Por Pilar Martínez
Desde abril de 2024, ha surgido en las redes sociales una información que señala a los venezolanos Francisco Convit y Daniel Uzcátegui como presuntos agentes, activos o pasados, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), incerfiltrados en las altas esferas del poder político y económico de Venezuela.
Esta información, inicialmente difundida e la red social X por el militar retirado y opositor venezolano exiliado en Estados Unidos, José Antonio Colina, afirma además que Convit habría entregado drones de manufactura rusa a la DGCIM para labores de contrainteligencia y operaciones militares. Convit es recordado por haber sido uno de los «bolichicos», quienes fueron señalados por obtener contratos ventajosos para la instalación de plantas de energía eléctrica, a raíz de la crisis energética que sufrió Venezuela en 2009. Estos contratos generaron ganancias millonarias a Convit y sus socios, aun cuando muchos de los equipos que vendieron resultaron ser inservible.
No queda claro a qué tipo de actividades militares se refiere Colina, si estas son de vigilancia, espionaje o incluso para contener manifestaciones.
No obstante, según reportes de la periodista Patricia Poleo, quien mantiene estrechos vínculos con Colina, difundidos en medios de comunicación en agosto de 2024, el gobierno de Nicolás Maduro ha estado utilizando drones para sobrevolar Caracas con el fin de vigilar y disuadir protestas, especialmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, calificadas de fraudulentas por la oposición. Estos drones, que según Poleo son de fabricación iraní -aunque Colina previamente había mencionado drones de origen ruso supuestamente proporcionados por Convit-, operan tanto de día como de noche y podrían estar equipados para disparar contra los manifestantes, de acuerdo con Poleo.
La periodista venezolana Patricia Poleo desveló a mediados de 2024 que la DGCIM estaría utilizando una sala de control de drones en la base militar de La Carlota para monitorear protestas y proveer información a grupos armados afines al gobierno, facilitando así la localización y contención de manifestantes.
Se ha informado además sobre el uso de estos aparatos en operativos de vigilancia y represión en áreas de alta conflictividad, incluyendo el monitoreo de concentraciones y protestas en zonas como los Altos Mirandinos y el estado Táchira.
Cabe destacar que, en una acción coordinada, la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos han impuesto nuevas sanciones contra altos funcionarios del gobierno venezolano, coincidiendo con la investidura de Nicolás Maduro como presidente el pasado 10 de enero de 2025.
Estas medidas punitivas suman 15 nuevos nombres a la lista de sancionados, que ya contaba con 55 personas. Entre los afectados se encuentran representantes del Consejo Nacional Electoral, miembros del Tribunal Supremo y personal de las fuerzas de seguridad.
Volviendo al asunto de los drones, el hecho de que Francisco Convit presuntamente haya suministrado estos aparatos a la DGCIM, según reportes como el de José Antonio Colina, evoca un incidente similar ocurrido años atrás, cuando otro empresario venezolano vendió drones a una filial de Pdvsa, también destinados a la DGCIM.
De los drones a la «quincalla»
En 2017, una investigación de medios venezolanos sacó a la luz que el empresario Tito García Montero, a través de su compañía TGM Aviation LLC, registrada en Florida, Estados Unidos -cuyas siglas TGM parecen ser un acrónimo del propio nombre de Montero-, vendió un lote de drones valorado en 7.848.170 dólares a PDVSA Petromonagas, una filial de la petrolera estatal venezolana Pdvsa. El contrato, firmado el 17 de noviembre de 2016, especificaba que los drones serían empleados por el Ministerio de Defensa venezolano, y en particular, por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en un contexto ya marcado entonces en Venezuela por la conflictividad política. Esto, a pesar de las restricciones que impiden a Venezuela comprar a Estados Unidos material considerado bélico.
En junio de 2024, una entrevista concedida a OKDIARIO por el aristócrata Luis Alfonso de Borbón, cuyo abuelo paterno era hermano del abuelo de Felipe, el actual rey de España, reveló su participación como socio en una tienda en Madrid llamada «Drone Aerospace», situada en la calle Princesa 10. Según las propias palabras de Luis Alfonso, el negocio estaba inicialmente enfocado en la venta de drones. No obstante, un cambio de rumbo transformó el local en una tienda de regalos, que ofrece desde artículos textiles de marcas de lujo automovilísticas como Lamborghini y Porsche, hasta productos más cotidianos como cervezas y chupachups.
En la conversación con OKDIARIO, Luis Alfonso de Borbón, quien en Venezuela es conocido como «El Príncipe», detalló que la idea original de «Drone Aerospace» era la de ser un comercio especializado en la venta de drones. Sin embargo, los planes se torcieron cuando la guerra en Ucrania provocó una escasez de componentes esenciales para este tipo de productos. Ante esta coyuntura, Luis Alfonso explicó que, junto con su socio, decidieron reconvertir el negocio en una tienda de regalos, con un enfoque ecléctico y orientado a un público diverso.
