Camilo Lamaletto, dueño de la conocida fábrica de cerámicas Balgres, ha fallecido. Lamaletto, un nombre que resonó en Venezuela por sus constantes controversias y escándalos, dejó un legado marcado por denuncias de explotación laboral, despidos ilegales y tráfico de influencias.

En la década de los 90, Lamaletto se vio envuelto en una disputa con el abogado Braulio Jatar. Jatar acusó a Lamaletto de extorsión y de causar daños ambientales, alegando que el empresario se beneficiaba de favores estatales. Lamaletto respondió con acusaciones de extorsión contra Jatar.El abogado estuvo preso por ese caso, hasta que recibió un indulto a finales de 1998, otorgado por el en ese entonces presidente venezolano Rafael Caldera. Según un abogado de Jatar, Lamaletto fue condenado por una corte de Florida por «mal uso e invasión de la privacidad».

En 1997, Lamaletto y su cuñado, Roberto Passariello, realizaron una asamblea extraordinaria de socios del Restaurante Il Cielo, ubicado en la Urbanización Las Mercedes, en Caracas, para convertirse en accionistas mayoritarios. Esta maniobra, considerada írrita y denunciada por el ciudadano Renato Fragata, por haber sido realizada sin su consentimiento, despojó a Fragata de sus derechos como accionista. Posteriormente, el restaurante fue reemplazado por el establecimiento nocturno Vogabar.

En el año 2006, las empresas Balgres y Pegogres, propiedad de Lamaletto, fueron objeto de denuncias e inspecciones. Los trabajadores denunciaron un ambiente laboral contaminado por polvos tóxicos y pésimas condiciones de trabajo.

En 2017, Lamaletto protagonizó un nuevo escándalo al despedir a casi un centenar de trabajadores de sus empresas. El empresario se negó a reconocer los montos de las liquidaciones que por ley les correspondían a los empleados despedidos.

Camilo Lamaletto era compadre de Umberto Petricca, empresario que ha amasado una fortuna gracias al tráfico de influencias y la corrupción en Venezuela desde antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Petricca es el todopoderoso propietario de la Universidad Santa María.

El empresario venezolano Camilo Lamaletto era una figura conocida en Venezuela por diversos motivos. Lamaletto había sido el primero en adquirir un moderno helicóptero estilo «Lobo del Aire» en Venezuela.

La vida del empresario no estuvo exenta de otras controversias. Décadas atrás, una represa en su hacienda en el estado Guárico había generado graves consecuencias en áreas circunvecinas.

Lamaletto se dedicaba al negocio de la recolección de desechos sólidos. Su empresa, Vedesolca, operaba en el municipio Carrizal del estado Miranda. Sin embargo, el alcalde rescindió el contrato debido al incumplimiento de las labores acordadas. Además, en el año 2013 se señalaba que la empresa nunca habría pagado ni declarado el Impuesto Sobre La Renta (ISRL).

Los orígenes de Lamaletto se remontaban a Italia. Sus padres, provenientes de Abruzzo, habían llegado a Venezuela huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente se dedicaron a la importación de baldosas y piezas sanitarias, y posteriormente invirtieron en un viñedo llamado II Feduccio en Italia.

En su momento, Lamaletto había sido amigo cercano de Blanca Ibáñez y Cecilia Matos. Su empresa, Balgres, enfrentaba un juicio por no pagar un préstamo al Banco Exterior, donde su compadre Umberto Petricca era accionista. Además, el empresario enfrentaba juicios por deudas con el Banco Fondo Común y el Banco Guayana, así como con una conocida marca de tarjetas de crédito.

La situación financiera de Lamaletto era precaria, habiendo estado al borde de la quiebra y de perder la Torre Balgres en El Rosal, Caracas. En ese momento, debía enfrentar los juicios que adelantaba en su contra la alcaldía de Carrizal y el otrora alcalde José Luis Rodríguez.

Se rumoreaba que el empresario contaba con la protección de conocidos parlamentarios. También se le atribuía la propiedad de la discoteca Voga Bar en Las Mercedes, Caracas, en sociedad con César Guillén, otro empresario supuestamente sobrino de un parlamentario chavista.

Lamaletto residía en una lujosa vivienda en Colinas de Bello Monte y poseía dos helicópteros modelo Bell. Anteriormente había vivido en una quinta propiedad del exministro Hiram Gaviria en Colinas de Valle Arriba, lo que había resultado en un enfrentamiento legal por incumplimiento del contrato de arrendamiento, que impedía la realización de las remodelaciones que arbitrariamente había emprendido Lamaletto en la propiedad.

