El eco del cierre definitivo de Galerías Preciados, hace ya treinta años, resuena aún en la memoria colectiva española como el epitafio de una era comercial y el preludio de un escándalo político. La otrora gigante de los grandes almacenes, que rivalizaba con El Corte Inglés, no solo sucumbió ante su competidor, sino que también dejó tras de sí un reguero de controversias que marcaron la gestión del Gobierno de Felipe González.
Los orígenes de Galerías Preciados se remontan a la visión de Pepín Fernández, quien, inspirado por los almacenes El Encanto de La Habana, fundó en 1943 el establecimiento que revolucionaría el comercio minorista en España. Al igual que su primo, Ramón Areces, que previamente había constituido la sociedad de El Corte Inglés en 1940, Fernández introdujo un nuevo estilo de atención al cliente, sofisticado y amable, que contrastaba con el regateo tradicional de la época. Pero mientras El Corte Inglés crecía de forma prudente y con recursos propios, Galerías Preciados optó por una expansión rápida basada en créditos, lo que a la larga sentenciaría su destino.
El principio del fin para Galerías Preciados comenzó con su adquisición por parte del empresario venezolano Gustavo Cisneros, tras la expropiación del holding Rumasa por el gobierno de Felipe González en 1983. La expropiación de Rumasa estuvo envuelta en polémica desde el inicio, ya que el Decreto Ley de Expropiación incluyó empresas que no pertenecían al holding y omitió otras que sí formaban parte de él. Según fuentes periodísticas, José Luis Llorente Bragulat, subdirector general de los servicios consultivos del Ministerio de Justicia, redactó el borrador del decreto de expropiación.
La compra de Galerías Preciados por parte de Cisneros en 1984 se produjo tras un controvertido proceso de saneamiento que costó a la Hacienda española 48.000 millones de pesetas, mientras que Cisneros adquirió la empresa por solo 1.500 millones de pesetas. A pesar de que la gestión de Cisneros generó 28.000 millones de pesetas en pérdidas durante tres años, el empresario venezolano vendió los almacenes en 1987 por 30.600 millones de pesetas a una sociedad inglesa. Esta operación, considerada como uno de los primeros grandes escándalos del «felipismo», puso de manifiesto la estrecha relación entre Cisneros y Felipe González.
La amistad entre ambos se forjó a través de otro aliado del presidente español, el otrora mandatario de Venezuela, Carlos Andrés Pérez (1974 – 1979) y (1989 – 1993). Este último, fue apartado de su cargo en 1993 por malversación de fondos públicos, marcando un precedente en la historia de Venezuela. La cercanía entre González, Cisneros y Pérez, lejos de mantenerse en el ámbito de las relaciones personales, se convirtió en el caldo de cultivo para un turbio negocio que dejó serias dudas sobre la transparencia en la gestión del gobierno socialista.
Dudas sobre la venta a Cisneros en la reprivatización
La historia de Galerías Preciados está íntimamente ligada a la de su fundador, Pepín Fernández, quien desde joven mostró una gran ambición y espíritu emprendedor. A los 15 años, en 1908, emigró a Cuba en busca de fortuna, trabajando en El Encanto, una cadena de grandes almacenes en La Habana, donde adquirió experiencia en la gestión y el trato al cliente. Después de veinte años, regresó a España con capital y la visión de aplicar lo aprendido, fundando en 1934 su primer comercio, Sederías Carretas.
Fernández supo aprovechar sus contactos y amistades con figuras clave del régimen franquista para impulsar su negocio. Según la historiadora Pilar Toboso, Fernández mantuvo correspondencia con prebostes del régimen y logró obtener beneficios, como autorización para vender textiles de algodón racionados, licencias de edificación y evitar sanciones por importaciones irregulares. Su relación con Carmen Polo, esposa de Franco, fue especialmente fructífera, con frecuentes envíos de obsequios al Palacio del Prado y solicitudes de intercesión para ampliar su negocio.
El crecimiento de Galerías Preciados fue rápido, abriendo tiendas en diversas ciudades de España y construyendo un gran complejo en la Plaza del Callao de Madrid. Sin embargo, a diferencia de El Corte Inglés, que se expandió con recursos propios y de César Rodríguez, tío de su fundador Ramón Areces, Galerías Preciados dependió fuertemente de créditos, lo que la hizo vulnerable a las fluctuaciones económicas. Esta diferencia en los modelos de negocio fue clave para entender el devenir de ambas empresas.
En los años 80, la situación financiera de Galerías Preciados se deterioró notablemente. Tras ser intervenida por el Banco Urquijo y luego pasar a manos de Rumasa, la empresa fue expropiada por el gobierno de Felipe González en 1983. La reprivatización de Rumasa, incluyendo Galerías Preciados, estuvo rodeada de polémica y acusaciones de favoritismo. El empresario venezolano Gustavo Cisneros, amigo del expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez y con vínculos con el propio Felipe González, adquirió Galerías Preciados por una suma que se consideró muy baja en comparación con el valor de la empresa.