El establecimiento, ubicado en una concurrida zona de Madrid, se presenta como una boutique que combina lo exclusivo con lo cotidiano. Luis Alfonso, que se mostró sonriente y distendido durante la entrevista, describió la tienda como un lugar donde se puede encontrar «un poco de todo». Desde llaveros y polos de marcas prestigiosas como Ducati, Aston Martin y Mercedes, hasta llantas de coches de carreras y cazadoras de cuero, la tienda ofrece una gama de productos que busca atraer tanto a hombres como a mujeres, de todas las edades. «Es como un chino, pero fino» (a semejanza de una quincallería china, pero de alta gama), comentó el duque, en alusión al carácter variopinto del inventario disponible.
Además, el aristócrata mencionó que esta tienda es la primera de lo que podría convertirse en una cadena, aunque dejó claro que todo dependería de la respuesta del público. «Vamos un poco a base de prueba y error, y es el público quien nos va indicando lo que gusta más», señaló. Luis Alfonso insistió en que la imagen del negocio no está centrada en su persona, sino en los productos que se ofrecen, subrayando que él es simplemente uno de los dos socios detrás del proyecto.
A primera vista, «Drone Aerospace» podría parecer una simple incursión empresarial en la vida de Luis Alfonso de Borbón. Sin embargo, un análisis más profundo revela una serie de incongruencias y conexiones que resultan, cuanto menos, sospechosas. Según los registros oficiales, una empresa con el mismo nombre y dirección, «Drone Aerospace SL», fue constituida en agosto de 2019. Lo llamativo es que el único socio y administrador que figura en los registros es Tito García Montero, y en ninguna parte aparece el nombre de Luis Alfonso de Borbón, a pesar de que él afirma ser uno de los dos socios.
Este detalle genera interrogantes, ya que, según la información disponible, Tito García Montero no es un personaje sin pasado. García Montero, un militar retirado venezolano, es el mismo que, en 2016, vendió drones a la DGCIM, a través de PDVSA Petromonagas, utilizando su empresa TGM Aviation LLC.
García Montero, quien en su momento admitió en redes sociales estar vendiendo «drones profesionales para vigilancia y usos industriales» al Gobierno de Venezuela, no ha escapado a las críticas. La investigación sugería que el contrato podría haber sido inflado, lo que no es una novedad en un país donde las acusaciones de corrupción son moneda corriente. El firmante del contrato por parte de PDVSA Petromonagas fue el entonces presidente de la entidad, Edgar Sifontes, quien ha sido señalado por corrupción en múltiples ocasiones.
Esta conexión entre Luis Alfonso de Borbón y Tito García Montero genera serias interrogantes sobre la verdadera naturaleza del negocio «Drone Aerospace». El vínculo con un personaje implicado en negocios con la administración gobernante en Venezuela, y las conexiones con empresas que han tenido contratos con Pdvsa, como las pertenecientes a la familia de María Margarita Vargas, esposa de Luis Alfonso, siembran dudas sobre la transparencia detrás de este emprendimiento. Cabe destacar que Víctor Vargas, el padre de María Margarita, es propietario de Esvenca, una empresa petrolera que ha sido contratista de Pdvsa.
Aunque Tito García Montero comparte apellido con Paco García Montero, el socio de Luis Alfonso en la empresa de reciclaje Eco-Lys Recycling, es importante aclarar que ambos no son hermanos y, además, el primero es venezolano, mientras que el socio en la empresa recicladora es español.
El propietario del inmueble donde opera la tienda presentó una demanda contra la sociedad Drone Aerospace SL, reclamando más de 30.000 euros, después de que Tito García y Luis Alfonso de Borbón dejaran de pagar el alquiler a partir de abril de 2024. Luis Alfonso justificó los impagos debido a un supuesto «vicio oculto» en el inmueble, que no les había sido notificado. El propietario del inmueble reveló en su demanda que García y Luis Alfonso se le habían presentado como socios.
La relación entre Luis Alfonso de Borbón y Tito García Montero es motivo de especial atención en el contexto actual, dado que Luis Alfonso de Borbón es concuñado de Francisco D’Agostino Casado, empresario que ha sido vinculado en varias ocasiones con la empresa Derwick Associates, aunque él siempre ha tratado de negar dicha vinculación.
Francisco Antonio Convit Guruceaga -supuesto nuevo suministrador de drones a la DGCIM- es un empresario directamente relacionado con Derwick Associates, empresa que recibió contratos para construir centrales eléctricas sin la debida experiencia o capital. Convit, quien ha sido acusado de corrupción, ha fungido como director de Derwick Associates, y está implicado, en otro caso distinto, en una red de lavado de dinero que involucra fondos desviados de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Derwick Associates obtuvo contratos para la construcción de 11 plantas termoeléctricas en Venezuela entre 2009 y 2010, durante la emergencia eléctrica declarada en esos años. Estos contratos fueron adjudicados a dedo debido a la suspensión de los procesos usuales de contratación a causa de la emergencia eléctrica que vivía el país suramericano.