Un legado de negligencia y riesgo

En el año 2006, el Grupo Lamaletto, consorcio dedicado a la producción de baldosas y otros materiales de construcción, se vio envuelto en un escándalo por las pésimas condiciones de trabajo en sus plantas. Tras seis inspecciones a lo largo de nueve meses, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel) decretó la suspensión de actividades en las plantas Balgres y Pegogres, propiedad del Grupo Lamaletto, por exponer a los trabajadores a peligros inminentes para su salud.

Las inspecciones revelaron que la empresa había ignorado reiteradas advertencias sobre incumplimientos a las normas de seguridad y salud laboral, exponiendo a sus empleados a altos niveles de polvos tóxicos. Esta negligencia, que se extendió durante meses, provocó la paralización de los procesos productivos en dos de sus plantas, una medida drástica que se tomó para salvaguardar la integridad física de los trabajadores.

La entonces directora de Higiene, Seguridad y Ergonomía del Inpsasel, Natacha Mujica, denunció la falta de mascarillas de protección específicas para el tipo de polvo presente en las plantas, así como la ausencia de un programa de rotación del personal, medidas mínimas que Lamaletto se había negado a implementar.

Mujica, en un tono contundente, exigió a Lamaletto la presentación de un cronograma de actividades para el cumplimiento de todos los ordenamientos laborales, que incluían la dotación de equipos de protección personal, la construcción de áreas que carecían de ellas y la realización de exámenes médicos a los trabajadores.

En violación a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), el Grupo Lamaletto, en su afán de lucro, había puesto en riesgo la salud de sus trabajadores durante meses, y solo la intervención del Inpsasel logró frenar esta práctica irresponsable.

Las acusaciones cruzadas entre Lamaletto y Jatar

Los años 90 fueron testigos de un enfrentamiento entre el empresario Camilo Lamaletto y el abogado Braulio Jatar, cuando ambos personajes se vieron involucrados en un complejo entramado de denuncias, acusaciones y contraacusaciones que marcaron un capítulo controvertido en la historia política y judicial venezolana.

El origen del conflicto se sitúa en el año 1991, cuando Jatar, en su rol de asesor legal del entonces presidente de la Comisión de Contraloría del Congreso Nacional, Douglas Dáger, propuso la apertura de un procedimiento contra Lamaletto por presuntos daños al medio ambiente.

Sin embargo, la disputa tomó un giro inesperado cuando Lamaletto denunció que, en representación de Dáger, Jatar viajó a Miami con la supuesta intención de extorsionarlo, exigiéndole el pago de 250 mil dólares para evitar que el caso llegara a los tribunales. Lamaletto aseguró haber grabado la reunión en la que Jatar y Dáger intentaron extorsionarlo, lo que llevó a la Fiscalía General de la República a abrir un procedimiento judicial contra ambos por supuesta extorsión y tráfico de influencias.

En su defensa, Jatar, en el año 2006, ofreció una versión completamente diferente de los hechos. Afirmó que Lamaletto, junto al banquero Orlando Castro, formaban parte de una maquinaria política que buscaba proteger a los presidentes Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez de las investigaciones judiciales que se llevaban en contra de ellos y sus entonces amantes, Blanca Ibáñez y Cecilia Matos, respectivamente.

Según Jatar, Lamaletto y Castro se habrían valido de la acusación de extorsión para desviar la atención de los procesos por corrupción que se estaban llevando a cabo contra Lusinchi y Pérez, y así obtener dividendos políticos.

Tribunal de apelaciones de Florida falla a favor de Lamaletto

Aunque Alejandro Terán, abogado de Braulio Jatar, declaró años atrás que Camilo Lamaletto había sido condenado en Florida en una demanda interpuesta por Jatar, el expediente del caso indica que el 3 de mayo del año 2000, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida falló a favor del empresario Camilo Lamaletto y su compañía Balgres Distributing Company, Inc. en la demanda presentada por el abogado venezolano Braulio Jatar.

El caso, conocido como Jatar v. Lamaletto, se originó cuando Jatar demandó a Lamaletto por grabar secretamente una conversación en la oficina de este último. Jatar alegó que esta acción violaba la ley de Florida que prohibía la interceptación y divulgación de comunicaciones orales sin consentimiento previo.

Según los documentos judiciales, Lamaletto grabó la reunión porque temía que Jatar intentara extorsionarlo. La transcripción de la grabación reveló que Jatar, quien afirmó ser abogado de un congresista venezolano a cargo de una investigación sobre la empresa de Lamaletto en Venezuela, solicitó un «honorario» de $250,000 a cambio de resolver los problemas legales de Lamaletto.

