Acusaciones de soborno contra Emsley Tromp, exdirector del Banco Central de Curazao y Sint Maarten, salpican a los grupos financieros Activo, BOD, y al diputado venezolano Edgard Raúl Leoni Moreno

El pasado mes de mayo de 2024 tuvo lugar en Curazao la primera fase de un juicio, después que el Ministerio Público curazoleño presentara graves acusaciones contra Emsley Tromp (65 años), quien fuera gobernador del Banco Central de Curazao y Sint Maarten (CBCS) entre los años 1991 y 2017, y René Raoul Lourents (63 años), su exdirector adjunto de relaciones corporativas y gestión de instalaciones. Ambos fueron señalados por presuntas prácticas de corrupción y lavado de dinero, en un caso que ha causado revuelo en el sector financiero de las islas caribeñas.

La investigación, denominada «Hércules», se inició en 2019 como continuación de una pesquisa anterior llamada «Zafiro». El foco de atención de «Hércules» se centró en dos préstamos sospechosos, aunque no relacionados directamente entre sí, pero que según la fiscalía, conectan al exgobernador del Banco Central de Curazao y Sint Maarten con una compañía. Uno de los préstamos fue de 400,000 dólares y fue otorgado por una empresa de ropa a Tromp, y otro de 2.4 millones de florines (equivalente en 2015 a poco más de 1.3 millones de dólares estadounidenses) concedido por la firma Enpiso a la misma empresa de ropa.

La investigación Hércules se inició el 1 de febrero de 2019 como una continuación de la investigación Saffier (Zafiro, en neerlandés). Esta última investigación se centró en sospechas de corrupción relacionadas con la transacción de 400.000 dólares del Banco di Caribe al fondo de pensiones de Tromp. Finalmente, en el caso Zafiro, los cargos se redujeron a fraude fiscal y el caso terminó con una absolución total. Sin embargo, otro préstamo avivó nuevamente las sospechas contra Tromp, dando origen a la investigación Hércules.

Según la fiscalía, Tromp y Lourents habrían utilizado la empresa Curacao Fashion Group (CFG) como fachada para recibir y blanquear pagos ilegales, aprovechando sus influyentes posiciones en el Banco Central. Un elemento clave en la acusación por la investigación Hércules fue una transferencia de 1.34 millones de dólares realizada en septiembre de 2015 por la empresa venezolana Enpiso a la cuenta de CFG.

Según el Ministerio Público, Enpiso surgió en la discusión después de que el 13 de octubre de 2009, Curacao Fashion Group solicitara un aumento en su fianza por un millón de dólares adicionales. Lourenst mencionó en la corte que el financiamiento extra era para intentar ayudar a dos tiendas de Curacao Fashion Group que no estaban teniendo buenos resultados. El 9 de septiembre de 2010, se firmó un nuevo acuerdo de crédito limitado por 2.2 millones de dólares entre Banco di Caribe y Curacao Fashion Group, con un interés del 7%. Tres años después, el 17 de diciembre de 2013, Lourents envió una carta, en nombre de la empresa de ropa, a Fons Simon, exdirector de Banco di Caribe, solicitando transformar el límite en un préstamo comercial, debido a que las tiendas nuevamente no estaban yendo bien, lo que indicaba que las compañías habían alcanzado el límite.

Banco di Caribe y la empresa de ropa (CFG) firmaron un nuevo acuerdo el 1 de julio de 2015, en el que CFG debía comenzar a pagar 18 mil florines por mes. Entretanto, en agosto de 2015, las deudas de CFG aumentaron hasta 2.3 millones de florines y el 8 de septiembre de 2015 en la cuenta de CFG se ingresó una suma de 2.4 millones de florines cancelando la deuda de CFG. El dinero provino de una cuenta de “Enpiso”, registrada en Activo International Bank (AIB), entidad con sede en Puerto Rico.

El Ministerio Público argumentó que la operación de triangulación era, en realidad, el pago de un soborno a Tromp, relacionado con trámites por parte del Banco Activo, ante el Banco Central de Curazao y Sint Maarten (CBCS), para la adquisición del Girobank, una entidad que se encontraba en situación de insolvencia desde 2013. En opinión de algunos de sus críticos, no está claro si Tromp pudo haber recibido también algún tipo de contraprestación por haber autorizado la operación del Activo Bank N.V., la filial en Curazao del Banco Activo o por hacerse de la vista gorda ante alguna irregularidad.

El Ministerio Público indicó que durante el mismo tiempo en que el Banco Central estaba en conversaciones con el grupo de Banco Activo para que se hiciera cargo de Girobank en Curazao, este grupo también depositó dinero en las cuentas de CFG. Según el Ministerio Público, este depósito se hizo “indirectamente” como un pago a Emsley Tromp para favorecer a Banco Activo en la adquisición de Giro. Sin embargo, Banco Activo nunca logró comprar Giro y hasta ahora, el Ministerio Público no ha podido demostrar que ese fuera el motivo del depósito en las cuentas de CFG.

Detalles del caso y acusaciones contra los exfuncionarios bancarios

Durante la primera fase del juicio, que tuvo lugar a mediados de mayo de 2024, se revelaron detalles impactantes sobre cómo Tromp y Lourents presuntamente abusaron de sus cargos para enriquecerse. La fiscalía los acusó de solicitar y aceptar regalos, intentar ocultarlos mediante contratos de préstamo falsos y posteriormente blanquear los fondos obtenidos.

