinos de Anzoátegui. En aquella ocasión, Chalas afirmó que la visita de los venezolanos tenía fines relacionados con actividades deportivas.
Un mes antes del registro de la compañía Global Suministros Ltd., dirigida por Nabetse Vásquez y Rosa Margarita Yslanda en Barbados en diciembre de 2012, Carlos Enrique Urbano y su hermano Carlos Eduardo Urbano Fermín habían registrado otra empresa en la misma dirección —The Phoenix Centre, en Belleville, Barbados— llamada Guf Suministros Ltd.
Previamente, en febrero de 2012, también la misma dirección, ambos hermanos habían constituido una sociedad adicional, Global Coque Ltd., en la que figuraban como socios junto a Pedro Luis García Ramos (el mismo del narcoyate en una marina en Anzoátegui) y Nelson Rafael Bustamante Abidar. Este último fue posteriormente objeto de una orden de aprehensión en Venezuela en 2017, acusado de estar implicado en la defraudación de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Bustamante Abidar también registró otra empresa, Bg Suministros, Ltd., en noviembre de 2012 en la misma dirección, incluyendo como codirector al ciudadano Roberto Schneider García Domínguez.
Culpabilidad incompleta
El 20 de marzo de 2020, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida presentó una acusación formal contra Carlos Enrique Urbano Fermín, imputándole cargos por conspiración para lavar dinero. Según el expediente, Urbano Fermín habría formado parte de un esquema de sobornos a funcionarios venezolanos, entre ellos un fiscal de alto rango, con el propósito de obtener protección frente a investigaciones sobre actividades corruptas vinculadas a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Dueño y administrador de varias empresas proveedoras de bienes y servicios para subsidiarias de PDVSA, entre ellas CEUF Corporation Limited S.A. y Constructora Urbano Fermín C.A., Urbano Fermín conspiró con un «Funcionario Venezolano 1» —un fiscal de alto nivel— y con un «Intermediario 1», abogado venezolano con vínculos cercanos al funcionario.
La conspiración, activa aproximadamente entre 2014 y 2017, involucró pagos de sobornos dirigidos al «Funcionario Venezolano 1» por medio del «Intermediario 1», con el fin de asegurar protección ante posibles investigaciones sobre corrupción en los procesos de adquisición en las subsidiarias de PDVSA. En el período de esta trama, la Fiscalía venezolana estaba bajo la dirección de Luisa Ortega Díaz, quien ha sido señalada con frecuencia por presunta participación en este tipo de actividades.
Para encubrir el origen y el control de los sobornos, Urbano Fermín y sus cómplices canalizaron los pagos hacia cuentas bancarias en Estados Unidos, incluyendo algunas en el Distrito Sur de Florida, registradas a nombre de terceros.
Según la acusación, a inicios de 2017, el «Intermediario 1» comunicó a Carlos Enrique Urbano Fermín que, gracias a su cercana relación con el «Funcionario Venezolano 1», tenía la capacidad de evitar que se presentaran cargos penales contra las empresas de Urbano Fermín. Así, Urbano Fermín procedió a realizar transferencias electrónicas por cerca de un millón de dólares desde cuentas en Estados Unidos para el pago de sobornos al mencionado funcionario, a través del intermediario. Una de estas transferencias, de aproximadamente 100,000 dólares, se efectuó el 13 de abril de 2017 desde una cuenta de Urbano Fermín en Estados Unidos hacia una cuenta en un banco en Coral Gables, Florida, destinada al beneficio del «Intermediario 1». Durante el periodo en que el «Funcionario Venezolano 1» fungió como fiscal de alto rango, el Estado venezolano no impulsó cargos contra las empresas de Urbano Fermín.
La Fiscalía solicitó la confiscación de todos los bienes de Urbano Fermín, incluyendo propiedades y activos personales, que fueran producto o estuvieran vinculados a las ganancias obtenidas de la conspiración, así como una compensación monetaria equivalente al valor de estas ganancias.
Finalmente, el 15 de abril de 2021, Carlos Enrique Urbano admitió su culpabilidad en el cargo de conspiración para lavar dinero y accedió a colaborar plenamente con la Fiscalía del Distrito Sur de Florida y la Sección de Fraude del Departamento de Justicia. Urbano Fermín asumió que podría enfrentar una pena máxima de cinco años de prisión, tres años bajo libertad supervisada y una multa de hasta 250,000 dólares o el doble del valor de los bienes involucrados en las transacciones ilícitas, aplicándose el monto más alto. En mayo de 2022 se le condentino a «120 días de reclusión intermitente» en dondiciones especiales y 5 años de libertad condicional.