El tribunal de primera instancia falló a favor de Lamaletto, otorgándole un juicio sumario. El Tribunal de Apelaciones confirmó esta decisión, argumentando que Jatar no tenía una expectativa razonable de privacidad en su comunicación oral.

El juez Shevin, quien redactó la opinión del tribunal, citó el caso State v. Inciarrano de 1985, estableciendo que para que una comunicación oral estuviera protegida bajo la ley, debía satisfacer dos condiciones: debía existir una expectativa subjetiva de privacidad y esta expectativa debía ser reconocida como razonable por la sociedad.

Aunque Jatar probablemente tenía una expectativa subjetiva de privacidad, el tribunal determinó que esta expectativa no estaba justificada. El juez Shevin escribió: «Jatar no visitó la oficina de Lamaletto en el curso ordinario de los negocios. Como se concluyó en Inciarrano, Jatar fue a la oficina de Lamaletto con la intención de ‘hacerle daño’.»

El tribunal rechazó el argumento de Jatar de que el caso debía ser revertido basándose en el precedente de State v. Walls de 1978, que protegía las amenazas de extorsión realizadas en el hogar de la víctima. El tribunal distinguió este caso, señalando que la sociedad está más dispuesta a reconocer una expectativa razonable de privacidad en conversaciones realizadas en un hogar privado que en una oficina de negocios.

Es importante destacar que la grabación de Lamaletto fue posteriormente robada y llegó a Venezuela, donde Jatar fue condenado por extorsión. Esta condena fue confirmada en apelación, aunque Jatar permaneció prófugo desde el inicio de los procedimientos en su contra.

Empresa de Lamaletto incumplió contrato en Carrizal

En el año 2009, la empresa Vedesolca, propiedad de Camilo Lamaletto, fue contratada para realizar labores de recolección de desechos en el municipio Carrizal del estado Miranda. Estas actividades se llevaron a cabo entre los meses de abril y octubre de ese año. Sin embargo, Vedesolca no cumplió con sus obligaciones fiscales al no declarar el Impuesto Sobre la Renta (ISLR) ante el Seniat, lo que resultó en una defraudación al Estado venezolano. Además, la empresa tampoco pagó los impuestos municipales, causando un significativo daño patrimonial a la localidad.

La empresa también incumplió con las labores establecidas en el contrato de emergencia sanitaria firmado con la Alcaldía de Carrizal. Esto se evidenció claramente en las calles del municipio, que permanecieron atiborradas de basura durante el periodo mencionado. La deuda de Lamaletto con Carrizal ascendió a 36,939.43 bolívares, impuestos derivados de su actividad económica en la jurisdicción donde obtuvo todos los márgenes de ganancia contratados. El incumplimiento en la recolección de desechos fue visto como una estafa a los ciudadanos que pagaban sus impuestos y el servicio especial de aseo urbano.

Lejos de solventar las deudas económicas contraídas con Carrizal, Lamaletto demandó al alcalde José Luis Rodríguez, buscando su inhabilitación. Esta acción fue interpretada como una represalia por la decisión del alcalde de rescindir el contrato con Vedesolca tras el incumplimiento de las estipulaciones acordadas.

Misterioso asesinato en Italia en 2018

En 2018, un crimen sacudió la tranquila localidad de Pescara, Italia. Alessandro Neri Lamaletto, nieto del magnate de la cerámica y cemento blanco en Venezuela, Gaetano Lamaletto, fue asesinado en circunstancias misteriosas. El joven, hijo de Laura Lamaletto, fue encontrado muerto el jueves 8 de marzo de 2018 en un arroyo de la localidad.

El cuerpo de Neri presentaba una herida de bala en el pecho. Fue hallado sentado, con las piernas en el agua y el busto descansando en la orilla, vestido y con la capucha de su sudadera puesta. Este escenario, descrito por la prensa local, eliminaba la posibilidad de un suicidio, dejando todas las demás hipótesis abiertas.

Gaetano Lamaletto, junto a su hermano Camilo, estuvo implicado en diversos actos de corrupción que se remontan a los tiempos del organismo cambiario venezolano RECADI y se extendieron hasta la era del chavismo.

Ricardo Díaz, entonces diputado por el partido Copei e hijo del dirigente larense Miguel Díaz, se vio envuelto décadas atrás en una millonaria trama de corrupción por la que fueron también señalados los Lamaletto.


 

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