La empresa se encargó de la venta de turbinas y otros equipos eléctricos. Derwick Associates compraba turbinas usadas de varios lugares del mundo, las reparaba y luego las vendía al Estado venezolano como nuevas, generando significativas ganancias en el proceso. Muchos de esos equipos terminaron dañados e inservibles.
¿Un «chino fino» todavía en el negocio de los drones?
La amistad entre Francisco Convit y Francisco D’Agostino, y entre D’Agostino y Luis Alfonso de Borbón, quien además es su concuñado, deja en el aire la pregunta de si Tito García Montero -el socio de Luis Alfonso de Borbón en la tienda madrileña «Drone Aerospace»- tiene algo que ver con los drones supuestamente suministrados por Convit a la DGCIM, sobre todo teniendo en cuenta que García Montero ya había vendido dichos artefactos en el año 2016 a PDVSA Petromonagas, aunque destinados también a la DGCIM.
No está claro qué modelos de drones se encuentran en poder de los organismos de seguridad de inteligencia en Venezuela y hasta qué punto son empleados en el control de manifestaciones. Lo que sí se sabe es que, desde el punto de vista tecnológico, existen sistemas específicamente diseñados para montar en drones y lanzar granadas de humo, bombas lacrimógenas y otros agentes químicos. Un ejemplo es el lanzador de granadas de humo y gases lacrimógenos compatible con el dron DJI M300, que permite el lanzamiento de munición de 6/8 rondas de calibre 38 mm, incluyendo bombas de humo y bombas antidisturbios.
Algunos países han adoptado el uso de drones para vigilar y controlar manifestaciones, y estos dispositivos pueden ser equipados con sistemas para lanzar gases lacrimógenos o granadas de humo para dispersar a los manifestantes. Las autoridades justifican este uso como una herramienta para prevenir y reprimir actos violentos durante las protestas.
Aunque el uso de drones para estos fines es técnicamente posible, genera controversias legales y éticas. Las regulaciones varían entre países, y muchas organizaciones defienden los derechos humanos y la privacidad, argumentando que este uso puede violar los derechos fundamentales de los manifestantes.
A propósito de que la UE ha expresado su preocupación por las violaciones de derechos humanos, la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, y la falta de avances hacia un diálogo que solucione la crisis postelectoral en Venezuela, y considerando que, tanto antes como ahora, la Unión Europea (UE) ha impuesto sanciones contra funcionarios venezolanos, debido a presuntas violaciones de los derechos humanos y el socavamiento de la democracia en Venezuela, cabe preguntarse si empresarios como Tito García Montero o Francisco Convit Guruceaga, en el caso de este último si se comprobara su implicación en un nuevo caso de drones, podrían ser también objeto de sanciones por parte de la UE.
El caso de Daniel Uzcategui Specht: Un joven «valijero» en Buenos Aires
Retomando el tema de los señalamientos contra Francisco Convit, Daniel Uzcátegui y su supuesta vinculación con la DGCIM, es preciso señalar que ambos tienen otras cosas en común. Además de provenir, cada uno en su respectivo caso, de hogares de padres divorciados, también ambos han sido objeto de escándalos judiciales que han trascendido a la opinión pública.
Comencemos por Uzcátegui. Daniel David Uzcategui Specht fue uno de los protagonistas del escándalo de la valija de Guido Antonini Wilson. Antonini portaba 790.550 dólares en efectivo que fueron incautados en el Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires, Argentina, el 4 de agosto de 2007 y que, presuntamente, estaban destinados a la campaña de la entonces candidata presidencial argentina Cristina Fernández de Kirchner.
La fiscalía argentina reveló que, al momento de la revisión del equipaje, Daniel Uzcategui Specht, quien entonces tenía 18 años de edad y pronto cumpliría los 19, se encontraba presente junto a Antonini Wilson.
Tras la finalización del procedimiento aduanero en el aeropuerto, fue el chofer de confianza de Claudio Uberti (entonces funcionario del gobierno argentino), Walter Celi, quien por orden de su jefe esperó a Daniel Uzcategui Specht y Antonini Wilson fuera de la terminal y los trasladó al Hotel Sofitel. El propio Celi testificó que la orden de esperarlos provino directamente de Uberti.
Tras el escándalo, Daniel Uzcategui Specht fue declarado en rebeldía por la justicia argentina al no comparecer para ser indagado, a pesar de que se le permitió presentar un planteo de prescripción de la acción penal. Uzcategui Specht y su padre, Diego Uzcategui Matheus, quien también fue investigado, no se presentaron físicamente ante el tribunal para ser interrogados formalmente, sino que presentaron escritos, lo que llevó a su declaración de rebeldía.