A pesar de las acusaciones y las investigaciones en su contra, Carlos Enrique Urbano Fermín no ha sido juzgado ni se ha declarado culpable por su presunta participación en esquemas de desfalco vinculados a funcionarios de la Faja Petrolífera del Orinoco, entre 2010 y 2016, los cuales involucraron a empresas mixtas de Pdvsa. Por estos presuntos delitos, que se cree facilitaron el enriquecimiento de Urbano Fermín y sus hermanos, tanto Carlos Enrique como Carlos Eduardo siguen sin purgar condena.
Fuentes cercanas a la familia señalan que Carlos Enrique, su esposa, Rosa Yslanda, quien también habría estado implicada en estas tramas, y sus hijos, disfrutan de un estilo de vida opulento en Estados Unidos. Los hijos de la pareja asisten, según las fuentes, a prestigiosas universidades en Boston, donde cursan estudios en instituciones de alto costo, como la Suffolk University.
Carlos Eduardo Urbano Fermín
Carlos Eduardo, el segundo hermano en edad tras Carlos Enrique, ha sido en gran medida quien menos ha enfrentado repercusiones judiciales directas derivadas de los actos de corrupción que beneficiaron a sus empresas en Venezuela. No obstante, en 2017 se emitió una orden de arresto en su contra, por lo que permanece prófugo desde entonces.
En los últimos años, Carlos Eduardo Urbano ha sido la figura visible de los negocios familiares en la República Dominicana. A diferencia de Carlos Enrique, quien optó por establecerse en Orlando, Carlos Eduardo se refugió en Weston y otras ciudades cercanas de Florida. Días después de que su cuñada Rosa adquiriera una propiedad en Orlando, Carlos Eduardo compró una casa en Parkland el 27 de octubre de 2015. Esta propiedad fue vendida por él y su esposa, Evelin Henríquez, por casi 1.4 millones de dólares el 20 de abril de 2021, un día después de que se hiciera pública la declaración de culpabilidad de su hermano mayor.
En Florida, Carlos Eduardo y su familia disfrutaron en el pasado de la hospitalidad de la familia Gais, con quienes los hermanos Urbano mantienen una antigua relación de amistad y negocios. Esta colaboración quedó reflejada en uno de los contratos en la Faja Petrolífera del Orinoco, destinado a la importación de maquinaria pesada para el transporte de coque. La maquinaria, aunque era usada, fue presentada como nueva y adquirida a una empresa en Florida, propiedad de Angelo Gais, con precios inflados. Las transacciones se realizaron mediante facturas cobradas en bolívares, pero pagadas en dólares a una tasa preferencial por empresas de la Faja, bajo la supervisión de Pedro León. El nombre de varias empresas familiares con las siglas AGP, como «Agp Tractor, Inc.», rinde homenaje a la iniciales de Antonio Gais, el patriarca de origen italiano de la familia.
Desde la venta de su propiedad en 2021, Carlos Eduardo, al menos de manera oficial, reside en una casa en Weston, propiedad de Reinaldo Márquez Mejías, también venezolano. Márquez, piloto y empresario, ha ocupado el cargo de director de la aerolínea de DHL en Venezuela y actualmente dirige las empresas de logística y envíos internacionales Trilogyx y Famicargo. Trilogyx opera en Venezuela, brindando servicios tanto a clientes privados como a entidades públicas, incluido el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Demanda por fraude y malversación de fondos
El 1 de octubre de 2024, Aces Elite Investments Corp. («Aces»), una compañía de Florida con sede en Phoenix, Arizona, interpuso una demanda civil contra DTR Destination LLC (también conocida como Downtown Residences DTR y Downtown Residences DTPC, SRL), una empresa de la República Dominicana, así como contra Carlos Eduardo Urbano Fermín, gerente de DTR. La demanda fue presentada ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial de Florida en el Condado de Miami-Dade, y reclama daños que superan los 100,000 dólares, sin incluir honorarios legales, costos e intereses.
Este litigio se originó a partir de un contrato de compraventa de bienes raíces firmado en diciembre de 2022, en el cual Aces se comprometió a adquirir un apartamento en República Dominicana de la empresa de Urbano Fermín por 550,000 dólares, con un pago inicial de 55,000 dólares.
Ante el incumplimiento del contrato por parte de la empresa de Carlos Eduardo Urbano y la no entrega a tiempo del inmueble, ambas partes firmaron el 3 de julio de 2024 un acuerdo de conciliación y liberación mutua. En este acuerdo, DTR se comprometió a abonar a Aces un total de 110,000 dólares. Se realizó un pago inicial de 10,000 dólares el 3 de mayo de 2024; sin embargo, el pago final de 100,000 dólares, previsto para el 12 de julio de 2024, no fue efectuado. Esto llevó a Aces a denunciar un incumplimiento material del acuerdo de conciliación por parte de la compañía de Urbano Fermín.