El fiscal presentó un resumen cronológico de las acciones de los sospechosos, destacando cómo ambos desempeñaron papeles centrales en transacciones financieras que involucraban a la empresa Curazao Fashion Group (CFG). Correos electrónicos intercambiados y las declaraciones de testigos mostraron que Tromp tenía influencia sobre las operaciones de CFG, mientras que Lourents actuaba como tapadera para ejecutar transacciones ilegales, según la fiscalía.

Un hallazgo notable fue que el préstamo de 400,000 dólares, supuestamente destinado a necesidades de liquidez, se transfirió directamente a la cuenta de inversión personal de Tromp. Además, el préstamo de Enpiso a CFG resultó ser una tapadera para pagar una línea de crédito en el Banco di Caribe, sin que se produjera realmente una supuesta expansión de CFG, a la que estaba destinado el préstamo.

Ante la gravedad de los cargos, el Ministerio Público solicitó penas severas: dos años y medio de prisión para Lourents y tres años para Tromp. Adicionalmente, se pidió la inhabilitación para ejercer cargos y la prohibición de trabajar en instituciones financieras durante varios años para ambos acusados.

Sentencia del tribunal y absolución parcial

A comienzos de julio de 2024, un Tribunal de Primera Instancia de la Corte Conjunta de Curazao, Aruba, Sint Maarten, Saba y Bonaire, a cargo de la juez Y.C. Bours, emitió su veredicto en el caso contra Emsley Tromp y René Lourents. En una decisión que sorprendió a muchos, el tribunal absolvió a ambos acusados de los cargos de soborno y corrupción. Sin embargo, los encontró culpables de falsificación, condenándolos a penas de prisión condicional.

La Corte Conjunta de Justicia de Aruba, Curazao, Sint Maarten y de Bonaire, Sint Eustatius y Saba es un tribunal que sirve a los tres países del Caribe asociados al Reino de los Países Bajos: Aruba, Curazao y Sint Maarten, y los tres municipios especiales de los Países Bajos: Bonaire, Sint Eustatius y Saba. Este tribunal es responsable de la administración de justicia en primera instancia y en apelación en las islas mencionadas.

El tribunal determinó que el contrato de préstamo de 400,000 dólares, supuestamente destinado a trabajos preparatorios para la sede de Curacao Fashion Group (CFG), era falso.

Según la acusación del fiscal Danny Hazejager, Laurents registró la empresa Curacao Fashion Group (CFG) en 2009 a petición de Tromp. En mayo de ese año, se elaboró un contrato de préstamo por 400 mil dólares. El dinero se depositó en la cuenta de pensión del entonces gobernador del Banco Central (que también tiene jurisdicción en Sint Maarten), bajo el pretexto de realizar «trabajos preparatorios» relacionados con la sede de CFG. Sin embargo, estos trabajos nunca se llevaron a cabo, lo que sugiere que el contrato era falso.

En el caso en cuestión, Lourents estableció el Curacao Fashion Group a instancias de Tromp. El propósito genuino era permitir que la expareja de Tromp, Yanet de Castro (cuya relación concluyó en el verano de 2011), gestionara una tienda de ropa bajo ese nombre. La colaboración de Lourents era indispensable porque De Castro no era ciudadana de Curazao.

Debido a una grave violación del plazo razonable en el proceso judicial -pues la investigación se había iniciado hace 5 años-, y a pesar de que en circunstancias normales el tribunal habría impuesto penas de prisión incondicional, se dictaron penas de prisión condicional. Tromp recibió una sentencia suspendida de seis meses, con un período de libertad condicional de dos años.

La sentencia de prisión suspendida significa que, en lugar de cumplir los seis meses de prisión, Tromp puede permanecer en libertad siempre y cuando cumpla con las condiciones específicas de la libertad condicional durante los dos años.

La defensa de Lourents, representada por la abogada Marije Vaders, argumentó que su cliente había sufrido graves consecuencias físicas y emocionales debido a la investigación. Sin embargo, el tribunal no consideró estos argumentos como suficientes para declarar a Lourents no apto para la detención.

El tribunal también decidió no imponer la prohibición adicional de trabajar en instituciones financieras, dado que absolvió a los acusados de los cargos de soborno.

Apelaciones y reacciones post-sentencia

Posterior a la sentencia, Emsley Tromp anunció su decisión de apelar el veredicto. Aunque expresó satisfacción por la absolución de los cargos más graves, Tromp consideró que aceptar la condena por falsificación, que él ve como un asunto relativamente menor, sería una mancha injustificada en su carrera de servicio a las islas.

Por su parte, el Ministerio Público también indicó su intención de apelar, si Tromp apela la sentencia por falsificación, centrándose en las sospechas de corrupción y blanqueo de dinero relacionadas con la transacción de casi 1.5 millones de dólares en septiembre de 2015 entre la empresa venezolana Enpiso y CFG. La fiscalía mantiene su posición de que este pago constituía un soborno a Tromp, vinculado a las negociaciones entre el Banco Central y el Banco Activo sobre la posible adquisición del Girobank.

Tromp expresó su descontento con la decisión del Ministerio Público de apelar si él apela, calificándola de «incomprensible e impura». Argumentó que esperaba que tras la sentencia absolutoria del Tribunal, la fiscalía aceptara la conclusión de que no había pruebas suficientes para sostener las acusaciones de corrupción y blanqueo de dinero.

Este caso ha tenido repercusiones significativas en las carreras de ambos acusados. Tromp y Lourents dejaron sus cargos en el Banco Central de Curazao y Sint Maarten en septiembre de 2017, cuando las denuncias públicas por irregularidades llevaron al Consejo de Supervisión del Banco Central de Curazao y Sint Maarten a exigir sus renuncias. Posteriormente, Tromp fue contratado como asesor del Banco del Orinoco NV, otra entidad financiera que actualmente enfrenta sus propias controversias.