El caso obligó a Uzcátegui (padre) a renunciar a su cargo como presidente de la filial argentina de Pdvsa. La justicia Argentina suponía que ambos Uzcátegui habían regresado a Venezuela, evadiendo el proceso judicial en Argentina. El caso tuvo repercusiones tales que la diplomacia estadounidense, tanto en Argentina como en Venezuela, se refirió a los Uzcátegui en cables revelados en la famosa filtración de Wikileaks.
Amistades peligrosas y ¿Una menor «disfrazada» de mayor en el Miss Venezuela?
El padre de Daniel Uzcategui, el ingeniero Diego Bautista Uzcategui Matheus, se desempeñó, además, como director gerente de la presidencia de Pdvsa, cuando la petrolera era presidida por Rafael Ramírez Carreño. Uzcategui Matheus fue directivo de filiales de Pdvsa que operaban en Ecuador, Bolivia y Panamá. Uzcategui Matheus forma parte del círculo de amistades de Rafael Ernesto Reiter Muñoz, quien ha conseguido permanecer en España y no ser extraditado, a pesar de ser acusado por Estados Unidos como partícipe de otras tramas internacionales de corrupción y lavado de dinero. Reiter Muñoz ha sido señalado como quien subió en Venezuela la valija con el dinero al avión que trasladó a Antonini Wilson y a Daniel Uzcátegui a Buenos Aires.
A Daniel Uzcategui se le ha vinculado, en algunas publicaciones en línea, con el escándalo de corrupción Pdvsa-Cripto, destapado en el año 2023. Sin embargo, al menos de manera oficial, no ha sido ligado por las autoridades venezolanas a ese caso.
Una de las polémicas más recientes sobre Daniel Uzcategui Specht tiene que ver con su supuesta relación sentimental con Valentina Figuera, Miss Grand International 2019 y modelo. Eso, a pesar de que, hasta al menos el año 2022, Daniel Uzcategui mantenía una relación estable con su esposa, Veronica Janeth Leal Prieto, quien portara la banda de Miss Trujillo en el concurso Miss Venezuela en el año 2000.
No se sabe cómo fue que Veronica Leal Prieto consiguió participar en ese concurso, a pesar de haber tenido entonces solo 16 años de edad. Es decir, todavía no había cumplido la mayoría de edad, aunque era presentada con una supuesta edad de 19 años.
Video participación de Verónica Leal en el Miss Venezuela 2000
Veronica Leal es, desde el año 2022, socia única de la firma Mystique Group Iberica SL, dedicada a actividades inmobiliarias. En algunas publicaciones en línea se le ha atribuido a Leal ser la supuesta poseedora de cuentas bancarias millonarias en Suiza y Barbados, las cuales contarían con fondos que se presume pertenecen a su esposo, Daniel Uzcategui Specht. Adicionalmente, a Veronica Leal se le ha atribuido también una supuesta relación sentimental extramarital con el argentino Luis Fernando Vuteff, quien es esposo de la hija menor del exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. En diciembre de 2024, Vuteff fue sentenciado a 30 meses de prisión en Estados Unidos por su participación en una conspiración de lavado de dinero relacionada con la desviación de fondos de la empresa petrolera estatal venezolana Pdvsa.
El caso de Francisco Convit Guruceaga y «Chente» Amparan Croquer: Del Colegio Jefferson a la acusación federal
En el año 2014, Francisco Convit Guruceaga, directivo de Derwick Associates, tenía varias cosas en común con otro venezolano, José Vicente Amparan Croquer, alias «Chente». Ambos eran en Venezuela padres de alumnos del exclusivo Colegio Jefferson, ubicado en Valle Arriba, municipio Baruta del estado Miranda. Se trata del mismo instituto educativo que una persona identificada como Graciela Guruceaga, quien se cree que era la madre de Convit, entregó a la Policía Nacional contra la Corrupción (PNCC), luego de que el colegio fuera incautado, en octubre de 2023, por un tribunal, debido a que tenía como socios a los hermanos Rafael Guillermo Perdomo y Roger Vicente Perdomo, empresarios detenidos por su implicación en el caso de corrupción Pdvsa-Cripto.
Pero además de lo anterior, Francisco Convit Guruceaga y José Vicente Amparan también tenían en común su implicación en un negocio que derivó en una acusación federal en su contra en Estados Unidos, en 2018. En ese año, una investigación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI) reveló un complejo esquema de corrupción y lavado de dinero que involucró a exfuncionarios de la petrolera estatal venezolana PDVSA, empresarios y una red internacional de lavado de dinero. Entre los implicados en este esquema se encuentra Francisco Convit Guruceaga, empresario venezolano que jugó un rol central en el inicio y desarrollo de la trama, según se desprende del documento.
