Por Pilar Martínez
Una investigación interna de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, ha destapado una trama de corrupción y filtración de información confidencial que habría permitido a Alex Saab, empresario colombiano cercano al gobierno venezolano, conocer los detalles de las acusaciones en su contra y la identidad de sus delatores.
Saab, otrora acusado de lavado de dinero en relación con sus negocios con el Estado venezolano, no enfrentó cargos por narcotráfico, aunque sí fue investigado por la DEA por corrupción. La información, que se venía manejando como un rumor desde hace meses, se ha visto reforzada ahora con la revelación de nuevos detalles sobre la investigación interna de la DEA.
El esquema involucra a exagentes de la DEA, quienes presuntamente sustrajeron información confidencial de investigaciones y casos para venderla o negociarla con abogados especializados en la defensa de narcotraficantes. Estos abogados, a su vez, fueron contratados por Alex Saab para obtener información sobre el expediente en su contra, incluyendo la identidad de quienes lo delataron ante las autoridades federales.
Fuentes consultadas afirmaron presumir que la certeza de Saab sobre la existencia de delatores se debería a que supuestamente tuvo acceso al contenido de las investigaciones de la DEA.
Entre los nombres que figuran extraoficialmente en la lista de delatores se encuentran el empresario venezolano Fernando Bermúdez Ramos y el médico venezolano César Omaña.
Los exagentes de la DEA involucrados en la filtración de datos a los abogados son John Costanzo Jr. y Manny Recio. Estos, a su vez, habrían proporcionado la información a los abogados David Macey y Luis Guerra, conocidos por pertenecer al llamado «grupo de abogados de polvo blanco», especializados en la defensa de figuras del narcotráfico y de otros individuos de alto perfil.
La mecánica de la trama corrupta y las acusaciones formales
La trama de corrupción se basaba en la estrecha relación entre los exagentes de la DEA, John Costanzo Jr. y Manny Recio, incluso después de que Recio se jubilara en 2018 y comenzara a trabajar como investigador privado para bufetes de abogados defensores en Miami.
Recio solicitaba a Costanzo que consultara nombres en la base de datos confidencial de la DEA para obtener información sobre investigaciones federales de interés para sus clientes.
Además de la información sobre posibles acusaciones contra Saab, los dos hombres también intercambiaron información sobre fechas de arrestos de alto perfil, incluyendo la fecha exacta en que se presentarían cargos contra Saab en 2019.
A cambio de esta información privilegiada, Recio realizó transferencias a Costanzo por un total de 73.000 dólares, simulando compras de boletos de avión y el pago inicial de un condominio en Florida. Para ocultar los pagos, utilizaron facturas falsas y una empresa con una dirección ficticia, además de eliminar cientos de mensajes y llamadas realizadas desde un teléfono desechable.
En diciembre de 2023, un jurado federal de Manhattan declaró culpables a Costanzo y Recio de soborno y fraude electrónico. El caso se basó en mensajes de texto y llamadas interceptadas entre los exagentes.
La fiscalía argumentó que los acusados, motivados por la codicia, pusieron en riesgo investigaciones y la vida de informantes al filtrar información confidencial.
La defensa, por su parte, alegó falta de pruebas que vincularan directamente los pagos con las filtraciones, calificando la investigación de especulativa.
Un informante clave en el caso fue Jorge Hernández, alias «Boliche», un exparamilitar colombiano que colaboró con el FBI grabando conversaciones con Recio. En una foto, que se remonta a una fecha desconocida, puede verse a alias «Boliche» junto a Abelardo de la Espriella, quien en Colombia fuese abogado de Alex Saab y con quien Saab habría roto relaciones.
La ampliación de la investigación y el rol de los abogados
En enero de 2024, la investigación se amplió para incluir a los abogados David Macey y Luis Guerra, quienes presuntamente se habrían beneficiado de la información filtrada por los exagentes de la DEA. La Fiscalía de Estados Unidos en Manhattan solicitó la revisión de casi mil correos electrónicos, mensajes de texto y grabaciones de llamadas entre los abogados y Recio, argumentando que estas comunicaciones eran «parte integral del esquema de sobornos».
Para acceder a esta información, usualmente protegida por el privilegio abogado-cliente, la fiscalía invocó la «excepción por fraude criminal», alegando que las comunicaciones se utilizaron para llevar a cabo actividades ilícitas. Los fiscales calificaron a Macey y Guerra como «abogados corruptos» que «pagaron generosamente por secretos de la DEA», buscando obtener ventajas para sus clientes al tener conocimiento previo de investigaciones y acusaciones.
Aunque no se presentaron cargos contra Macey y Guerra, comunicaciones interceptadas revelaron conversaciones sobre la obtención de beneficios económicos a través de la información privilegiada. En una de ellas, Guerra afirmaba: «Estamos aquí planeando cómo vamos a ganar dinero, dinero, dinero».
Macey y Guerra forman parte del selecto grupo de abogados defensores de Miami conocidos como el «bar de la pólvora blanca», especializados en representar a figuras del narcotráfico y negociar acuerdos con el gobierno. Se presume que la información obtenida ilegalmente les permitía atraer a clientes de alto perfil. Mientras tanto, Guerra ha reorientado su práctica legal hacia casos de lesiones personales.
El supuesto viaje de Bermúdez a Caracas y la situación actual de Omaña
A pesar de estar solicitado por la justicia venezolana desde 2023 por su presunta implicación en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, y de ser señalado como uno de los posibles delatores de Alex Saab, Fernando Bermúdez, quien reside en España, habría viajado a Caracas a mediados de 2024. Fuentes extraoficiales indican que Bermúdez permaneció en la capital venezolana durante dos semanas, logrando salir del país sin inconvenientes a pesar de su situación legal.
Se especula que Bermúdez aún conserva propiedades en Venezuela e incluso podría haber continuado manteniendo vínculos con la petrolera estatal Pdvsa, después de huir de Venezuela en 2023 tras el estallido del escándalo de corrupción.
En cuanto a César Omaña Alcalá, el otro presunto delator de Saab, se sospecha que se encuentra preso en Venezuela desde finales de julio de 2024, bajo la acusación de ser un «doble agente» involucrado en conspiraciones contra la administración de Nicolás Maduro.
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