Después de que el CBCS suspendiera a Lourents, fue declarado no apto por razones médicas. Se jubiló anticipadamente y ahora vive de una prestación por discapacidad.

La investigación «Hércules» no solo reveló las supuestas actividades ilícitas de los exfuncionarios del Banco Central, sino que también arrojó luz sobre las operaciones de otras entidades financieras.

Girobank había otorgado un financiamiento excesivo a la aerolínea DAE. Cuando DAE quebró, esto contribuyó significativamente a la crisis financiera de Girobank, lo que llevó al Banco Central de Curacao y San Maarteen a solicitar una medida de intervención en diciembre de 2013.

El Girobank había estado bajo supervisión reforzada desde diciembre de 2013 debido a problemas de solvencia. La solución propuesta, que involucraba al Banco Activo, ha estado en el centro de las acusaciones de soborno contra Tromp.

El Banco Activo, que opera principalmente en Venezuela, también tiene presencia en la República Dominicana a través de una licencia bancaria. En la actualidad el Consejo Administrativo del Banco Activo en República Dominicana está liderado por Luis Alberto Gasparini Jr. como Presidente. La supervisión del Consejo recae en Ambiori Martín de Jesús Popoter Zapata, quien ocupa el cargo de Comisario.

Entre los accionistas del banco se encuentran Omar Antonio Mattar Fanianos y José Antonio Oliveros Febres Cordero. Este último, Oliveros Febres Cordero, ha sido señalado por su importante rol en la expansión del Banco Activo de Venezuela hacia el Caribe, coincidiendo con la época en la que se investiga el supuesto caso de soborno a los entonces altos funcionarios del Banco Central de Curazao y Sint Maarten (CBCS) durante el proceso de adquisición del Girobank.

Completan el Consejo Administrativo actual del Banco Activo en República Dominicana, Tobías Carrero Nacar – empresario del sector de los seguros – y Carmen Jerica Josefina Rodríguez Arredondo como miembros, mientras que Ismael Alcides Peralta Bodden ejerce como secretario.

El caso en Curazao también ha puesto de relieve la situación del Banco del Orinoco NV, otra entidad financiera en problemas. Tromp fue contratado como asesor de este banco después de dejar el Banco Central. Para septiembre de 2024, se espera una decisión crucial sobre si el Banco del Orinoco NV, entidad que forma parte del grupo perteneciente al banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín, podrá cumplir con sus obligaciones hacia los cuentahabientes.

La fallida negociación con Activo Financial Group y el destino del Girobank

La saga de Girobank, cuyos últimos años comenzaron con una regulación de emergencia por parte del Banco Central de Curazao y Sint Maarten (CBCS) en diciembre de 2013, finalmente concluyó con intervención del gobierno neerlandés. Durante casi siete años, el CBCS luchó incansablemente para encontrar una solución viable para la entidad financiera en crisis, explorando opciones que iban desde la recapitalización hasta la venta total o parcial del banco.

En un primer intento de rescate, el CBCS mantuvo negociaciones con Activo Financial Group entre 2015 y 2016, con la participación de Emsley Tromp, entonces gobernador del CBCS. El plan consistía en la adquisición total de Girobank por parte de Activo Financial Group y su posterior integración en el recién creado en 2015, Activo Bank N.V. Sin embargo, las negociaciones se desmoronaron en noviembre de 2016 debido a desacuerdos sobre las garantías y la inyección de capital requerida.

Un nuevo rayo de esperanza surgió cuando, en 2016, el fondo de pensiones de empleados públicos de Curazao (APC), accionista de Girobank, expresó su interés en adquirir parte del banco e integrarlo en el nuevo APC Bank. Este plan, que también involucraba la participación de PSB Bank y una inyección de capital por parte del gobierno de Curazao, se mantuvo en la mesa de negociaciones hasta mediados de 2020. La estrategia contemplaba la división de Girobank en un «banco bueno» y un «banco malo», con APC Bank adquiriendo únicamente la parte saludable.

El Girobank cerró brevemente en diciembre de 2019, después de una nueva intervención del Banco Central de Curazao y Sint Maarten. La intervención se produjo tras una corrida bancaria el 9 de diciembre de ese año, durante la cual todas las sucursales fueron cerradas. Después de tres días, el banco reabrió por un breve lapso de tiempo y se fijó un límite máximo de retiro de 10.000 florines. Posteriormente, el banco cerró sus puertas definitivamente.

Sin embargo, la pandemia de Covid-19 asestó un golpe fatal a las negociaciones. En julio de 2020, el fondo de pensiones APC redujo drásticamente su oferta por el «banco bueno» de 182 millones de florines a tan solo 66,6 millones, argumentando el impacto negativo de la crisis sanitaria en el valor de Girobank. Ante esta drástica reducción, el CBCS y el gobierno de Curazao se retiraron de las negociaciones en agosto de 2020.

Finalmente, tras años de incertidumbre y esfuerzos infructuosos, el gobierno neerlandés se vio obligado a intervenir para proteger a los depositantes y garantizar la devolución de sus fondos.

La misteriosa relación de un diputado venezolano con el caso de soborno contra Tromp

Una demanda en Miami, en 2019, reveló que Enpiso S.A. se trata de una compañía venezolana que en ese entonces mantenía una deuda con Activo International Bank por un crédito recibido en el año 2018.