La demanda no solo se centra en el incumplimiento contractual, sino que también incluye acusaciones de fraude contra Carlos Eduardo Urbano Fermín. Según Aces, Urbano Fermín, tanto en su carácter personal como en su rol de gerente de DTR, hizo afirmaciones engañosas sobre la intención y capacidad de la empresa para cumplir con el pago de 100,000 dólares. Aces sostiene que Urbano Fermín tenía conocimiento de que DTR carecía de los fondos y de la intención de pagar, y que estas declaraciones falsas llevaron a Aces a firmar el acuerdo de conciliación, renunciando a sus reclamos iniciales.
Además, Aces presentó cargos de enriquecimiento injusto contra DTR y Urbano Fermín, argumentando que estos se beneficiaron de la liberación de los reclamos de Aces sin cumplir con sus obligaciones. También se señala a Urbano Fermín por ocultación fraudulenta, al no revelar la situación financiera real de DTR ni la falta de intención de cumplir con el pago. Aces argumenta que, de haber conocido la verdadera situación financiera de DTR, no habría firmado el acuerdo de conciliación. Cabe destacar que el agente residente de DTR es un hijo de Carlos Eduardo Urbano, graduado en ingeniería civil en la Florida International University.
La demanda, que se encuentra actualmente en proceso en una corte de Miami, sostiene que Carlos Eduardo Urbano Fermín, en calidad de representante de DTR, aseguró a Aces que el pago inicial de 55,000 dólares para la compra del apartamento en República Dominicana sería depositado en una cuenta de garantía destinada exclusivamente a la construcción de la unidad. Urbano Fermín también habría prometido que el dinero sería devuelto en caso de incumplimiento de la fecha de entrega. No obstante, Aces alega que Urbano Fermín sabía que estas promesas eran falsas, ya que la supuesta cuenta de garantía no existía y los fondos fueron utilizados para fines ajenos al proyecto.
Según Aces, la conducta de Urbano Fermín fue deliberada y malintencionada, con el propósito de engañar y causar perjuicio. Como consecuencia, Aces no solo perdió su inversión inicial, sino que también incurrió en gastos adicionales al intentar recuperar sus fondos.
DTR Destination LLC tiene su sede en la oficina 404 del edificio empresarial ubicado en 55 Weston Road, Sunrise, Florida, donde en la entrada se exhibe una placa con el mismo logotipo de Downtown Residences Punta Cana, el desarrollo residencial del proyecto Downtown Punta Cana.
DTR Destination LLC cuenta con cuatro socios principales. Uno de ellos es Néstor A. Herrera, mientras que los otros son empresas registradas en Delaware, conocido paraíso fiscal, el 3 de noviembre de 2021: GSD USA LLC, Guf USA LLC y Magu USA LLC. Dado que el grupo Urbano Fermín utiliza frecuentemente las siglas «UF» para identificar sus empresas, surge la especulación de que «Magu» podría aludir a una asociación entre el apellido Marín y el Grupo Urbano.
Anfitrión en Punta Cana
En diciembre de 2016, en medio de la polémica generada por el supuesto viaje del alcalde Jhonnatan Marín a las Bahamas, la alcaldía de Guanta, entonces bajo la dirección de Marín, emitió un comunicado de prensa afirmando que el alcalde había sido invitado a República Dominicana por Ramón Ramírez, en ese entonces recientemente electo como alcalde del distrito turístico de Verón-Punta Cana.
Curiosamente, el alcalde y empresario Ramón Antonio Ramírez, conocido como «Manolito», es quien aparece junto a Carlos Eduardo Urbano Fermín en una fotografía tomada en una cena organizada en Nueva York, en agosto de 2021, por la Cámara Dominicana de Comercio en EE.UU.
Una fuente cercana al caso asegura que, aunque la calidad de la imagen es baja, una de las personas que se observa junto a Marín en otra foto, compartida por el propio exalcalde, de su viaje a República Dominicana, en diciembre de 2016 es Carlos Eduardo Urbano Fermín.
Jhonnathan Marín pasó de trabajar como chofer para políticos en el estado Anzoátegui a convertirse en contratista de alcaldías locales, estableciendo empresas como Inversiones JM 2004 C.A. y la Cooperativa Simón Bolívar Hacia El Futuro. Posteriormente, incursionó como contratista de la industria petrolera, un sector en el que participaba mientras ejercía como alcalde. Para estos emprendimientos, Marín utilizaba como representante de sus empresas a su esposa, Esneidy Mayerling Villanueva Medina, quien, en su rol como primera dama de Guanta, era conocida como Mayerling Villanueva de Marín. Sin embargo, en el ámbito empresarial, Esneidy Mayerling obviaba el apellido Villanueva y utilizaba los nombres «Esneidy Medina» o «Esneidy M Medina», como se refleja en las tres compañías que fundó en Florida en 2014: Vip Group Solutions LLC, Group Services & Transporte Vip C.A. Inc., e Inversiones J.M 2004, C.A Corp.
