El pasado 2 de septiembre de 2024, un trágico accidente automovilístico en Miami, Florida, se cobró la vida de Junior Eugene, de 29 años, y puso bajo la lupa al exdiputado venezolano Gilber Alexander Caro, quien se encuentra en el centro de una investigación judicial por su presunta responsabilidad en el incidente y su posterior huida del lugar.

El siniestro tuvo lugar en la madrugada, alrededor de las 3:30 a.m., en la intersección de LeJune Road y la calle 8 (SW 8 Street). Caro, de 50 años, conducía un Chevrolet Tahoe 2023 que impactó contra un Hyundai Sonata 2013, vehículo en el que se desplazaba Eugene. Un tercer automóvil también se vio afectado en la colisión. Las primeras informaciones apuntaban a que Eugene, el conductor del Hyundai, había ignorado la luz roja del semáforo, siendo el causante del accidente. Sin embargo, la aparición de nuevas evidencias, específicamente un video grabado desde el tablero de mando de otro vehículo, ha dado un giro al caso. Las imágenes revelan que, en realidad, fue Gilber Caro quien no respetó la señal de tránsito, provocando el fatal choque.

El impacto resultó devastador para Junior Eugene, quien falleció en el mismo lugar del accidente. La conductora del tercer vehículo, por su parte, sufrió heridas de menor gravedad y fue trasladada al Hospital de Coral Gables, donde se reportó su condición como estable.

Tras la colisión, Caro abandonó la escena a pie, sin prestar auxilio a las víctimas ni alertar a los servicios de emergencia. Horas más tarde, cerca de las 7:00 a.m., se comunicó con la propietaria del Chevrolet Tahoe que conducía, informándole del accidente y solicitándole que contactara al 911. Las autoridades procedieron a su detención a las 9:20 a.m. del mismo día.

Este incidente ha generado un gran interés mediático, especialmente por la figura de Gilber Caro, un conocido exdiputado y miembro en Venezuela del partido Voluntad Popular, fundado por el líder opositor Leopoldo López, con quien mantiene una estrecha relación. Caro, quien ha sido encarcelado en varias ocasiones en Venezuela, algunas relacionadas con su activismo político y otras por un homicidio y su pasado en las drogas, ahora enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos, que podría complicarse aún más debido a su situación migratoria. Se ha revelado que Caro se encuentra en el país de forma ilegal, lo que podría acarrear su deportación, tras cumplir su sentencia, si es hallado culpable en el caso del accidente.

El proceso judicial y las dudas sobre la capacidad financiera de caro

El 3 de septiembre de 2024, se inició formalmente el proceso judicial en la Corte de Miami-Dade contra Gilber Caro. Se le imputa el cargo de “LSC/DEATH/7-1-14”, que en Florida se traduce como “abandonar la escena de un accidente con resultado de muerte”. Este delito se considera una felonía, es decir, un delito grave, y puede acarrear severas penas.

La jueza a cargo del caso fijó una fianza de 15.000 dólares bajo la modalidad “Surety”, que implica la necesidad de recurrir a una compañía de fianzas o un fiador para garantizar el pago. Sorprendentemente, Caro logró pagar el 10% de la fianza (1.500 dólares) con la ayuda de un fiancista, lo que le permitió obtener una libertad bajo supervisión, aunque debió permanecer detenido por un caso de inmigración.

Este hecho ha levantado interrogantes sobre la capacidad financiera de Caro para costear su defensa legal. Siendo un exdiputado sin una fortuna conocida y sin negocios o un empleo que le genere grandes ingresos, resulta llamativo que haya podido acceder a los servicios de un fiador y contratar a dos abogados privados de renombre: Gustavo García Montes y Frank J. Gaviria. Este punto se convierte en un elemento que genera suspicacias y abre la puerta a cuestionamientos sobre el origen de los fondos utilizados para su defensa.

Leopoldo López y Gilber Caro.

Llama la atención que García-Montes sea un abogado de origen español y que Frank J. Gaviria, el otro abogado, haya estado en España, justo cuando la policía halló nueva evidencia que incrimina a Caro. Tales hechos son llamativos, considerando que Leopoldo López reside en España.