Activo International Bank Inc. («Activo») presentó una demanda en el Circuito Judicial 11 del Condado de Miami-Dade, Florida, contra Enpiso, S.A. («Enpiso»), y contra los ciudadanos Guillermo Enrique Barroso Dugarte («Barroso») y Edgar Raúl Leoni Moreno («Leoni») por incumplimiento de un contrato de préstamo comercial a término con pago global diferido, firmado el 8 de marzo de 2018. La demanda, presentada el 30 de diciembre de 2019, alegó que Enpiso incumplió con el pago de la cuota mensual correspondiente al 1 de mayo de 2019 y todas las cuotas posteriores, lo que llevó a Activo a acelerar el pago del saldo pendiente.

El préstamo, por un monto principal de $1,450,000.00 dólares, tenía un plazo de veinticuatro (24) meses, con pagos mensuales de $4,000.00 dólares destinados a capital, más intereses y cargos aplicables. La tasa de interés fija anual del préstamo era del 5.50%. Además del contrato de préstamo, el acuerdo estaba respaldado por un pagaré, un contrato de cesión, y garantías de pago firmadas por Barroso y Leoni.

Activo, como entidad bancaria internacional, alegó que había cumplido con todas sus obligaciones contractuales, mientras que Enpiso había incumplido con el acuerdo, generando daños por un monto principal de $1,268,000.00 dólares, más intereses y cargos por mora desde el 1 de mayo de 2019.

La demanda también incluyó reclamos contra Barroso y Leoni, quienes actuaron como garantes del préstamo. Activo buscaba que se les condenara a pagar la deuda pendiente, junto con los intereses, costos y honorarios de abogados.

Sin embargo, durante el proceso legal, que se desarrolló a mediados de 2020, Activo International Bank Inc. solicitó prórrogas, alegando la imposibilidad de notificar la demanda, a los demandados y a la empresa, en un apartamento en el 2501 de Brickell Ave en Miami. Activo International Bank Inc. alegó que suponía que los demandados se encontraban en Venezuela o que habían estado tratando de ocultarse para no ser notificados. Activo también argumentó dificultades para notificar a los demandados en Venezuela. Finalmente, en noviembre de 2020, el banco desistió voluntariamente de la demanda, sin argumentar más razones.

Aunque en la demanda presentada en Miami se identificó a Leoni Moreno como «Edgar», en otros documentos de sociedades constituidas en Panamá en el año 2007 junto a Guillermo Barroso Dugarte, como Creatuplan International, S.A., su nombre figura como «Edgard», con una letra «d» al final.

Edgard Raúl Leoni Moreno y Guillermo Enrique Barroso Dugarte son abogados y dirigen en Venezuela el despacho legal LB Abogados Consultores S.C.

Edgard Raúl Leoni Moreno fue electo diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, en representación del Distrito Capital, el 6 de diciembre de 2020. Leoni forma parte del ala del partido Acción Democrática (AD) controlada por el dirigente Bernabé Gutiérrez. Llegó al Parlamento venezolano con el apoyo del movimiento Cambiemos, dirigido por Timoteo Zambrano. Fue postulado por el sector de facultades universitarias de ciencias jurídicas y políticas. El abuelo de Edgard Leoni Moreno era primo de Raúl Leoni, quien fuera presidente de Venezuela entre los años 1964 y 1969. El diputado Leoni es, además, vicepresidente de la Fundación Acción Integradora para la Comunidad (AINCO) y profesor titular en derecho internacional privado de la Universidad Católica Santa Rosa, en Caracas. En el año 2017, Edgard Leoni fue candidato independiente a la alcaldía de Baruta, municipio venezolano del estado Miranda.

El desistimiento de la demanda en Miami de Activo International Bank contra Leoni se produjo menos de un mes antes de ser electo diputado.

Ante el anterior panorama, vale preguntarse: ¿Por qué la empresa de un abogado venezolano, devenido en político, daría un préstamo en 2015 a una empresa de ropa en Curazao vinculada al exgobernador del Banco Central Curazoleño? ¿Por qué el mismo abogado solicitó un crédito en 2018 al banco sospechoso de canalizar el supuesto soborno, negándose luego a devolver el préstamo otorgado por el banco? ¿Es casual que los montos de ambos préstamos: 1,34 y 1.45 millones de dólares, respectivamente, guarden similitud?

La sede de Enpiso en Caracas, ubicada, según la demanda, en la Avenida Francisco de Miranda, Multicentro Empresarial del Este, Torre A Piso 5, Oficina 54-A Chacao, coincide con la de Corporación PASSE Venezuela, C.A., una empresa de tecnología electrónica destinada al control de acceso y automatización de ingresos y egresos de personas y vehículos. Un rostro visible de Corporación PASSE es el del empresario Eduardo Enrique Pérez Capriles. No obstante, no está claro qué relación existe entre Enpiso y Corporación PASSE, si es que la hay, más allá de contar o haber contado con una oficina ubicada en la misma dirección.

Documento revelador

Un documento clave para desentrañar el asunto es una demanda en Venezuela, de cumplimiento de contrato de opción de compra-venta, signada como AH15-X-2018-000025, que data del año 2018, de la Sociedad Mercantil GRUPO VENERGY S.A., contra la ciudadanas María Eugenia Febres Cordero Zamora y Alexandra Eugenia Oliveros Febres, madre y hermana, respectivamente, de José Antonio Oliveros Febres Cordero, accionista de Activo International Bank, Inc., actualmente conocido como TBB International Bank Corp. El litigio, interpuesto ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y relativo a una disputa por unos inmuebles, menciona que Enpiso S.A. actuaba como apoderada especial de María Eugenia Febres Cordero Zamora y Alexandra Eugenia Oliveros Febres, para la suscripción de contratos inmobiliarios, contratos que estaban a cargo de Enpiso S.A. Ello sugiere que el ahora diputado Edgar Raúl Leoni Moreno y su socio Guillermo Enrique Barroso Dugarte, abogados ambos, actuaban como apoderados de los Oliveros Febres Cordero.