La venta de Galerías Preciados por parte de Cisneros al grupo financiero británico Mountleigh, en 1987, por más de 30.000 millones de pesetas, tras adquirirla por 1500 millones, luego de ser sanearda con dinero del Estado y de que Cisneros se comprometiera a no vender la cadena en un plazo de tres años, generó una gran controversia y puso en duda la transparencia del proceso. La opinión pública cuestionó la imparcialidad del Gobierno de Felipe González en la gestión de la reprivatización de Rumasa y la existencia de conflictos de interés, especialmente tras la aparición de fotografías de Miguel Boyer, entonces ministro de Economía, y su pareja, Isabel Preysler, navegando en el yate de los Cisneros.
Gustavo Cisneros falleció el 29 de diciembre de 2023, a los 78 años de edad, en Estados Unidos. Aunque con algunos altibajos, logró entablar una buena relación en Venezuela con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a pesar del golpe de Estado de Chávez contra Carlos Andrés Pérez en el año 1992 y de la otrora amistad de Cisneros con Pérez.
La caída final de Galerías Preciados en 1994 marcó el fin de una era en el comercio español, dejando tras de sí un legado de controversias y dudas sobre la gestión pública y las relaciones entre el poder político y el económico. Mientras tanto, El Corte Inglés se consolidó como el líder del sector, absorbiendo a su antiguo rival y expandiendo su presencia por todo el país.
Isabel Preysler y la venta de Loewe: Acusaciones de intermediación y tráfico de influencias
La controvertida reprivatización de Rumasa no solo afectó a Galerías Preciados, sino que también generó un amplio debate sobre la transparencia y las prácticas del Gobierno de Felipe González. La venta de Loewe -que formaba parte de Rumasa- también estuvo envuelta en polémica debido a la presunta intermediación de Isabel Preysler
Preysler, quien antes había sido esposa del cantante Julio Iglesias, fue señalada como presunta intermediaria en la venta de Loewe a un grupo francés, durante la reprivatización de Rumasa. Ello se dio en el contexto de la relación sentimental de Isabel Preysler con Miguel Boyer, quien era ministro de Economía en ese momento.
Se alegó que Isabel Preysler utilizó su influencia debido a su relación con Miguel Boyer para favorecer la adjudicación de Loewe al grupo francés Urvois-Spínola. Se decía que Preysler habría solicitado 50 millones de pesetas a Jaeger Holding Ltd, un grupo inglés que había ofrecido una cantidad mayor por la empresa, para que resultara adjudicatario, y que al no someterse a esta pretensión, favoreció la oferta de Urvois-Spínola.
Se sospechaba que Isabel Preysler habría recibido una comisión de unos 50 millones de pesetas por su gestión en esta venta. El entonces director general del Patrimonio del Estado, Francisco Javier Moral Medina, tuvo que comparecer en el Parlamento para aclarar estas sospechas.
A pesar de que la Comisión Asesora para la Reprivatización (CAR) había considerado mejor la oferta del grupo inglés Jaeger Holdings LTD, el gobierno de Felipe González optó por adjudicar Loewe al grupo francés.
Debido a los rumores y suspicacias en la prensa sobre la participación de Isabel Preysler en la operación, Miguel Boyer se abstuvo en el consejo de ministros que tomó la decisión final sobre la adjudicación de Loewe.
José María Ruiz-Mateos, dueño de Rumasa, presentó una querella contra Miguel Boyer, Isabel Preysler y otros por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y estafa en relación con la adjudicación de Loewe. Sin embargo, esta querella fue desestimada y archivada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en octubre de 1987.
A pesar de que las denuncias fueron archivadas, la presunta intermediación de Isabel Preysler en la venta de Loewe y su relación con Miguel Boyer dañaron la credibilidad del proceso de reprivatización de Rumasa y del propio gobierno de Felipe González.
El posterior matrimonio de Miguel Boyer con Isabel Preysler, unión de la que nació Ana Boyer, no hizo sino alimentar las sospechas de tráfico de influencias y conflictos de interés.
La compra de Galerías Preciados por parte de Gustavo Cisneros en 1984 se realizó a través de una empresa registrada en La Haya, un paraíso fiscal en ese momento.
Cisneros recibió Galerías Preciados libre de cargas y la vendió con cargas cercanas a los 35.000 millones de pesetas, lo que también generó dudas sobre la transparencia de la operación.
La CAR, creada por el gobierno para asesorar en la reprivatización, fue cuestionada en torno a su auténtica imparcialidad y por la presencia de miembros vinculados al PSOE. La opinión pública echó en falta la participación de representantes sindicales en la comisión. A pesar de los esfuerzos de Boyer por mantener la CAR al margen de influencias políticas, las dudas sobre su legitimidad persistieron.
Otros empresarios también se beneficiaron de la reprivatización, como Gerald Maurice Ronson, quien adquirió la división inmobiliaria de Rumasa, a pesar de haber sido procesado por el escándalo del grupo cervecero Guinness. La división bancaria de Rumasa fue adquirida por un consorcio de bancos, mientras que otras empresas se vendieron a precios muy bajos, lo que generó aún más controversia. El proceso de re-privatización de Rumasa en su conjunto, dejó una marca de corrupción y amiguismo en la opinión pública, afectando la credibilidad del gobierno de Felipe González.