La investigación, denominada Operación Money Flight, comenzó en 2016 después de que una fuente confidencial se acercara a las autoridades estadounidenses con información sobre 78 millones de euros que había recibido de un contrato de préstamo con PDVSA. La fuente confidencial, cuya identidad no ha sido revelada, se convirtió en un colaborador clave para desentrañar la red de corrupción.
De acuerdo con la investigación, el esquema se originó en 2014, cuando Convit, junto con Carmelo Urdaneta Aqui, entonces Asesor Legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, se acercaron a la fuente confidencial con una oferta para vender 100 millones de dólares a una tasa de cambio favorable. La fuente confidencial, que tenía clientes en Venezuela a quienes podía vender los dólares, aceptó la oferta. Convit y Urdaneta le aseguraron a la fuente confidencial que recibiría un simple contrato de cambio de divisas (Forex) para formalizar la transacción.
En enero de 2015, Convit, Urdaneta y la fuente confidencial continuaron discutiendo y facilitando la supuesta transacción de divisas, a menudo a través de chats de BlackBerry Messenger (BBM) y mientras Convit estaba presente en el sur de Florida, según los registros de viajes y otros registros de EE. UU.
Durante este tiempo, Convit retrasó la entrega del contrato de divisas a la fuente confidencial, pero esto no preocupó demasiado a la fuente confidencial porque los fondos provenían de una empresa de gestión de activos regulada, la «Institución Financiera Europea 1», algo que la fuente confidencial podría explicar al banco receptor. La fuente confidencial instruyó a Convit para que transfiriera los fondos de la Institución Financiera Europea 1 a una cuenta que pertenecía a un fideicomiso, del cual la fuente confidencial era el beneficiario final. Convit aceptó e informó a la fuente confidencial que los fondos llegarían en euros y no en dólares estadounidenses.
Según la fiscalía, para el 12 de febrero de 2015, la fuente confidencial había recibido aproximadamente 78.8 millones de euros en el fideicomiso, por parte de la Institución Financiera Europea 1, en cuatro transferencias separadas que comenzaron el 14 de enero de 2015.
Sin embargo, en lugar de un simple contrato de cambio de divisas, Convit le envió a la fuente confidencial un contrato de empresa conjunta falso entre una compañía fantasma de Hong Kong, Eaton Global Services Limited, y el fideicomiso de la fuente confidencial. El contrato, fechado el 17 de diciembre de 2014, contemplaba una empresa conjunta ficticia de 600 millones de dólares para otorgar préstamos a PDVSA. La fuente confidencial nunca antes había visto este contrato y tenía una firma falsificada en nombre del fiduciario de la fuente confidencial.
Cuando la fuente confidencial confrontó a Convit sobre el contrato falso, Convit y Urdaneta le aseguraron que no se había utilizado ni proporcionado a ningún banco. La fuente confidencial también solicitó los contratos de cambio subyacentes originales y Convit respondió que Urdaneta tenía copias físicas y las entregaría. Días después en Venezuela, la fuente confidencial recibió los documentos en persona de Urdaneta, quien explicó que los obtuvo del «Conspirador 1», un exfuncionario de PDVSA.
Estos documentos revelaron la verdadera fuente de los fondos: un esquema de cambio de divisas de PDVSA que beneficiaba a Eaton Global. El esquema se disfrazó como un acuerdo de «financiamiento» utilizando tres documentos: un contrato de préstamo entre PDVSA y Rantor Capital C.A. – una empresa fantasma venezolana controlada por el empresario Raul Gorrín Belisario -; un contrato de cesión entre Rantor y Eaton Global; y una carta de notificación de cesión en la que Eaton Global informa a PDVSA de la cesión y sugiere que PDVSA pague el préstamo en el equivalente en euros de 600 millones de dólares.
En resumen, el esquema ideado por Convit y sus socios permitió a Eaton Global obtener el derecho a pagar a PDVSA alrededor de 7.2 mil millones de bolívares (con un valor aproximado de 35 millones de euros) y recibir alrededor de 510 millones de euros, de los cuales alrededor de 78.8 millones de euros fueron enviados a la fuente confidencial.
La investigación reveló que la fuente confidencial no estaba involucrada en una transacción de divisas, sino en una operación de lavado de dinero en la que se esperaba que lavara las ganancias del desfalco y realizara pagos de sobornos en efectivo al Funcionario Venezolano 1. La fuente confidencial comenzó a realizar pagos en efectivo en Venezuela a Urdaneta, Conspirador 1 y Funcionario Venezolano 1, que finalmente totalizarían más de 1 millón de dólares.
En noviembre de 2015, Convit convocó a la fuente confidencial a una reunión en su oficina en Caracas. En la reunión, Convit, Urdaneta, José Vicente Amparan Croquer, alias «Chente», y la fuente confidencial se sentaron alrededor de una mesa. Convit tenía una pistola sobre la mesa y un pastor alemán con un collar de choque a su lado. Según la fuente confidencial, el ambiente era de intimidación por parte de Convit.