Pero, ¿Por qué los Oliveros Febres Cordero les otorgarían un crédito de su banco a sus propios apoderados? ¿Por qué los apoderados dejarían de pagar el crédito hasta ser demandados en Miami? ¿Cómo es que Edgar Raúl Leoni Moreno no podía ser ubicado en Venezuela en 2020, a pesar de encontrarse en campaña electoral? y ¿Por qué Activo International Bank, Inc. terminó desistiendo de la demanda en Miami? ¿Se trataba acaso de una falsa representación y algún tipo de complot en perjuicio del banco?

Pero algo si está claro. José Antonio Oliveros Febres Cordero, su madre y su hermana, han sido demandados por el TBB International Bank Corp, ante un tribunal de distrito de Puerto Rico, bajo la Ley de Organizaciones Corruptas (Ley RICO), y otras leyes relacionadas contra estafadores y corruptos. La demanda alega que ellos y otros demandados orquestaron un plan que agotó activos del banco por valor de más de 29 millones de dólares, a través de varios préstamos, que fueron aprobados en violación de las regulaciones bancarias federales y estatales. Ante ello surge la duda de: ¿Qué tanto sabe el diputado Edgar Raúl Leoni sobre ese particular?

La historia previa a la oferta de Activo Financial Group: ¿Quién era el principal accionista del Girobank?

IIG Capital era desde el año 2010 el principal accionista del Girobank. IIG Capital estaba integrada por banqueros acusados de no invertir nada en el banco y sustraer millones de la entidad. Otros accionistas del Girobank eran el fondo de pensiones de empleados públicos de Curazao (APC) y la fundación de privatización de Curazao (StIP).

IIG Capital era una filial de International Investment Group (IIG), una institución financiera estadounidense especializada en financiamiento comercial a corto plazo y financiamiento de comercio, con un enfoque en mercados emergentes. La empresa fue fundada por David Hu y Martin Silver en 1994 y se registró con la SEC como una firma de asesoramiento de inversiones (RIA) en Manhattan, Nueva York.

David Hu fue el cofundador, director de inversiones y socio gerente de IIG Capital. Antes de unirse a IIG, Hu trabajó en varias instituciones financieras, incluyendo Mellon Bank, American Express, Nomura Securities International y Smith Barney. Poseía licencias de valores y tenía un MBA de la Thunderbird School of Global Management y una licenciatura en ingeniería civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

IIG Capital estuvo involucrada en un escándalo significativo relacionado con un esquema Ponzi. David Hu, el cofundador y director de inversiones, fue condenado a 12 años de prisión en abril de 2022 por defraudar a clientes, por más de $120 millones. Hu fabricó documentos para ocultar sus pérdidas financieras y engañó a los clientes durante más de una década, desde 2007 hasta 2019.

Martin Silver fue el cofundador y director de operaciones de IIG Capital. Junto con David Hu, Silver fue encontrado culpable de operar el esquema Ponzi.

Además, la SEC revocó la inscripción de IIG como asesor de inversiones en noviembre de 2019 después de presentar cargos de fraude contra la empresa.

David Hu y Martin Silver fueron asesores del Venezuela Recovery Fund (VRF), un fondo que gestionaba los activos restantes de un antiguo banco venezolano quebrado, según informó en 2022 el Departamento de Justicia estadounidense. Se presume que el Departamento de Justicia se refería a los activos del Banco Latino N.V., filial curazoleña del Banco Latino, quebrado en Venezuela en los años 90.

Acusaciones contra David Hu y Martin Silver por enriquecimiento injusto

En 2019, los dueños del banco internacional IIG Malta, David Hu y Martin Silver, se vieron envueltos en una demanda multimillonaria en un tribunal de Nueva York. El demandante, el banco curazoleño Girobank los acusó de enriquecimiento injusto en un supuesto esquema de préstamos por 93 millones de dólares. Inicialmente, IIG Malta también estaba implicado en el caso, acusado de haber adquirido una línea de crédito de Girobank sin devolver el dinero prestado. Sin embargo, a medida que el caso avanzaba, IIG Malta dejó de ser uno de los demandados directos, y en su lugar, sus accionistas últimos, Hu y Silver, fueron quienes tuvieron que responder a las acusaciones de Girobank.

La entidad bancaria caribeña alegó que Hu y Silver, como propietarios de Internal Investment Group LLC y directores del banco maltés, adquirieron una participación mayoritaria en Girobank con el objetivo de extraer préstamos sin intención de devolverlos. Según Girobank, este «esquema fraudulento generalizado» provocó un deterioro significativo en su posición financiera, lo que llevó a la imposición de una medida de emergencia y, finalmente, al control del Girobank por parte del Banco Central de Curazao y San Martín.

Girobank sostuvo que IIG Group hizo falsas representaciones para que su fondo de inversión, Trade Opportunities Fund (TOF) y una subsidiaria, adquirieran una participación mayoritaria en el banco. El objetivo, según la acusación, era utilizar la liquidez de Girobank para otorgar préstamos y pagar a los propios acreedores de TOF.

El fondo en apuros y la búsqueda de liquidez

Girobank argumentó que, a pesar de ser promocionado como su fondo insignia, el TOF de IIG había tenido dificultades después de la crisis financiera de 2008, y aproximadamente el 70% de sus inversores estaban exigiendo el reembolso de sus inversiones. En este contexto, según la acusación, «Hu y Silver buscaron un socio con gran capacidad financiera al que pudieran vender su cartera de préstamos para la financiación del comercio, gran parte de la cual estaba obsoleta y era defectuosa, y revitalizar TOF con nueva liquidez para pagar a los inversores descontentos de TOF».

