Fuentes judiciales han revelado de manera extraoficial que el empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario se encuentra detenido en Venezuela y sujeto a una profunda investigación. Estas mismas fuentes señalan que varios de sus antiguos socios y aliados, que en el pasado le brindaron protección, ahora enfrentan cargos judiciales o han sido removidos de los puestos estratégicos que ocupaban.
Gorrín, accionista del canal de televisión Globovisión y de la aseguradora Seguros La Vitalicia, se encuentra en el centro de la atención debido a una investigación que guarda similitudes con la trama de corrupción Pdvsa-Cripto que salió a la luz en Venezuela en 2023. Sin embargo, en el caso de Gorrín, las fuentes judiciales lo señalan como el principal responsable de otro fraude millonario perpetrado contra la petrolera estatal Pdvsa. No obstante, recientemente otras versiones han atribuido la detención de Gorrin a su presunta implicación en una nueva conspiración opositora contra la administración de Nicolás Maduro, motivo por el que su mansión en Venezuela habría sido objeto de un allanamiento.
De acuerdo con la información obtenida, este nuevo fraude estaría relacionado con la supuesta apropiación de grandes cantidades de urea y buques tanque cargados con petróleo crudo venezolano. Además de este fraude, diversos testimonios e hipótesis apuntan a la participación de Gorrín en otros actos de traición, delaciones y conspiraciones.
Acusaciones de corrupción y lavado de dinero en Estados Unidos
Raúl Gorrín Belisario, abogado y empresario nacido en Caracas, Venezuela, en 1968, no solo enfrenta investigaciones en Venezuela, sino que también ha sido acusado en Estados Unidos por delitos relacionados con la corrupción y el lavado de dinero.
En agosto de 2017, el Distrito Sur de Florida presentó cargos en su contra por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), conspiración para cometer lavado de dinero y nueve cargos adicionales de lavado de dinero.
La acusación alega que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a altos funcionarios venezolanos a cambio de obtener derechos para realizar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables del Gobierno venezolano. Entre los funcionarios mencionados se encuentran Claudia Patricia Díaz Guillén y Alejandro Andrade Cedeño.
Se estima que Gorrín habría pagado más de mil millones de dólares en sobornos. Además de las transferencias de dinero, también habría utilizado los fondos para adquirir y cubrir gastos relacionados con jets privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda para los funcionarios involucrados.
Para ocultar estos pagos, Gorrín presuntamente utilizó múltiples empresas fantasma y se asoció con otros individuos para adquirir el Banco Peravia en la República Dominicana, con el objetivo de blanquear los sobornos y las ganancias obtenidas a través del esquema de corrupción.
Sanciones y estatus de fugitivo
Como consecuencia de las acusaciones en su contra, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Raúl Gorrín Belisario. Su nombre fue incluido en la lista de "Nacionales especialmente designados" (SDN), lo que implica el congelamiento de todos sus activos bajo la jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones económicas dentro del país.
Actualmente, Gorrín es considerado uno de los fugitivos más buscados por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Más allá de las acusaciones de corrupción y lavado de dinero, Gorrín también ha estado involucrado en controversias de índole política en Venezuela. Se ha informado sobre su presunta participación en un complot para derrocar al mandatario Nicolás Maduro y brindar apoyo a Juan Guaidó. Sin embargo, este intento de levantamiento militar, que tuvo lugar en abril de 2019, no logró sus objetivos.
Algunos críticos de Gorrín señalan que ahora está experimentando las consecuencias de sus propias acciones. Aseguran que en el pasado, Gorrín ha utilizado sus medios de comunicación para llevar a cabo campañas de desprestigio, difundir noticias falsas y atacar a familiares de sus adversarios.
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