Amparan le dijo a la fuente confidencial que el contrato de empresa conjunta falso ya había sido proporcionado a los bancos de la Institución Financiera Europea 1 en Canadá y Malta, y que se necesitaban contratos falsos adicionales. La fuente confidencial pidió devolver los fondos de PDVSA y revertir las transacciones, pero se le dijo que una reversión era imposible.
A partir de febrero de 2016, la fuente confidencial comenzó a grabar conversaciones con los acusados, incluyendo a Convit, y otros conspiradores. En estas grabaciones, los acusados reconocieron explícitamente la conspiración de lavado de dinero y el desfalco subyacente.
Según la investigación, Francisco Convit, a quien junto con el conspirador 2 se le refería a menudo como «bolichico» o «boliburgués», fue una figura clave en el inicio y desarrollo del esquema de corrupción y lavado de dinero, orquestando la oferta inicial a la fuente confidencial, proporcionando el contrato de empresa conjunta falso y participando en las reuniones donde se discutió el esquema y se presionó a la fuente confidencial para que continuara con la operación de lavado.
Hermanas con rumbos distintos
Pero en el entramado de negocios de Francisco Convit Guruceaga no se pueden pasar por alto sus vinculaciones familiares, particularmente con sus hermanas menores, Ana Federica, Ana Graciela y Ana Cristina Convit, en ese mismo orden, de mayor a menor en edad, y quienes han tomado rumbos distintos y contrastantes en sus vidas.
Ana Federica Convit, quien es internacionalista, con un máster en gerencia, es conocida en la actualidad por presidir la Fundación Jacinto Convit (FJC), una institución sin fines de lucro establecida en Venezuela en 2012, con el objetivo de preservar y continuar el legado del Dr. Jacinto Convit, el abuelo paterno de los Convit Guruceaga. La fundación se dedica a generar investigación científica, programas asistenciales de salud, proyectos educativos y comunitarios, enfocándose en el bienestar de las poblaciones más vulnerables y el desarrollo social. Trabaja en alianza con diversas instituciones para promover los valores y filosofía del médico y científico Jacinto Convit, incluyendo la investigación en enfermedades como el cáncer y la lepra, y la formación de nuevas generaciones en áreas científicas y sociales.
Sin embargo, antes de creada la fundación, Ana Federica Convit se desempeñó, entre los años 2006 y 2010, como vicepresidente de cambio de divisas en el banco HSBC. De allí la duda de si los conocimientos o contactos de su hermana le pudieron haber servido o no a Francisco Convit Guruceaga para el negocio que empezó a desarrollar con Pdvsa a partir del año 2014.
¿Una «bolichica» camuflada entre la aristrocacia y la nobleza europea?
Ana Graciela Convit Guruceaga, la penúltima y la más «socialité» de las hermanas, es quizás la que parece ir en mayor sintonía con los intereses económicos de Francisco Convit. Ana Graciela es abogada, con maestrías en transacciones comerciales internacionales. Ana Graciela es presentada como una de las fundadoras de la ONG Jacinto Convit, presidida por su hermana Ana Federica. Ana Graciela es además quien figura, a partir de comienzos de 2016, como directora de Associated Ventures Corp, una sociedad creada en el paraíso fiscal de Barbados en octubre de 2015, justo cuando se desarrollaba el esquema ilegal de cambio de divisas del que posteriormente fue acusado Francisco Convit en 2018.
Associated Ventures tenía también como director a Edgard Romero Lazo, quien a su vez había sido director, desde el año 2010, de Derwick Associates Corporation, otra sociedad en Barbados, que además de Romero, tenía como directores a los llamados «bolichicos» Leopoldo Alejandro Betancourt López, Pedro José Trebbau López y Domingo Xavier Guzmán López, cofundadores de Derwick junto a Francisco Convit.
Pero si existe alguna duda sobre si Associated Ventures Corp tiene alguna relación con Francisco Convit, es preciso hacer notar que otra firma fantasma, denominada Corporate Services Ltd. Eight Avenue, ha fungido tanto de directora de Associated Ventures Corp (la firma de Ana Graciela Convit), como de Diamanven Corp., una sociedad que habían creado en Barbados, Francisco Convit y Alejandro Betancourt en 2010.
En junio de 2018, Associated Ventures Corp, la sociedad dirigida por Ana Graciela Convit y Edgard Romero Lazo, formalizó un préstamo de 10 millones de dólares a Jobandtalent, una startup tecnológica española fundada en 2009. El principal objetivo de la startup, dedicada al reclutamiento y gestión de talento, es mejorar el mercado de empleo mediante un marketplace que conecta a empresas y trabajadores.