Un personaje crucial en la posible venta fue Eric Garcia, director de Girobank, quien buscaba vender la participación mayoritaria de Totalbank en Girobank a IIG. Posteriormente, Garcia fue condenado a cuatro años de prisión en Curazao por la malversación de 11 millones de dólares, falsificación y blanqueo de capitales en un falso esquema de hipotecas y por preparar un informe de quiebra falso.

Además de la propiedad de Totalbank (58%) de Girobank, el banco era propiedad del fondo de pensiones de los funcionarios de Curazao y la fundación Stip. García organizó la reunión de 2010 en la que IIG convenció a los accionistas de Girobank de la solidez de su cartera de préstamos para la financiación del comercio, sus estrictos controles y su exhaustiva diligencia debida. Con base en estas representaciones, los accionistas de Girobank y el Banco Central aprobaron la adquisición.

El acuerdo controversial y las acusaciones de manejo indebido de préstamos

El núcleo del caso judicial se centró en el acuerdo entre Girobank y TOF, por el cual el banco compraría participaciones parciales en los préstamos para la financiación del comercio que gestionaban TOF e IIG Capital. Según Girobank, Garcia utilizó su influencia para anular a los gestores de cuentas de Girobank cuando empezaron a darse cuenta de que TOF e IIG Capital estaban comprando participaciones en préstamos que los gestores de Girobank habían rechazado.

Posteriormente, Girobank descubrió una carta escrita por Martin Silver, propietario de IIG, en junio de 2010, en la que explicaba que la adquisición de Girobank proporcionaría «liquidez rápida» para pagar a los inversores de TFP, una empresa panameña que compartía inversiones con el fondo TOF. De hecho, uno de los préstamos de Girobank se concedió a un inversor de TFP, la Junta del Plan de Pensiones de los Maestros de Ontario, por un total de 67 millones de euros.

«Específicamente, el demandado Sr. Hu dio instrucciones a Girobank para que transfiriera pagos a Ontario, supuestamente para la compra de participaciones de TOF… Girobank no entendía que estaba pagando a un inversor en un fondo de cobertura separado por una deuda separada… de esta manera se cumplieron las declaraciones del Sr. Silver en la carta de junio de 2010: al hacer que Girobank pagara a Ontario, el Sr. Silver, el Sr. Hu, TFP, IIG LLC y otros utilizaron la liquidez o el efectivo de Girobank para beneficiar a Ontario y TFP, entidades con las que Girobank nunca ha hecho negocios y que son completamente ajenas al banco», alegó Girobank.

El año 2017 parece haber marcado un punto de inflexión, no solamente en la carrera de Emsley Tromp, sino también en el destino subsiguiente de entidades reguladas por el Banco Central de Curazao y Sint Maarten (CBCS). De allí que haya quienes se pregunten si Tromp estuvo o no encubriendo irregularidades en las entidades bajo supervisión del CBCS, y peor todavía, si acaso había estado recibiendo o no sobornos para evitar la intervención y el colapso de algunas de esas entidades.

En caso del Girobank, pese a la medida de emergencia en 2013 durante la gestión de Tromp, hay quienes opinan que Tromp y el CBCS actuaron complicemente.

El dudoso papel de Emsley Tromp en el caso Ennia

Un caso en particular que arroja dudas sobre la gestión de Emsley Tromp es el de Ennia, un importante proveedor de seguros y fondo de pensiones en Curazao. El 4 de julio de 2018, justo 10 meses después de la salida de Emsley Tromp del Banco Central, la institución de la que Tromp había sido gobernador, solicitó una medida de emergencia para reestructurar Ennia y, de esa manera, proteger los intereses de todos los accionistas de Ennia.

El CBCS estaba particularmente preocupado por la administración inadecuada de los fondos y la incorrecta valoración de ciertos activos de Ennia. Estas preocupaciones se intensificaron debido a la transferencia de casi 100 millones de dólares desde las compañías de seguros hacia las cuentas personales de los propietarios finales, incluido el multimillonario Hushang Ansary.

Un hecho en particular ha causado sospechas acerca de la vinculación de Emsley Tromp con Hushang Ansary. Se trata de los pagos que recibió Evan Daniel Tromp, el hijo del exgobernador del Banco Central de Curazao y Sint Maarten (CBCS), a través de Ennia, con conocimiento de Ansary. Pero más curiosa fue la justificación de Ansary sobre los pagos dados por Ennia al hijo de Emsley Tromp, luego de que Evan Tromp fuese acusado de formar parte de una nómina de empleados fantasmas, que recibían salarios de Ennia, sin supuestamente ejercer función conocida alguna.

En opinión de sus críticos, Emsley Tromp siempre ha intentado defender su supuesta honradez, jugando con las debilidades del sistema, intentando justificar sus actos, aunque las evidencias en su contra sean bastante comprometedoras.

El legado manchado de un magnate petrolero: Hushang Ansary y el desfalco a Ennia

En 2006, Hushang Ansary, un exestadista iraní convertido en magnate petrolero en Texas, adquirió Ennia, la compañía de seguros y fondo de pensiones más grande de Curazao. Su llegada fue recibida con aplausos y optimismo, pero la falta de experiencia de Ansary en el sector financiero sembró la semilla de la duda entre los empleados veteranos. Casi dos décadas después, esas dudas se han transformado en acusaciones de saqueo y desfalco que han amenazado el futuro de 30.000 pensionados en la isla caribeña.