Según fuentes familiarizadas con el asunto, en sus inicios como contratistas, los Medina Villanueva llegaron a utilizar automóviles propios o que les eran prestados por allegados, para ofrecer servicios de transporte a empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco, aparentando tener una empresa consolidada y con una flota de vehículos propia.
Un documento de enero de 2014 indica que Group Services & Transporte VIP C.A. Inc. transfirió a Cuferca cinco camionetas Toyota Tacoma y una modelo Sienna, vehículos que luego Cuferca entregó a Pdvsa en calidad de proveedor. Además, registros aduaneros venezolanos muestran pagos conjuntos de importación realizados tanto por Group Services & Transporte VIP como por Cuferca, y otros documentos detallan cómo Cuferca cubría diversos gastos de Marín y su esposa.
En cuanto a la sociedad en Florida, Inversiones J.M 2004, C.A Corp., las acciones se repartían entre Villanueva Medina y la firma venezolana Inversiones JM 2004 C.A., presidida previamente de manera formal por Marín.
A diferencia de Carlos Enrique Urbano, Jhonnathan Marín Sanguino se declaró culpable en junio de 2023, no por sobornar a una exautoridad judicial en Venezuela, sino por pagar sobornos a empleados de filiales de Pdvsa para obtener contratos en favor de un co-conspirador. Marín admitió haber formado parte de una conspiración para cometer lavado de dinero entre 2013 y 2018.
El acuerdo de culpabilidad detalla que Marín recibió alrededor de 3,8 millones de dólares en sobornos de este Co-Conspirador 1, canalizados a través de cuentas bancarias bajo control de las empresas de este último. A cambio, Marín, en su rol de alcalde, intervino para influir en funcionarios de las subsidiarias de PDVSA y asegurar que se adjudicaran contratos a las empresas del Co-Conspirador 1. Un caso específico de esta intervención fue la presión ejercida sobre el director de adquisiciones de Petrocedeño para otorgar contratos a estas compañías entre 2015 y 2017, resultando en contratos por decenas de millones de dólares. El acuerdo de culpabilidad no menciona contratos anteriores a 2012 obtenidos por Marín o sus colaboradores, aunque desde al menos 2010, los Urbano Fermín ya habían conseguido contratos de acarreo de coque bajo sospechas de corrupción.
Carlos Esteban Urbano Fermín
Aunque si bien en el pasado objeto de rumores, hasta la fecha no confirmados, sobre su fallecimiento, poco se conoce sobre el estado actual de Carlos Esteban Urbano Fermín, el menor de los tres hermanos y el único de ellos que ha sido arrestado y sometido a juicio en Venezuela. El 11 de noviembre de 2022, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó la solicitud de avocamiento presentada por su defensa. Urbano Fermín enfrenta cargos por presuntos delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, legitimación de capitales y asociación.
La defensa, liderada por el abogado Douglas Rafael Toro Guerra, denunció la existencia de «graves desórdenes procesales» y acusó al sistema de «terrorismo judicial,» alegando que estas circunstancias violaban los derechos de su cliente.
El expediente judicial detalla la confiscación en territorio venezolano de 653 vehículos y 229 maquinarias que estaban en poder de los Urbano Fermín. La defensa de Carlos Esteban solicitó que se anulara el proceso, la liberación de su cliente y la devolución de los bienes incautados. Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó la petición de avocamiento en virtud de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Según el Tribunal, esta medida solo procede ante «graves desórdenes procesales o flagrantes violaciones del ordenamiento jurídico» que perjudicasen la imagen del Poder Judicial, lo cual consideraron que no aplicaba en este caso.
El TSJ observó que en distintas Salas de la Corte de Apelaciones había tres recursos de apelación pendientes, lo cual indicaba que se habían activado los mecanismos procesales necesarios para abordar el caso. Citando jurisprudencia previa, se destacó que el avocamiento resultaba inadmisible cuando existía apelaciones pendientes. Por consiguiente, se concluyó que los argumentos y documentos presentados no demostraban irregularidades de la magnitud necesaria para justificar el avocamiento, instando al solicitante a esperar el desenlace de las apelaciones en proceso.
La defensa señaló que Carlos Esteban Urbano Fermín sufría de «graves problemas renales con episodios de sangrado» y que en agosto de 2019 su salud se había deteriorado notablemente. En octubre de 2022, se encontraba recluido en el Anexo Máxima II, en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, Caracas.
A pesar de las detenciones y acusaciones contra otros involucrados, tanto en el caso de Carlos Enrique como en el de Carlos Esteban Urbano Fermín, así como en el de otro grupo de asociados, persiste la impunidad en relación con los actos de corrupción y malversación de fondos, producto del saqueo a subsidairias de PDVSA en Venezuela.
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