Jobandtalent se basa en una plataforma de trabajo temporal digital (ETT) que opera en al menos 9 países, entre Europa, América Latina y Estados Unidos, y ha expandido su presencia a través de adquisiciones y financiaciones significativas.
La formalización del préstamo quedó asentada el 5 de junio de 2008 ante el Companies House, la entidad registral de empresas del Reino Unido. El acuerdo fue suscrito por Jobandtalent Services Limited, la sucursal de servicios de la empresa emergente española establecida en territorio británico, que a su vez alberga la sede central del grupo empresarial. En representación de Associated Ventures Corp, la entidad crediticia con domicilio social en Barbados, estampó su firma Ana Graciela Convit.
Los representantes firmantes del acuerdo fueron Felipe Navío, como director de Jobandtalent Services Limited, y Ana Convit, como representante autorizado de Associated Ventures Corp. Ambas firmas fueron presenciadas por Enrique García Moreno, vicepresidente de finanzas de la startup.
El préstamo a Jobandtalent se produjo apenas mes y medio antes de que se presentaran cargos formales ante una corte del distrito sur de Florida contra Francisco Convit, por lavado de dinero procedente del entramado ilegal de cambio de divisas.
Pero su rol en Associated Ventures Corp no es el único nexo que une a Ana Graciela Convit con los negocios de su hermano, Francisco Convit, y los denominados «bolichicos». Entre finales de 2023 y principios de 2024, Ana Graciela ejerció por un breve lapso como consejera de HAWKERS GROUP SL, la empresa liderada por el «bolichico» Leopoldo Alejandro Betancourt -el mismo de Derwick- y dedicada a la comercialización de gafas de sol.
Genera aún más suspicacia el hecho de que no queda claro cómo Ana Graciela terminó al frente de una sociedad con un gran capital, si hasta poco tiempo antes se dedicaba exclusivamente a sus estudios de derecho.
Tampoco se dilucida cómo Ana Graciela ha logrado mantener un estilo de vida lujoso en Europa, siendo menos conocida por su faceta de abogada y más por su trabajo artístico, la pintura sobre porcelana, actividad que difícilmente le reportaría tan cuantiosas ganancias.
Lo cierto es que Ana Graciela se ha establecido en Madrid, España, donde ha conseguido formar un círculo de amistades compuesto por miembros de la aristocracia y la nobleza europea, con quienes comparte eventos como bodas, cumpleaños y otras celebraciones.
Entre las amistades de Ana Graciela en Madrid destacan la abogada peruana Alessandra «Sassa» de Osma y su esposo, el príncipe alemán Christian de Hannover; la chef Belén Barnechea, reconocida como la repostera de la jet set; la aristócrata y actriz franco-danesa Isabelle Junot y su marido, Álvaro Falcó, marqués de Cubas; además de la princesa Cleopatra Zu Oettingen-Spielberg, esposa del príncipe heredero alemán Franz Albrecht.
Ana Graciela fue parte del cortejo nupcial en una fastuosa y elegante ceremonia celebrada en 2019 a orillas del Lago de Como, en Italia. El evento celebró la unión matrimonial entre Catherine Maitrier, una abogada corporativa con residencia laboral en Londres, y Christophe Maitrier, socio de una firma londinense dedicada al capital de riesgo y capital privado. Una fotografía curiosa captó a Ana Graciela Convit, durante la celebración, sosteniendo tres copas de champán.
Ana Graciela Convit no ha sido la única de la familia en disfrutar de la vida madrileña en la última década. Graciela Guruceaga, la madre de los hermanos Convit Guruceaga, aparece retratada en una fotografía de diciembre de 2015, durante la entrega de los Premios Cavia, galardones periodísticos otorgados por Vocento, la empresa matriz del periódico español ABC. En la imagen de la gala, que contó con la presencia de los reyes de España, se observa a la madre de Francisco y Graciela Convit flanqueada por Enrique Moreno de la Cova Maestre, consejero de ABC Sevilla, y Miguel Henrique Otero, editor del diario venezolano El Nacional.
Clínica veterinaria en Florida
En cuanto a Ana Cristina, la menor de los hermanos Convit Guruceaga, quien lleva una vida más austera que Ana Graciela, es médico veterinaria y ha desarrollado su carrera profesional en los últimos años en Florida, donde ofrece sus servicios a través de su propia y modesta clínica veterinaria, denominada Acg Equine Veterinary Services. Ana Cristina, también apasionada por la equitación, parece haber heredado de su padre, Francisco Convit Marotta, un reconocido criador de caballos en Venezuela, su afición por los equinos. En Florida, Ana Cristina ha contado con la hospitalidad de su madre y su padrastro, Luis José Díaz Zuloaga, en una residencia propiedad de estos en Pompano Beach. Dicha propiedad fue adquirida en 1998 a Carlos Gill, su anterior dueño, quien se presume es un controvertido empresario paraguayo-venezolano.