El Banco Central de Curazao y Sint Maarten acusa a Ansary de drenar los activos de Ennia para beneficio propio, financiando desde sus negocios personales y viajes en jet privado hasta donaciones a causas conservadoras en Estados Unidos. Una demanda interpuesta por el banco central en Texas ha buscado recuperar cientos de millones de dólares que, según alegan, Ansary desvió de Ennia.

Este caso, como muchos escándalos financieros, se complica por la participación de firmas contables globales. KPMG auditó partes del negocio de Ennia durante la gestión de Ansary, mientras que PwC, antes conocida como PricewaterhouseCoopers, jugó un papel aún más intrincado. Seis años después de la compra de Ennia, Ansary, con la ayuda de PwC, estableció compañías fantasma en el extranjero. Estas empresas, según las autoridades de Curazao, sirvieron para minimizar impuestos y ejecutar maniobras financieras que privaron a Ennia de cientos de millones de dólares.

Sorprendentemente, PwC continuó creando nuevas empresas fantasma vinculadas a Ennia, incluso después de que el Banco Central curazoleño tomara control de la aseguradora en 2018, tras declararla en quiebra. El propósito de estas nuevas entidades sigue siendo un misterio.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), tras una exhaustiva investigación que incluyó entrevistas con Ansary y la revisión de documentos financieros y judiciales, reveló en 2023 detalles preocupantes sobre la participación de PwC en la crisis de Ennia.

Las empresas fantasma creadas por PwC, a petición de Ansary, no solo facilitaron la evasión fiscal, sino que también permitieron la ejecución de complejas transacciones que, según las autoridades de Curazao, despojaron a Ennia de sus activos.

La creación de nuevas empresas fantasma en Chipre y Texas, vinculadas a Ennia, tras la declaración de quiebra, carece de una explicación clara y transparente.

Empleado «fantasma» en Ennia

En junio de 2016, mientras los medios de comunicación en Curazao y los Países Bajos comenzaban a reportar sobre las sospechas de irregularidades en Ennia, Emsley Tromp, entonces gobernador del Banco Central de Curazao y Sint Maarten (CBCS), aseguraba públicamente que no había motivos de preocupación para los asegurados.

Sin embargo, la posterior declaración de quiebra de Ennia en 2018, y la subsecuente intervención del Banco Central, pusieron en tela de juicio la actuación de Tromp durante su mandato. Su insistencia en la solvencia de Ennia, a pesar de las señales de alerta, ha generado fuertes críticas y sospechas sobre su posible complicidad en el desfalco.

Las dudas sobre la actuación de Tromp se intensificaron con la revelación de los pagos millonarios recibidos por su hijo, Evan Tromp, de Ennia Holding y Ennia Investments entre 2010 y 2017. Evan Tromp, quien residía en un lujoso condominio en Miami, propiedad de su padre, recibió más de 1.4 millones de dólares de Ennia sin haber realizado ningún trabajo o servicio para la compañía.

La justicia determinó que estos pagos fueron erróneos y constituían un grave incumplimiento de las obligaciones del consejo de administración de Ennia. Una sentencia del 12 de septiembre de 2023, en la apelación de Ennia contra Hushang Ansary y otros directivos, detalla cómo Evan Tromp y otras seis personas fueron incluidos en la nómina de Ennia como «empleados fantasma», sin haber desempeñado ningún rol real en la empresa.

Ansary mencionó durante una audiencia judicial sobre Evan Tromp que estaba al tanto de que Evan trabajaba para una de las compañías de Ennia en las islas y que le agrada brindar oportunidades a los jóvenes. Sin embargo, Ansary no especificó qué tipo de trabajo realizó Tromp en relación con esa oportunidad. Entre 2010 y abril de 2017, Tromp recibió pagos anuales que oscilaban entre más de 214.000 y 246.000 florines.

La sentencia del 12 de septiembre de 2023 no solo expuso los pagos injustificados a Evan Tromp, sino que también destapó una red de «empleados fantasma» que recibieron millones de dólares de Ennia sin haber prestado ningún servicio a la compañía.

Entre estos empleados fantasma se encuentra Clarence Derby, quien recibió la mayor suma: 2.1 millones de dólares entre 2008 y 2018. Derby, al igual que Evan Tromp, no tenía un contrato de trabajo con Ennia y su función dentro de la empresa nunca fue aclarada.

Kelly Clifford, Aghili Cyrus, Elizabeth Leos, Chris Archie y Caspian Tavalli, asistentes personales de Ansary, también fueron identificados como empleados fantasma. A pesar de no tener un contrato laboral con Ennia, recibían pagos bajo el concepto de «comisionado», una figura que no se correspondía con la realidad.

La justicia determinó que la inclusión de estos individuos en la nómina de Ennia, sin que realizaran ningún trabajo para la compañía, constituía una grave negligencia por parte del consejo de administración. Tanto Ansary como Gijdbert van Doorn, exdirector ejecutivo de ENNIA, fueron considerados responsables de estos pagos irregulares.

El fallo del tribunal del 12 de septiembre de 2023 marcó un hito importante en la búsqueda de justicia para Ennia y sus miles de asegurados perjudicados. Ansary y Van Doorn fueron considerados responsables solidarios de los daños causados a la compañía, y se les ordenó indemnizar a Ennia por los pagos realizados a los empleados fantasma.

El Banco Central de Curazao y Sint Maarten ha asumido el control de Ennia y trabaja para estabilizar la compañía, pero el daño causado por la gestión de Ansary es considerable.