El registro judicial del caso detalla la evolución del proceso desde su apertura el 3 de septiembre. Ese mismo día, durante la audiencia de fianza, se le asignó inicialmente un defensor público a Caro. Sin embargo, al día siguiente, se presentó una declaración jurada de “indigencia”, lo que justificaba la asignación de un defensor público, pero el 5 de septiembre, García Montes se presentó como su abogado privado, reemplazando al defensor público. Ese mismo día, Caro, a través de su abogado, se declaró “No culpable” de los cargos y solicitó un juicio por jurado, rechazando cualquier acuerdo de culpabilidad o proceso acelerado sin la participación de un jurado. Además, la defensa exigió acceso a las pruebas y la información en poder de la fiscalía, un procedimiento estándar conocido como “descubrimiento de pruebas”, crucial para la preparación de la estrategia de defensa.

La evolución del caso y la postura de la defensa

El 6 de septiembre, la renuncia del defensor público y la designación de García Montes como abogado privado de Caro quedaron formalmente registradas. Ese mismo día, Frank J. Gaviria se unió al equipo de defensa, presentando su aviso de representación.

El caso, asignado inicialmente a la Unidad de Homicidios, fue posteriormente transferido a la División de Delitos Graves de la fiscalía. La fiscal Kimberly Rivera está a cargo de la acusación.

El 10 de septiembre también se presentó una petición para trasladar a Caro desde la custodia policial a la corte, con el fin de continuar con el proceso judicial. Además, se presentó una nueva versión del informe de arresto con partes del documento redactadas, similar al presentado el día de la apertura del caso.

El proceso ha avanzado con relativa rapidez desde su inicio. La defensa, liderada por García Montes y Gaviria, ha adoptado una postura firme al declararse “No culpable” y solicitar un juicio por jurado. La solicitud de “descubrimiento de pruebas” indica la intención de la defensa de analizar minuciosamente la evidencia en poder de la fiscalía y construir una estrategia sólida para el juicio.

La próxima etapa clave en el proceso es la audiencia formal de cargos, programada para el 2 de octubre de 2024 en el edificio de justicia de Miami (REGJB), sala 7-4. En esta audiencia, la fiscalía y la defensa presentarán sus argumentos iniciales y se definirá el rumbo del proceso judicial, que podría culminar en un juicio por jurado donde se debatirán los cargos de homicidio vehicular y huida tras el accidente.

Mientras tanto, el locutor venezolano Raymond Azar ha informado, a través de su cuenta de la red social X, que Caro sería trasladado desde un centro de detención de inmigración a una cárcel del condado de Miami-Dade para enfrentar los nuevos cargos en su contra.

El accidente: una tragedia con dos versiones

Es importante recordar que la investigación inicial del accidente apuntaba a que Junior Eugene, el conductor del Hyundai Sonata, había sido el responsable al cruzar la intersección con la luz roja. Esta versión se basaba en los primeros informes policiales y testimonios recogidos en el lugar del siniestro. Sin embargo, la aparición de un video proveniente del tablero de mando de otro vehículo cambió radicalmente la narrativa.

Las imágenes del video muestran con claridad que fue Gilber Caro, al volante del Chevrolet Tahoe, quien ignoró la señal de tránsito y se adentró en la intersección, provocando el impacto con el Hyundai Sonata conducido por Eugene. Esta nueva evidencia ha sido fundamental para la reformulación de los cargos contra Caro, quien inicialmente solo enfrentaba la acusación de abandonar la escena del accidente.

La Fiscalía, al tener acceso a este video, ha podido construir un caso más sólido contra Caro, incluyendo la posibilidad de presentar cargos por homicidio vehicular, además del cargo ya existente por huida del lugar del accidente. La defensa, por su parte, tendrá que analizar minuciosamente el video y buscar argumentos para contrarrestar su impacto en el juicio.

El accidente, que en un principio parecía un caso de imprudencia por parte de Junior Eugene, se ha transformado en una compleja investigación que pone en tela de juicio la responsabilidad de Gilber Caro, no solo por la muerte de Eugene, sino también por su decisión de abandonar el lugar del accidente sin prestar auxilio a las víctimas.

La audiencia del 2 de octubre se presenta como un momento crucial en este proceso judicial. Será la oportunidad para que la Fiscalía presente formalmente los cargos contra Caro, incluyendo los que se derivan de la nueva evidencia del video. La defensa, a su vez, expondrá sus argumentos iniciales y definirá su estrategia para el juicio.

 

El caso de Gilber Caro, un exdiputado venezolano con un pasado político turbulento, ha captado la atención de la opinión pública, tanto en Venezuela como en Estados Unidos. La gravedad de los cargos, la posible deportación y las dudas sobre su capacidad financiera para costear una defensa legal de alto nivel convierten a este caso en un proceso judicial que seguramente continuará generando interés y controversia en los próximos meses.


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