Ana Cristina mantiene una suerte de colaboración en Ocala, Florida, con el jinete brasileño Santiago Lambre, dedicándose al cuidado de sus caballos.
Del CCCT a las calles de Madrid
Otro que también encontró en España un terreno fértil para los negocios fue José Vicente Amparan Croquer, partícipe del mismo esquema de lavado de dinero por el que Estados Unidos formuló cargos contra Francisco Convit.
El presunto abogado José Vicente Amparan Croquer es hijo de la abogada y cantante Gilda «La Negra» Croquer, sobrina del fallecido y reconocido locutor y piloto de carreras Francisco José Cróquer, popularmente conocido en Venezuela como «Pancho Pepe» Cróquer. «La Negra» Croquer, experta en derecho aeronáutico, dirigía la firma legal Croquer & Amparan Abogados, con sede en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), en Caracas, que posteriormente quedó a cargo de José Vicente Amparan y sería utilizada en las actividades ilícitas por las que luego sería acusado. Tal vez a esa inclinación aeronáutica de su madre se deba la supuesta relación de José Vicente Amparan con la compra, en el año 2024, de una aeronave destinada al uso del mandatario Nicolás Maduro.
Según la acusación federal en su contra en 2018, Amparan Croquer afirmaba trabajar para la empresa de transporte de carga aérea Solar Cargo, con sede en Florida, la cual, tras el escándalo, fue renombrada el 1 de octubre de 2018 como “21 CARGO, INC”. La compañía tenía al ciudadano Adolfo Moreno como único accionista y, según Amparan, contaba con seis aviones y había sido contratada para transportar medicamentos desde Irán a Venezuela. Amparan Croquer llegó a utilizar las oficinas de Solar Cargo en Florida como una especie de oficina personal.
José Vicente Amparan Croquer fue consejero de diversas sociedades en España junto al argentino Luis Fernando Vuteff García y Ralph Steinmann, ambos también acusados de lavado de dinero por Estados Unidos y, en el caso de Vuteff, ya sentenciado. Amparan, Vuteff y Steinmann fueron, en conjunto, consejeros, administradores o apoderados de diferentes sociedades en Madrid, tales como Chesa Properties SL o Columbus One Properties Commercial Real Estate 2 SL. Sin embargo, a medida que se intensificaban sus problemas con la justicia estadounidense, Amparan fue cediendo tales responsabilidades. En un caso particular, Amparan transfirió dichas responsabilidades a su segunda esposa, la italovenezolana Veronica Carolina Sarcina Agostinone, como ocurrió con la firma inmobiliaria madrileña Autumn Leaves SL.
Veronica Sarcina Agostinone es, junto a varios familiares, socia de Chem Cres Inc, C.A., una empresa caraqueña dedicada a la venta de productos químicos para las industrias petrolera, automotriz, alimenticia, farmacéutica, hospitalaria, entre otras.
Pero Veronica Sarcina no parece haber sido la única beneficiaria de los intereses de José Vicente Amparan Croquer. Su anterior esposa, la ortodoncista Eliana Laura Puebla Moyano, conocida profesionalmente como «Dra. PAS Sonrisas», también figura en este entramado, siendo propietaria de su propia clínica de ortodoncia en la calle Arturo Soria, en Madrid.
Resulta llamativo que, tras llevar una vida convencional como dentista en Caracas, y después de la acusación por lavado de dinero formulada por Estados Unidos contra su exmarido -con quien mantiene una relación cordial por el bienestar de sus hijas-, Eliana Puebla pasara a gestionar entre 2020 y 2023 varias empresas en Madrid. Estas incluyen Unidad Top Imagen SL, Top Aligners SL y Mecset SL, además de la compañía Top Aligners Corp en Florida, Estados Unidos, donde ejerció como directiva hasta 2024.
Entre alineadores dentales y un desfalco petrolero
Es importante destacar que en Top Aligners SL, una empresa dedicada a la comercialización de alineadores dentales invisibles, la exesposa de José Vicente Amparan tiene como socio al empresario Luis Guillermo Solórzano Hernández, un contratista de la industria petrolera y de la salud en Venezuela. La empresa contratista petrolera de la que Solórzano es accionista, MABCA 2001, C.A., se vio implicada en un caso de desfalco a Pdvsa Petromonagas, motivo por el cual Venezuela solicitó a Italia en 2020 la extradición de Francisco José Blasini de Velazco, representante de MABCA 2001. Luis Guillermo Solórzano figuró como accionista de Top Aligners Corp en Florida desde sus inicios en 2021.
Resulta irónico que el trabajo y los productos de la exesposa de José Vicente Amparan sean promocionados por un grupo de conocidas figuras de la televisión venezolana, radicadas en Madrid o visitantes frecuentes de la capital española. Estas personalidades suelen simpatizar con la oposición a Nicolás Maduro e incluso han criticado públicamente la corrupción desatada en Venezuela en los últimos años.