Según explicaba en 2019 un reportaje del portal Cuentas Claras Digital, Hushang Ansary tuvo una participación destacada en el mercado de San Maarteen desde la década de 1980, lo que le permitió forjar una estrecha amistad con Emsley Tromp. Anzary también fue compañero de Claude Wathey, con quien fundó una Universidad en 1989. Más tarde, Wathey enfrentó acusaciones de corrupción, fraude, pertenencia a una organización criminal y fue sentenciado a prisión por perjurio.

El fraudulento camino de Evan Tromp hacia las criptomonedas tras su salida de la nómina de Ennia y la renuncia de su padre

Tras la renuncia de su padre – Emsley Tromp – como gobernador del Banco Central de Curazao y Sint Maarten (CBCS) en 2017, y el mismo año en que Evan Tromp dejó su puesto como «empleado fantasma» en la firma de seguros y pensiones Ennia, este último se adentró en el mundo de las criptomonedas. En 2023 salió a la luz que Evan Tromp enfrenta cargos por fraude electrónico en un tribunal estadounidense desde 2022. Estos cargos están relacionados con su presunta participación en un esquema fraudulento que se desarrolló entre 2017 y 2022.

La acusación señala que Evan Tromp, hijo del exgobernador del CBCS, participó en un plan para defraudar a inversores a través de sus empresas: Quanta Capital BV, Operational and Financial Advisory, LLC y Quanta Nominee, LLC. Tromp, residente ya para entonces del Distrito Sur de Florida, ocupaba el cargo de director general en Quanta Capital BV y tenía roles importantes en las otras dos entidades.

Se le acusa de solicitar inversiones para diversas oportunidades, incluyendo Bitcoin, otras criptomonedas y servicios de minería y comercio de criptomonedas. Según la acusación, Tromp realizó declaraciones falsas y fraudulentas a los inversores sobre el destino de sus fondos, prometiendo que serían utilizados para la compra de equipos de minería de criptomonedas y la generación de altos rendimientos con bajo riesgo.

El esquema Ponzi y las acusaciones de fraude electrónico

La acusación contra Evan Tromp alega que operaba su negocio como un esquema Ponzi, utilizando fondos de nuevos inversores para pagar las obligaciones a los inversores existentes. Este modelo le permitía ocultar la naturaleza fraudulenta del esquema y mantener una apariencia de rentabilidad.

El uso de comunicaciones por cable interestatales para promover su plan fraudulento es lo que da origen a los cargos de fraude electrónico. Se instruía a los inversores a transferir fondos electrónicamente a cuentas controladas por Tromp en el Distrito Sur de Florida.

Además de los cargos de fraude electrónico, las autoridades buscan la confiscación criminal de la propiedad derivada de las ganancias atribuibles a las presuntas violaciones. De ser declarado culpable, Evan Tromp podría enfrentar una pena máxima de prisión de 20 años por cada cargo de fraude electrónico. También podría ser sujeto a multas, libertad supervisada y otras sanciones.

Sospechosa relación entre Emsley Tromp y el Banco del Orinoco NV

La inacción de Emsley Tromp y el Banco Central de Curazao y Sint Maarten (CBCS) ante las denuncias y reclamos de clientes del Banco del Orinoco NV que, mientras Tromp era gobernador del CBCS, se quejaban de no poder transferir sus depósitos a otras entidades financieras, genera otra sombra de sospechas sobre complicidad, al considerar además cómo Tromp se convirtió en asesor del Banco del Orinoco NV, después de que en 2019, ya cuando Tromp había renunciado al CBCS, el Banco Central le revocara la licencia a la entidad presidida por el venezolano Víctor Vargas Iraúsquín. ¿Sabía Tromp, mientras era presidente del CBCS, que el Banco del Orinoco había estado presentando documentación falsa al CBCS para dar apariencia de solvencia financiera?

El Banco del Orinoco NV adeuda aproximadamente 807,7 millones de dólares a más de 2.400 antiguos cuentahabientes. La justicia de Curazao espera que los representantes del banco formalicen los convenios de pago con los acreedores. Víctor Vargas: Víctor Vargas, el banquero detrás del Banco del Orinoco NV, ha sido objeto de críticas y controversias debido a las acusaciones de estafa y mala gestión financiera. A pesar de las dificultades financieras de sus bancos, Vargas ha mantenido una vida de millonario.

Los afectados han protestado y han exigido justicia, ya que muchos han perdido sus ahorros y algunos han fallecido esperando recuperar sus fondos. La justicia de Curazao ha establecido un proceso para verificar los montos adeudados y ha advertido que si no se llega a un acuerdo de pago, el juez podría declarar la «quiebra fraudulenta» del banco.

Además, se ha presentado un escrito al tribunal de primera instancia en Curazao, solicitando que se excluya a las empresas de Vargas del orden de prelación en los pagos de cualquier liquidación, priorizando a los trabajadores, el fisco y los acreedores ordinarios. Víctor Vargas y su grupo han tratado de ganar tiempo en Curazao, prometiendo, antes de los comicios, que el resultado de las elecciones celebradas el pasado 28 de julio de 2024 en Venezuela podía influir positivamente en el contenido del acuerdo con los acreedores.

No está claro cuál era el resultado electoral esperado por Vargas y su grupo o qué efecto tendrá en las negociaciones, la reelección de Nicolás Maduro, desconocida por la oposición venezolana.

Luis Alfonso de Borbón era director suplente del Banco del Orinoco NV, aunque su portavoz ha afirmado que su función era puramente comercial y representativa, sin poder ejecutivo. Sin embargo, muchos se preguntan si el bisnieto del desaparecido dictador español Francisco Franco, tuvo una cuota de responsabilidad en colapso del banco, al igual que su esposa, María Margarita Vargas y su cuñada María Victoria Vargas.