Paul Aponte Rueda, exjefe del departamento de Derecho Procesal en la Universidad del Zulia (LUZ), de la cual también es egresado, y teólogo, ocupó un cargo de Magistrado Suplente en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela. El nombramiento se produjo tras la destitución y posterior huida del país del exmagistrado Eladio Aponte Aponte, quien presidió la Sala Penal y fue vinculado con el narcotraficante Walid Makled.
Aponte Rueda, en una entrevista concedida al diario La Verdad en 2012, afirmó que la ideología política es fundamental para un juez, declarando que «un juez que no tenga posición política no puede ser juez, porque con la posición política se consolidan las ideas y principios».
La designación de Aponte Rueda para ocupar la vacante dejada por Aponte Aponte lo colocó en una posición de poder dentro del sistema judicial venezolano.
Aponte Rueda fue señalado posteriormente por abuso de poder, específicamente por utilizar recursos del Estado para beneficio personal. Un ejemplo de esto, denunciado en junio de 2013, fue la asignación de militares para realizar tareas domésticas en su residencia.
Una fotografía que circuló públicamente mostraba a los dos militares lavando con una manguera las rejas de la casa de Aponte Rueda, evidenciando el uso indebido de personal militar para fines privados. Este hecho ilustra cómo el exmagistrado presuntamente desvió funciones públicas para satisfacer sus propios intereses.
Vínculos con el mayor general retirado Clíver Alcalá Cordones
Más allá del abuso de poder, sobre Paul Aponte Rueda pesan señalamientos de vínculos con el mayor general retirado y otrora simpatizante chavista, Clíver Alcalá Cordones, quien fue condenado en Estados Unidos a poco más de 21 años de prisión por narcotráfico y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Se presume que Aponte Rueda, aprovechando su posición como magistrado, habría facilitado el encubrimiento de actividades ilícitas de Alcalá Cordones y otros militares. La relación entre ambos se remonta a su época en la 11va Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano. Esta conexión, según fuentes, habría sido instrumental en el nombramiento de Aponte Rueda como Magistrado Suplente en el 2010 y su posterior ascenso a la titularidad tras la salida de Eladio Aponte Aponte.
La amistad entre Alcalá Cordones y Aponte Rueda se mantuvo hasta el 2014. Tras no ser reelegido como magistrado, Aponte Rueda se distanció de la administración de Nicolás Maduro y del proceso revolucionario, criticando abiertamente al entonces presidente. Este cambio de postura política marcó el fin de la relación entre ambos.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia acusaba a Alcalá Cordones de ayudar a las FARC a obtener armamento y de participar en el transporte de toneladas de cocaína hacia Norteamérica.
Red de protección y acusaciones de corrupción
Paul Aponte Rueda, durante su periodo como magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presuntamente formó parte de una red de protección que impedía investigaciones judiciales independientes contra las actividades ilícitas de Clíver Alcalá Cordones y otros individuos dentro de Venezuela. Su influencia dentro del sistema judicial le habría permitido manipular decisiones y bloquear investigaciones sobre casos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, desvío de recursos públicos e incluso violaciones de derechos humanos.
A pesar de las acusaciones en su contra, en ocasiones el TSJ, a través de comunicados oficiales en su página web y eventos protocolares, llegó a destacar públicamente las contribuciones de Aponte Rueda como magistrado. Este reconocimiento público contrasta con las serias acusaciones de corrupción y abuso de poder que lo señalan.
Mientras Alcalá Cordones ha confesado sus delitos de narcotráfico y colabora con la justicia estadounidense, las investigaciones sobre las redes de apoyo que lo protegieron en Venezuela, incluyendo la posible participación de Aponte Rueda, continuarían en curso. La justicia norteamericana buscaría desmantelar por completo la estructura que permitió operar con impunidad al mayor general retirado y sus colaboradores.
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